Defensa reconoce al fin que el accidente del Yak-42 era evitable

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha firmado la resolución del expediente sobre el accidente del Yakolev 42 asumiendo la responsabilidad de la Administración aunque rechazando las indemnizaciones a los familiares de los 62 militares fallecidos, ha informado este jueves el Ministerio de Defensa.

Esta resolución asume el dictamen del Consejo de Estado del 20 de octubre de 2016 y reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en la tragedia aérea, ocurrida el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), tal y como adelantó la ministra a las familias en su reunión del pasado 10 de enero.

La asunción de responsabilidad administrativa no significa el pago de nuevas indemnizaciones, como reclamaban algunos de los familiares en 2004, y cuya solicitud había supuesto el origen del expediente.

"Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad", según concluye la resolución que el Ministerio de Defensa ha presentado a los representantes de la Asociación de Víctimas del Yak-42.

En cuanto a los contratos y a la documentación, Defensa dice que "se ha podido constatar de forma fehaciente que no se abonó precio alguno por el vuelo siniestrado".

Sin embargo, afirma que, "a pesar de las nuevas indagaciones realizadas, no se ha logrado obtener más documentación sobre el aspecto concreto de las subcontrataciones de los diferentes vuelos de transportes de tropas que pudieron efectuarse al amparo de las previsiones del contrato celebrado entre NAMSA y Chapman".

La resolución incide en que el Acuerdo de Ventas suscrito con NAMSA, como responsable de contratar el vuelo, no supone "un total y completo traslado de las responsabilidades sobre la ejecución del contrato a NAMSA con simultáneo y total desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por la Administración Militar concernida".

Según reconoce el informe, "han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente".

En el expediente se detalla que "en el presente caso, no puede más que resultar obligada la proyección de la garantía institucional de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración Pública".

De este modo, "con motivo de esa actuación de transporte de tropas promovido por la Administración militar en cumplimiento de determinados compromisos internacionales contraídos en el marco de la política de defensa, y que terminó en el trágico suceso, fallecieron los 62 militares, originándose, desgraciadamente, unas lesiones antijurídicas que los familiares perjudicados no tienen el deber jurídico de soportar".

"Estas lesiones antijurídicas han de ser debidamente reconocidas por este Ministerio, evidentemente conforme a las normas vigentes en materia de reparación de esos daños causados, pero también, como no podía ser de otra forma, como expresión del respaldo institucional al reconocimiento, respeto y memoria de los militares que dieron su vida por la defensa de los intereses nacionales y en favor de la paz de la comunidad internacional", expone también el expediente.

Defensa subraya el "merecido respaldo al patriotismo de miembros de las Fuerzas Armadas y también al de su entorno personal, ya que lo dilatado del procedimiento y los errores y circunstancias posteriores a la tragedia no han hecho sino más intenso el duelo".