El Gobierno y los agentes sociales han fijado, en el acuerdo alcanzado este jueves, las condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en caso de rebrotes del COVID-19, así como exigir el compromiso de empleo también en los que sean por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).

Son algunos de los detalles que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,  y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han avanzado sobre el acuerdo en una rueda de prensa conjunta, en la que han agradecido el esfuerzo de patronal y sindicatos para acordar las condiciones en las que se extenderán los ERTE hasta el 30 de septiembre.

La ministra de Trabajo ha resaltado este II acuerdo social por el empleo "en un momento de crisis, uno de los peores de la historia de España", en el que "una vez más los agentes sociales nos dan ejemplo, asumen lo mejor del pueblo y tienden la mano cuando más crispación social hay y, cuando quieren que tengamos ruido en lugar de calma"

Díaz, que ha apelado a hacer un uso responsable de esta herramienta y ha alertado de algunos casos de fraude, ha recordado que el acuerdo amplía la protección a los contratos fijos discontinuos hasta 31 de diciembre, y sigue recogiendo la imposibilidad de las empresas que realicen un ERTE a operar en paraísos fiscales o de repartir dividendos.

Díaz ha añadido que también se recoge, como novedades, que las empresas acogidas a ERTE no podrán permitir que sus trabajadores realicen horas extra, ni podrán llevar a cabo nuevas contrataciones o subcontrataciones (salvo que se trate de una categoría profesional que no exista en su empresa).

Por su parte, Escrivá ha destacado que el acuerdo, del que aún no se conocen todos los detalles, incluye cuatro elementos clave.

Para empezar, ha señalado, se establece una especie de "erte de transición" para las empresas que aún no han podido reanudar actividad y un nuevo esquema de exoneraciones para las que estén en uno parcial, que será decreciente en función de cada mes y "a favor de los trabajadores en activo".

Junto a esto, se establecen unas condiciones especiales en caso de rebrote, facilitando su acceso "a las empresas que tengan que cerrar un centro de trabajo" como resultado de nuevos contagios, y se extiende el esquema de los ERTE por fuerza mayor a los ETOP para facilitar el paso de uno a otro.

Escrivá ha añadido que los ERTE por fuerza mayor vinculados a rebrotes de coronavirus deberán recibir el visto bueno de las autoridades laborales toda vez que los organismos sanitarios establezca que se trata de nuevos casos de COVID que ponen en peligro el mantenimiento de la actividad de la empresa.

También ha señalado que el coste para la Seguridad Social de las prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre y de los nuevos mecanismos acordados están en línea con el cálculo que había estimado cuando se aprobó esta medida excepcional y que rondaba entre los 10.000 millones y 11.000 millones de euros.

A ese importe se sumaría el coste de las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE y que solo en mayo alcanzaron los 3.000 millones, según ha señalado Díaz.

En cuanto a las cláusulas de salvaguarda del empleo hasta 6 meses después de reiniciar la actividad y la de prohibir el despido, la ministra de Trabajo ha puntualizado que también se extienden a los ERTE ETOP.

"Opera con igual criterio a todo aquel ERTE que se beneficia de las condiciones de exoneración", ha dicho Díaz. Escrivá ha recordado que los ERTE han dado cobertura a 3,5 millones de trabajadores en esta crisis con más de 500.000 empresas acogidas a ellos.