La desaparición de una trabajadora en un barco destapa la inacción del CSIC con más denuncias por acoso sexual

La investigación por la desaparición de Mari Carmen Fernández Vázquez, de 43 años, camarera del buque de investigación oceanográfica García del Cid, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, el 10 de septiembre de 2023, no solo no avanza sino que parece estancada. Cuatro meses después, aún no se ha localizado el cuerpo de Mari Carmen y el atestado de la Guardia Civil desvela que únicamente han tomado declaración a cuatro de los 16 tripulantes y que aún no se han analizado las cámaras de seguridad. 

La hipótesis principal de los investigadores es que Mari Carmen, madre de tres hijos, se suicidó, se arrojó al mar a la altura de la costa de Gandía, pero no descartan que la muerte fuera accidental o incluso inducida. No se encontró nota de suicidio. La Guardia Civil remitió a la familia únicamente unas fotografías de las últimas páginas de una agenda o diario que la mujer escribía y donde plasmaba una cierta tristeza, un desánimo, y recogía una pequeña regañina por parte de algún superior por haber abierto mal un cartón de leche.  

Sin embargo, parece que sucedió algo más trascendental poco antes de zarpar. Natural de la localidad pontevedresa de Cangas do Morrazo y residente en el cercano municipio de Bueu, Mari Carmen embarcó el pasado 4 de septiembre en Barcelona, donde tiene su base el García del Cid. Ese mismo día llamó por teléfono a su marido y a su hermano para contarles que a bordo del buque se encontraba su agresor, el mismo compañero al que ella denunció por violarla en 2019. 

El abogado de la familia de Mari Carmen Fernández explica a Público que la agresión sexual la destrozó. "Estuvo dos años de baja, con tratamiento psicológico —cuenta Diego Leis—. Denunció la agresión en un juzgado de Marín (Pontevedra), que en 2020 archivó la causa".

El motivo del archivo fue, según cuenta el abogado, un acuerdo entre la víctima y el agresor, alegando que todo se trató de un "malentendido" y que ambos se comprometían a no tratarse en el futuro. El abogado desconoce las circunstancias en las que se firmó dicho acuerdo. El CSIC, a cuya plantilla pertenecía la mujer desaparecida, estaba al tanto de ese acuerdo, tal y como ha podido Público.

El letrado ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía, que investiga la desaparición de Mari Carmen, que recabe esa denuncia y el expediente del caso del juzgado de Marín "para poder conocer ese acuerdo, que, a priori, no tiene ningún sentido, y así poder constatar que el CSIC no la amparó ni la protegió lo debido", dice Diego Leis.

Obligada a matricularse en un curso sobre acoso

Durante el periodo de baja por la agresión sexual, Mari Carmen Fernández pidió a sus superiores un cambio de buque, no quería volver a embarcarse en el García del Cid, pero no se lo concedieron. Con una absoluta falta de empatía, la mujer recibió un correo electrónico desde el Departamento de Dirección/Administración, en que se le informaba que debía incorporarse al mismo buque el día 13 de septiembre de 2022. Ella alegó no sentirse preparada para regresar y la sometieron a un examen médico del que no resultó apta para volver al trabajo.

En 2023 superó los controles médicos, estaba mejor, sin medicación ya. Y desde el CSIC la obligaron a hacer un curso sobre acoso sexual siendo ella la víctima, como ha podido saber Público de fuentes relacionadas con el caso. Pese a los reiterados intentos de la mujer para que el CSIC le garantizara protección para evitar una nueva situación de acoso en el trabajo, sus correos electrónicos a varios responsables de esa agencia estatal nunca tuvieron respuesta, como ha podido comprobar este diario.  

Parece que el asunto no interesó a ninguno de esos responsables. Si en julio de 2023 la víctima pedía medidas de protección, el 4 de septiembre cuando se reincoporó a su puesto de trabajo tras la baja, se encontró al agresor de nuevo entre la tripulación del García del Cid y así lo atestigua el letrado Diego Leis, porque Mari Carmen le envió un mail contándoselo. 

