No habrá indemnizaciones del Estado para las víctimas del accidente militar del Yak-42 que se cobró la vida de 62 militares españoles. El ministerio de Defensa ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por 24 familiares directos contra la resolución de Defensa que reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia militar, pero que rechazaba entregar a las familias indemnizaciones ya que considera que las familias ya fueron resarcidas por las aseguradoras. 

De esta manera, el Estado rechaza pagar 50.000 euros a las viudas y 25.000 euros a los huérfanos que parte de los familiares habían reclamado para paliar los gastos derivados de 14 años de lucha en los tribunales. La decisión de Defensa se sustenta en el dictamen del Consejo de Estado, previo al reconocimiento patrimonial de Defensa, que recomendó no indemnizar a los herederos. 

"Nosotros no hemos visto ni un duro del Estado. Que quede claro. Hemos recibido una indemnización de las aseguradoras, pero ahora pedimos el dinero que nos hemos dejado en los tribunales en busca de la verdad. Fue el propio Ministerio de Defensa el que nos recomendó contratar un abogado tras el accidente", cuenta a Público María Paz Fernández, viuda del comandante Ripollés. 

En esta misma línea se pronuncia Rosario Benítez, viuda del comandante Fernández, que en conversación telefónica con Público reconoce el hastío que provoca esta situación de tener que estar reclamando dinero. "No hay dinero para paliar lo que hemos sufrido ni la pérdida de nuestro ser querido, pero sí reclamamos lo que nos ha costado mantener vivo este proceso", relata a Público Rosario Benítez, que recuerda que la respuesta de Cospedal llega siete días más tarde del límite marcado por la ley. 

El recurso fue presentado por seis viudas, doce huérfanos y seis hermanos de los cuatro comandantes (Perla, Ripollés, Fernández y Novo) y tres suboficiales (Moro, Moreno y Agulló) el pasado 31 de mayo. Suponía la último esperanza de las familias para conseguir su objetivo por la vía administrativa. Ahora, en caso de querer continuar su reclamación deberán acudir en el plazo de dos meses a un nuevo proceso judicial 14 años después en el Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional.

"Tenemos que reunirnos y decidir si abriremos un nuevo proceso. Estamos muy cansados. Hemos estado muy solos y cuando hemos conseguido una victoria ha sido muy pequeña. Aún no se sabe quiénes fueron los responsables de la tragedia, ni dónde están los contratos", incide Benítez, que señala que este proceso "no es digno" ni "justo" para los fallecidos ni para sus familias. 

Asimismo, las familias también solicitan que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, acuda al Congreso a dar explicaciones, así como la apertura de una comisión de investigación. "No sabemos la verdad sobre el accidente. Sabemos que la responsabilidad patrimonial es del Estado, pero queremos ver los contratos de esos aviones", incide Rosario Benítez. 

Este medio ha contactado con Defensa por vía telefónica y por correo electrónico nada más conocer la resolución adoptada por el Ministerio. De momento, no hay respuesta.  

Víctimas de segunda

Los familiares consultados por este medio inciden en la idea de que se sienten "víctimas de segunda" para del Estado. Concretamente, las víctimas recuerdan a la ministra de Defensa que cuando era presidenta de Castilla-La Mancha sí accedió a las reclamaciones de las familias de las víctimas del incendio de Guadalajara, que acabó con la vida de 11 de trabajadores de la Junta de Castilla-La Mancha en 2005. 

"Las familias cobraron en función de los seguros de vida suscritos cantidades idénticas a las que pudo cobrar una familia de una víctima del Yak-42. Eso sí, en nuestro caso tras cuatro indemnizaciones, y un largo proceso por los Tribunales, por lo que ahora pedimos que se nos compense por esa larga lucha y el coste que ha tenido. Ese dinero es de nuestros hijos", sentencia María Paz Fernández.