El ponderado James Lewis, abogado de Corinna, sostiene que el juicio al emérito se celebrará, probablemente, en 2023. Tras la última decisión judicial en la que Lewis vaticinó el posible calendario para el proceso, Juan Carlos I puede reclamar inmunidad hasta junio de 2014. Los jueces, Nicholas Underhill y Peter Jackson, han sido tajantes en que no hay exoneración a partir de esa fecha ni apelación a más altas instancias como el Tribunal Supremo. Así lo han dicho; con ironía y humor británico, y con firmeza. En octubre se retoma la fase preliminar para resolver temas como la inmunidad parcial o el uso del Whatsapp para comunicar al emérito que lo demandaban.

Las diligencias iniciadas con la demanda civil de Corinna Larsen contra su examante continúan, en sustancia, tal como arrancaron en diciembre de 2020 en el Tribunal Superior de Londres. El texto íntegro de la querella se lee en unas partes como el guion de Psicosis, en otras como L.A. Confidential y en otras como Downton Abbey. El memorial de agravios para justificar los cargos de acoso, difamación y vigilancia ilegal es variopinto, no obstante, la noche del 21 de junio de 2017 alcanza el canguelo con la aparición de un agujero en la ventana del dormitorio de Corinna o el 14 de abril de 2020, con dos disparos que hacen añicos la cámara de seguridad de la puerta principal de su residencia Chyknell Hall, en el condado de Shropshire (Inglaterra). Poca broma.

Junto a estas lecturas de la súplica, que podrían llamar al entretenimiento de novela policiaca, transcurre también una narración paralela de dinero, influencias políticas y mangoneo con el mismísimo jefe de Estado español desde 1975 a 2014. Corinna reclama, en su petición a Juan Carlos I -y mantiene tras la última decisión judicial-, compensación económica por ocho motivos. Aunque no cita cifras concretas; guarda facturas y justificantes o deja en manos del tribunal que lo juzgue la cantidad a fijar. La primera razón es la pérdida de ingresos, porque el rey, según la petición judicial, la difamó, tachándola de ladrona de 30 millones de dólares, ante la realeza de Arabia Saudí y Omán, el mexicano Allen Sangines-Krauzeá o Pepe Fanjul, quienes dejaron de contratarla de comisionista y, con ello, la privaron de robustas cantidades de dinero. Esta cifra de pérdida de ingresos fue calculada por Financial Times en "decenas de millones de euros" en una entrevista con Corinna.

"He perdido socios comerciales", relata ella en la querella en la que exige que Juan Carlos I la indemnice, además, por los siete siguientes motivos: costes del tratamiento médico por el acoso; costes de medidas de seguridad y protección para ella, su familia y las personas a su servicio permanente; costes para proteger las residencias [Mónaco, Suiza, Londres y Shropshire]; pagos a exdiplomáticos y exmiembros del Gobierno para intervenir ante el emérito, presunto acosador; costes en compañías de comunicación para paliar los daños a su imagen; intereses sobre los costes previos por el periodo y variación que fije el tribunal; e indemnización por daños y perjuicios, incluidos los morales.

Corinna atestigua en la demanda que el amor acabó en 2009 cuando ella supo que compartía el papel de amante con otras mujeres, a pesar de que Juan Carlos I solo quería casarse con ella, luego de divorciarse de Sofía de Grecia, la que fuese reina consorte de España. El amor que murió en 2009, saltó por los aires en 2012 con la cacería de Botsuana. De 2004 a 2009, o 2012, y hasta finales de 2014, Juan Carlos I la cortejó (no siempre de forma recíproca) haciéndole generosos regalos, tales como los 65 millones de euros. La reciente decisión judicial requiere una ojeada a la querella para establecer qué hechos pueden atenerse a la posible inmunidad y qué hechos quedan exentos. Los jueces dieron permiso para apelar los previos a junio de 2014, pero no los posteriores a la abdicación o cuando cesó como jefe de Estado.

"Usted es un abogado defensor de reconocida experiencia y habilidad", le dijo el juez Jackson con tono punzante al nuevo defensor del emérito, Timothy Otty, cuando el abogado presentaba argumentos morales para demostrar la pertenencia del rey a la Casa Real y a inviolabilidad de los seis miembros de la institución. El término Casa Real acabó consensuado entre todos. "Casa Real es un concepto, no es un espacio en el que vivan niños y mayores con las habituales relaciones familiares", prosiguió el juez Jackson, y confirmaron todos los abogados. Otty reconoció que la dependencia económica [retirada por Felipe VI] es el criterio más convincente para fijar la relación del emérito con la monarquía. Así y todo, él introdujo otros criterios como "el impacto en la dignidad del monarca actual" que tendría un juicio a su padre, o la "protección del prestigio de la jefatura del Estado". Otty recordó que el servicio de seguridad del emérito en Abu Dabi lo paga el contribuyente español. Un vínculo a considerar, a tenor del abogado, nuevo en la plaza.

Los estrenados abogados del rey, encabezados por Guy Martin, no han empezado con buen pie su andadura en este pleito. Martin, campechano a su llegada a la sala 71, coincidió en la entrada con Corinna, a quien cedió la puerta antes de que se iniciase la vista. "Lo cortes no quita lo valiente", vino a decir Guy. El nuevo equipo ha ganado una victoria raquítica, puesto que la mayoría de hechos denunciados corresponden a después de junio de 2014 y estos, recientemente, son inapelables por lo que respecta a la inmunidad del ejecutor.

Los actuales abogados del rey, como hacían sus predecesores, agotarán los plazos y recurrirán, probablemente, todo lo recurrible (un tecnicismo preliminar sobre el delito de acoso en la legislación británica está también pendiente de resolver a partir de octubre) para prolongar el litigio, que, si no acaba en juicio, podría finalizar con un acuerdo económico extrajudicial. La representante de Corinna negó esto último en la vista del pasado 29 de marzo en los pasillos del juzgado. Al exdictador chileno, Augusto Pinochet, octogenario como Juan Carlos I, los tribunales ingleses lo despojaron de la inmunidad judicial, sin embargo, le concedieron la extradición por motivos de salud y edad. Echó a correr al bajar del avión a su regreso a Chile. El curso de la naturaleza, para octogenarios y no octogenarios, es imponderable.