"No dio tiempo a hacer ninguna gestión, porque al día siguiente este compañero bajó del buque, al parecer estaba enfermo, según ha podido averiguar la Guardia Civil", explica Leis, que lleva muchos años representando a la familia Fernández. 

"Inacción" del CSIC frente a las denuncias

La manera de proceder del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en relación a la denuncia de Mari Carmen Fernández por agresión sexual parece calcada a otros casos similares en la institución, la mayor agencia estatal dedicada a la investigación, con 13.000 empleados. Según ha podido constatar Público, al menos una veintena de denuncias internas, y algunas en el juzgado, por acoso sexual se han sucedido en los últimos años y la respuesta del CSIC no ha sido lo diligente que debiera, según lo califican fuentes de la plantilla conocedoras de estos casos; y alertan de que las denuncias se suelen "tapar" y de que no pasan a engrosar las estadísticas; la solución no suele pasar por sancionar al acosador. 

Estas fuentes hablan de "pasividad", "inacción", y de "falta de perspectiva de género" en la tramitación de las denuncias. Algunas víctimas con las que ha podido contactar este periódico se refieren a la "soledad" y a las "humillaciones" por tener que volver a trabajar con los mandos o compañeros acosadores.

"Yo soy machista y qué"

Varias jóvenes científicas relatan el episodio de vejaciones machistas que sufrieron a bordo de uno de los buques oceanográficos del IEO. "Ocurrió en noviembre de 2022. El capitán desde el primer día se dirigió a nosotras de manera incorrecta y soez. Nos decía: «Cómo se puede ligar ahora con vosotras, si no se os puede invitar a una copa, ahora todo es acoso»; «Yo soy machista y qué»". 

Las mujeres prosiguen: "Un día, durante la comida, estando presentes otros miembros de la tripulación, cogió el mando de la televisión y nos dijo a nosotras: «Se os van a quitar las ganas de volver a subir al barco». Y a continuación aparece un vídeo de Youtube titulado: En defensa de la profesión más antigua del mundo, que era pura repugnancia, una apología de la prostitución, una vejación para las mujeres".

Las científicas presentaron un escrito a la dirección del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y pidieron activar el protocolo contra el acoso sexual. Al cabo de 15 días, ante la inminencia de su próximo embarque, las mujeres se enteraron de que seguía el mismo capitán asignado al buque. Contactaron con una delegada sindical, que pudo evitar que las mujeres embarcaran. "Desde entonces, no hemos coincidido con él, pero no hemos tenido constancia de que se haya abierto un expediente al capitán ni de que se haya activado el protocolo. Es indignante", dicen estas científicas. 

Siete veces se ha activado el protocolo

Respecto a este caso, el CSIC indica, en una respuesta escrita enviada a Público, que el "protocolo se abrió oportunamente, pero se cerró porque el capitán no era personal del CSIC", sino de Tragsa, empresa pública que da servicio al Consejo. "La labor de coordinación que se hizo con la empresa a la que pertenecía el capitán permitió que se le sustituyera. Desde entonces, esta persona no ha vuelto a embarcar en un buque del CSIC", indican fuentes del Consejo. Las víctimas, sin embargo, alegan que a ellas "jamás se les informó de la tramitación del expediente ni de su resultado", y a día de hoy mantienen "el lógico temor a volvernos a encontrar con ese hombre".

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha respondido a las cuestiones que le planteó este diario en relación a las estadísticas de acoso sexual desde que se puso en marcha el protocolo, en julio de 2020. "Desde 2019 a 2023, el CSIC ha registrado una media inferior a tres denuncias de acoso sexual por año. De ellas, tras realizar una investigación previa, siete casos han dado lugar a que se ponga en marcha el protocolo. Cinco acabaron con una sanción disciplinaria. En 2023 hubo tres denuncias por acoso sexual", dice el Consejo. Además informa de que la institución sancionó el año pasado a un trabajador con seis meses de suspensión de empleo y sueldo por un caso de acoso sexual, considerado como una "falta grave".

En cuanto al caso de Mari Carmen Fernández, el CSIC declina contestar sobre el protocolo que se siguió para protegerla. "El caso está siendo investigado por la Guardia Civil, que centraliza toda la comunicación", se limitan a decir desde el organismo. 

A última hora de la tarde de este viernes el CSIC se ha vuelto a poner en contacto con Público para dar traslado a este medio de que "el CSIC pidió consentimiento a Mari Carmen para iniciar un protocolo por acoso. Al observar que podía haber delito, el caso fue elevado al fiscal. En 2020 se archiva la causa".

El CSIC defiende la eficacia de su protocolo frente al acoso sexual, que "puede activar cualquier persona que detecte comportamientos de abuso", indica el organismo a este diario, y añade: "El CSIC defiende y practica la política de tolerancia cero frente al acoso sexual y por razón de sexo. Desde su aprobación, este protocolo no ha dejado de actualizarse para garantizar su objetivo: la tolerancia cero frente al acoso, mejorar la protección de la víctima y agilizar los procedimientos".

"Tenía fijación por mi culo"

Una camarera que trabaja para el CSIC, contratada por Tragsa, se arrepiente de haber escrito, por recomendación de compañeros y jefes, que no quería que sancionaran al capitán con tal de que no se volvieran a repetir los episodios que sufrió en 2022. "Ese hombre tenía fijación por mi culo. A todas horas me decía algo sobre él, y sobre mi cuerpo en general, cosas obscenas delante de todo el mundo. La gota que colmó el vaso fue un día, que estaba borracho, porque él bebía aunque el alcohol está prohibido a bordo, y se cebó especialmente, solo le faltó abalanzarse sobre mí. Al llegar a tierra puse la denuncia en un juzgado de guardia", relata esta trabajadora.

La solución de sus superiores fue bajarla de categoría y asignarle otro buque, según explica. "Aplicaron el protocolo y me rebajaron de camarera a marmitona (auxiliar de cocina). A él le amonestaron, es decir, le hicieron una advertencia, nada más", explica esta mujer. En cuanto a la vía penal, "aún no sé nada del juzgado, pero ojalá que prospere porque me doy cuenta de que esto no puede volver a ocurrir". 

Fuentes próximas a la plantilla ponen el foco en este caso como paradigma del proceder del CSIC. "Logran que las víctimas lleguen a acuerdos o que renuncien a sanciones y así cierran las denuncias, que no pasan a las estadísticas oficiales", alertan las fuentes de Público. 

Desde el CSIC se indica de que no se tiene constancia de este caso. "El CSIC solo puede actuar en el ámbito de sus competencias. Es decir, cuando los hechos se produzcan en sus centros de trabajo y por el personal propio. No obstante, si el personal afectado es externo, se hace una labor de coordinación con la correspondiente empresa", asegura la institución. 

Esquerra Republicana pide explicaciones

Sobre el caso de Mari Carmen Fernández, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, para dar cuenta de las "probables negligencias" cometidas respecto a la víctima y a su familia, a la que no se ha informado del protocolo que se siguió con Mari Carmen ante su denuncia por agresión sexual, tal y como informan fuentes de ERC a este medio.

También quiere ERC que la presidenta del CSIC explique en qué consiste el protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y por razón de sexo de la institución.

Además el Grupo Republicano va a presentar este viernes una serie de preguntas escritas al Gobierno, como ha podido saber Público, en relación a este caso y sobre las estadísticas que maneja el CSIC sobre acoso sexual. 

*Esta información se ha modificado y se ha ampliado debido a las aportaciones que el CSIC ha realizado después de la publicación del reportaje