Una sensación coge fuerza en los pasillos del Congreso. Se ensancha. Algunos diputados del bloque progresista incluso la verbalizan. "El martes será un día grande", deslizan. Será, en cualquier caso, el primer día en que los diputados y diputadas podrán usar, si lo desean, una lengua cooficial en una sesión parlamentaria durante toda su intervención. Habrá traducción simultánea. Sin embargo, los plenos del martes día 19 y el jueves día 21, cuando se votará la reforma del Reglamento para incluir las lenguas cooficiales en la Cámara, no es el final del camino. De hecho, no hay solo un camino; "Hay dos vías paralelas que no se cruzan". 

Eso último lo explican desde el Partido Socialista. Una vía, que se está transitando ya, tiene un efecto inmediato: que se hable catalán, galego, y euskera en el Congreso con traducción simultánea —y aragonés y bable con autotraducción— desde la semana que viene. El segundo camino es más largo porque conlleva un cambio estructural: establecer un sistema de traducción fijo en la Cámara, previa reforma del Reglamento. Para él, se ha establecido, a falta de que lo ratifique el hemiciclo, un plazo de seis meses.

Público adelantó hace una semana, en referencia a esa primera vía, que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tiene potestad para interpretar el Reglamento en aquellas partes que puedan existir lagunas y que, por tanto, una resolución suya bastaría para que se pudieran utilizar ya las lenguas cooficiales en el pleno del martes. Fuentes socialistas lo han corroborado este miércoles, pero concretan que, finalmente, la fórmula escogida para ello es un acuerdo de la Mesa de la Cámara, con los cinco votos progresistas frente a los cuatro del PP. "Le hemos querido dar un rango mayor", especifican.

El PP alega problemas jurídicos en el hecho de que se adelante el uso las lenguas cooficiales al martes, antes de que lo ratifique el pleno ese mismo martes. De hecho, insisten en que se solicite un informe jurídico, a pesar de que los letrados del Congreso hayan admitido a trámite la reforma del Reglamento. Ese informe, en principio, no se va a pedir porque la mayoría progresista de la Mesa no lo cree necesario, a la vista de la consideración positiva de los letrados.

Fuentes del PSOE encuentran el amparo legal en lo que ellos mismos denominan la 'doctrina Armengol', distinta a la 'doctrina Marín', en referencia al socialista Manuel Marín, presidente del Congreso entre 2004 y 2008. "Hasta ese 2004", comentan, "las lagunas en el Reglamento en cuanto al uso de las distintas lenguas no se habían resuelto y el presidente Marín planteó una cierta flexibilidad". La presidencia del Congreso tiene potestad para ello. Y esa es una clave. Hasta la llegada de Armengol, concretan desde el partido, "se ha actuado en base a la 'doctrina Marín'". Esto es: permitiendo cierta flexibilidad a los diputados para hablar en otras lenguas, pero invitándoles a pasar al castellano o tomando medidas más graves (incluso la expulsión) para "asegurar el derecho de todos los diputados a entender el debate".

Pero el día 17 de agosto cambió todo. Armengol asumió el cargo y, como nueva presidenta de la Cámara, estableció un nuevo marco. O una nueva 'doctrina', por usar la terminología con la que se han referido a ello las fuentes socialistas a las que ha tenido acceso Público. 

Armengol, ante esa laguna del Reglamento, que no incide en la variedad lingüística de España, da un paso más que Marín y dispone que los diputados y diputadas podrán hablar en las lenguas cooficiales en la totalidad de sus intervenciones. Sin límite. "El respaldo jurídico", interpretan desde el PSOE, "pasa de una doctrina a la otra". 

De los pinganillos de Zelenski a las nuevas pantallas

Con todo, desde el PSOE —ni desde Sumar ni desde el entorno de la presidenta de la Cámara— no encuentran inconvenientes jurídicos, pero tampoco técnicos en esta primera vía; la más inmediata. El Congreso ya dispone de un sistema de pinganillos que se adquirieron cuando el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, visitó el Parlamento español en abril de 2022, aunque no son suficientes para todos los diputados y diputadas y tendrán que comprarse más.

No se contempla ninguna opción distinta a la traducción simultánea (salvo para el aragonés y el bable), por lo que, desde el primer día, serán necesarios traductores e intérpretes, que el entorno de la Mesa del Congreso confirma que serán los mismos que contrata el Senado cuando los necesita. Público ha podido confirmar con fuentes de ambas cámaras que ya ha habido contactos entre los servicios técnicos de las dos instituciones. Todavía no se ha confirmado si los costes derivados de todo ello se solventarán con los fondos remanentes o si, simplemente, serán gastos de intendencia.

De todos modos, este despliegue no tendrá nada que ver con el que se lleve a cabo con la segunda vía, la que conllevará un cambio estructural y convertirá el Congreso en una institución plurilingüe en su totalidad, una vez se apruebe definitivamente la modificación del Reglamento. Existe un horizonte temporal: seis meses, así lo propusieron los partidos firmantes de la propuesta de reforma. Antes de que transcurra ese tiempo, el Congreso establecerá un sistema de traductores e intérpretes, en principio, propio, aunque los servicios técnicos profundizarán en ello una vez se apruebe la modificación.

Sí apuntan fuentes parlamentarias que se explorará la posibilidad que las pantallas de las que disponen los escaños, que está previsto que se cambien a principios de 2024, lleven incorporado un mecanismo de traducción. Es una posibilidad. 

Un primer pleno caliente

El Partido Popular se sitúa enfrente de todo ello. Antes de nada, reprocha a Francina Armengol no haberse reunido con ellos. "Se ha roto el consenso", exclaman. En Génova consideran que esta reforma "no es una prioridad para los españoles", por lo que rechazan que tenga que aplicarse el criterio de Armengol ya en el próximo pleno, sin que se haya ratificado la reforma. Aunque no lo han confirmado, el entorno popular de la Mesa sí desliza que se estudiarán los escritos presentados por parte del bloque progresista y que no descartan hacer uso de "las herramientas" que estén en su mano para redirigir la situación.

El Partido Popular, en última instancia, no considera necesario que se amplíe la realidad idiomática del Congreso. Varias figuras del partido lo han expresado así. Advierten, no obstante, que eso no quiere decir que no valoren "la riqueza lingüística" del país.

Sea como fuere, se esperan plenos calientes. Es la primera parada de un viaje que inició Armengol cuando, en su puesta de largo, determinó que 'su Congreso' sonará a muchas lenguas. También habló del consenso que buscará durante su presidencia. Sin embargo, el PP, según ha expresado este miércoles, ya lo cree roto. La Cámara Baja, según parece, será plurilingüe, pero en ningún caso será un oasis.