La designación in extremis de Isabel Perelló para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 48 horas antes de que arranque el nuevo año judicial, este jueves, alivia la crisis del Poder Judicial, pero no cierra la herida. 

Los obstáculos para elegir a la presidenta que se han sucedido a lo largo de cinco sesiones demuestran que la paz no ha llegado al Consejo para quedarse, al menos de momento. La posible reedición del mal ambiente entre los dos bloques que reinó al final del mandato anterior, tras cinco años y medio de caducidad, alarma a varios de los vocales consultados por este medio. 

Por otro lado, fuentes del sector progresista desmienten que el bloque quedara roto porque seis de sus vocales votaran a favor de Isabel Perelló y otros cuatro en contra. La candidatura de esta jueza progresista afiliada a Juezas y Jueces por la Democracia obtuvo 16 de 20 votos y fue presentada precisamente por el bloque conservador como una candidata de consenso. 

Una vez superada la labor de nombrar presidencia, el año judicial arrancará este jueves con Isabel Perelló recibiendo al rey en el Tribunal Supremo y dando su discurso solemne ante las autoridades del Estado.

Las batallas judiciales

Varias causas judiciales bajo sospecha de ser en realidad lawfare o guerra judicial marcarán los primeros meses de este curso judicial. Y todas ellas están relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Causas judiciales como la que se centra en Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, o la que tiene a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, pendiente de una posible imputación por el Supremo por haber desmentido un bulo sobre los delitos fiscales del novio de la presidenta Ayuso, no muestran la mejor cara de los jueces españoles.

Por otro lado, la batalla judicial por la ley de amnistía se abre paso este mes de septiembre con el foco puesto en el Tribunal Constitucional y los recursos que Feijóo y sus barones han prometido contra la norma que olvida los delitos relacionados con el procés catalán. 

Por parte del PP y de sus gobiernos autonómicos se prevé una batería de recusaciones contra varios magistrados progresistas del TC con el objetivo de aminorar la mayoría ideológica en la corte de garantías para hacer fracasar un plausible aval constitucional a la ley de amnistía.

Se estrenan nuevas normas para el CGPJ

Pero en clave interna el Consejo General del Poder Judicial tiene por delante mucho trabajo para resolver parte de los problemas que originó el largo bloqueo propiciado por el PP. En primer lugar, la designación del centenar de plazas vacantes en la cúpula judicial. 

Para ello, los vocales cuentan con una importante novedad, fruto del acuerdo del PP y el Gobierno para la renovación del CGPJ. Se trata de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que a finales del pasado mes de julio quedó aprobada en las Cortes. 

Una de las novedades es que se debe constituir en el Consejo una comisión de calificación de cara a los nombramientos en la cúpula judicial para "garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas", consta en el acuerdo entre el PP y el PSOE. 

Se esperan tensiones en el seno del Consejo a cuenta de los nombramientos pendientes, sobre todo, en el Supremo, donde son 26 las vacantes que ahora hay que cubrir. Son los nombramientos más delicados por la trascendencia política que conllevan, en concreto los de la Sala Segunda, competentes para juzgar a los aforados, como son los diputados y senadores. 

Para los nombramientos del Supremo se impone, con la reforma de la LOPJ, que todos los acuerdos se adopten en el pleno por una mayoría de tres quintos, es decir, de 13 votos de 21, incluyendo el voto de la presidenta que puede desempatar. 

La dedicación exclusiva

La reforma de la ley del Poder Judicial que prohíbe a los consejeros compatibilizar el cargo con sus ocupaciones laborales habituales se aplicará por primera vez en este recién estrenado Consejo. 

La reforma no es nueva, sino de diciembre de 2018, cuando las Cortes aprobaron la devolución de la dedicación exclusiva a la totalidad de los 20 vocales del CGPJ, lo que implica que percibirán la remuneración que desde 2013 recibían únicamente los siete consejeros destinados a la Comisión Permanente, el órgano fuerte del Consejo. 

La reforma del ministro de Justicia del PP Alberto Ruiz Gallardón en 2013 fue calificada de "asalto al CGPJ" porque eliminó la dedicación exclusiva para todos los vocales, aumentando así los riesgos para su independencia. Algunos de los vocales tuvieron que compaginar sus puestos en empresas y bufetes que podían generar conflictos de intereses.

La delicada situación del fiscal general

El año judicial también trae novedades respecto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o, al menos, expectativas: se espera la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo a cerca de su posible imputación, un hecho insólito en toda la democracia. 

El juez Francisco Goyena investiga si dos fiscales de Madrid cometieron revelación de secretos al informar sobre la causa abierta por delito fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

El pasado 15 de julio elevó al Supremo una exposición razonada para que se pueda investigar en la misma causa al fiscal general, que es aforado ante el Alto Tribunal. 

García Ortiz ha pedido que la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vaya contra él y la instruya el Tribunal Supremo al estar aforado. Asume la responsabilidad "última" de la nota de prensa sobre la causa abierta por delito fiscal a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Con dicha nota de prensa se trataba de desmentir un bulo propagado por el entorno de Ayuso respecto al pacto que su pareja había propuesto a la fiscalía ante su delito fiscal. Pero las informaciones que hicieron circular desde el entorno de la presidenta apuntaban a que el pacto lo había ofrecido la Fiscalía.

Ante dicho bulo, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado con "aclaraciones". Fue entonces cuando González Amador decidió querellarse contra los fiscales por presunta revelación de secretos. 

La investigación se dirige contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de delitos económicos. 

El fiscal general ha recordado que la citada nota de prensa no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada.