Si los datos acompañan, el Gobierno intentará evitar solicitar una nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados, aunque esperará hasta el último momento para tomar una decisión y se hará en función de las cifras de afectados por el coronavirus que se vayan conociendo esta semana, según fuentes del Ejecutivo. El drástico descenso en el número de fallecidos y contagiados es celebrado por el Gobierno, si bien reclama extremar la prudencia.

Así lo trasladó también Pedro Sánchez a la Ejecutiva Federal del PSOE, donde se puso de manifiesto que, tras lo ocurrido en la última votación, se sabe que existe poco margen de maniobra para volver a conseguir el obligado permiso de la Cámara Baja para mantener el estado de alarma, en la que sería su sexta prórroga. El Ejecutivo ya ha desvinculado los ERTE y otras medidas del estado de alarma, pero insiste en que, jurídicamente, es la única herramienta capaz de restringir la movilidad como ya se ha hecho.

Unidas Podemos, por su parte, siempre ha dejado en manos de Sánchez la decisión sobre las sucesivas prórrogas, sin plantear problemas a su aprobación, defendiendo estas prórrogas en el Hemiciclo y en las conversaciones con distintos grupos.

Por ello, según fuentes consultadas, la estrategia pasa en el peor de los casos por buscar una prórroga sólo parcial, es decir, en ámbitos territoriales muy concretos, como previsiblemente podrían ser la Comunidad de Madrid y Catalunya.

Legalmente, según fuentes consultadas, el estado de alarma permite esta parcelación por territorios y, de hecho, el propio Pedro Sánchez ya anunció el pasado domingo a los presidentes autonómicos que algunos territorios podrían salir del estado de alarma en pocos días. El artículo 116 de la Constitución, que regula el estado de alarma, establece que el mismo decreto "determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración".

Sin embargo, esto supondría ya no tanto negociar con los grupos parlamentarios del Congreso, sino pactar esta nueva prórroga del estado de alarma con los gobiernos autonómicos. Si fuera el caso de Madrid y Catalunya, como es previsible, el Ejecutivo es consciente de que se enfrenta a los dos gobiernos autonómicos más hostiles contra Sánchez.

Pactar con Ayuso y Torra

Aquí hay dos posibilidades. Si hubiera acuerdo con Isabel Díaz Ayuso y Quim Torra, lo lógico sería que la prórroga parcial del estado de alarma recibiera el apoyo de la Cámara Baja, ya que la presidenta madrileña tendría el apoyo del PP y los partidos catalanes que sustentan al Gobierno también votarían a favor.

El problema estaría en que ambos presidentes autonómicos se negasen a que el estado de alarma siguiera vigente únicamente en sus territorios, lo que haría casi imposible que saliera adelante la votación en el Congreso. Y vistas las críticas de Ayuso y Torra, especialmente la insistencia de la primera a que Madrid cambiase de fase -pese a la dimisión de su directora de Salud Pública-, parece difícil esperar una actitud más constructiva.

El Gobierno, de esta forma, se enfrenta a un gran dilema al que tiene que dar respuesta, como muy tarde, el próximo sábado. Hasta ahora, lo habitual ha sido que cada sábado previo a la semana en la que finalizaba el estado de alarma -en esta ocasión concluye a las 00.00 horas del próximo 7 de junio-, el presidente del Gobierno compareciera para anunciar la petición de prórroga, se llevara el martes al Consejo de Ministros y el miércoles fuera votada en el pleno del Congreso, para volver a ser aprobada definitivamente en un Consejo de Ministros extraordinario el viernes.

Estos son los tiempos que ahora tiene que manejar, porque apenas hay más margen, aunque siempre se podría posponer el anuncio de la decisión del sábado y esperar hasta el Consejo de Ministros del martes.

Otra cosa sería que a lo largo de la semana los datos empeorasen y ya se viese obligado a pedir una prórroga más general, en similares condiciones a las anteriores, aunque no tenga garantizada la mayoría en la Cámara Baja.

La operación no dejaría de ser muy arriesgada, porque las últimas prórrogas han salido aprobadas por votaciones muy ajustadas, con datos mucho peores que los que, previsiblemente, pueden darse al final de la semana o antes de tomar la decisión.

De hecho, el Gobierno ha ido perdiendo apoyos en las últimas votaciones, al mismo tiempo que cosechaba un creciente número de votos en contra. Ese deterioro del "espíritu de la investidura" no se le escapa a nadie, y el Ejecutivo es consciente de que, en un parlamento tan fraccionado, cada voto cuenta.

No obstante, desde el Grupo Socialista se han reanudado los contactos  informales con los grupos parlamentarios, para saber cuáles son sus posiciones de partida ante la petición de una nueva prórroga. A última hora de la tarde del lunes, Unidas Podemos aún no se había unido a esta nueva ronda de conversaciones.

Las relaciones han quedado muy deterioradas con casi todos los grupos desde el último pleno, incluso, con los grupos que sí apoyaron en la votación como PNV o Ciudadanos, por diferentes motivos; mientras que sigue lejos la posibilidad de recomponer relaciones con ERC.