La voluntad del Gobierno de José María Aznar de negociar con ETA llegó incluso a la Casa Blanca. Un documento elaborado por uno de los jefes de la lucha antiterrorista en el Gobierno de Bush constató que el PP estaba dispuesto incluso a otorgar beneficios penitenciarios a los presos vascos, algo que hoy el partido de Feijóo, en plena campaña electoral, busca borrar de su pasado.

Según ha podido verificar Público, la Oficina del Coordinador para la Lucha Antiterrorista del Departamento de Estado prestó atención al proceso de negociación que Aznar abrió con ETA tras el alto el fuego indefinido decretado en septiembre de 1998.

Aquella tregua abrió expectativas sobre un posible escenario de paz al calor del acuerdo de Lizarra-Garazi y llevó a la izquierda abertzale a obtener unos elocuentes resultados electorales con Euskal Herritarrok en las elecciones autonómicas celebradas un mes más tarde, en las que se situó como la tercera fuerza de Euskadi con más de 224.000 votos.

En el capítulo dedicado a España sobre la situación del terrorismo a nivel mundial en 1998, la Oficina de Lucha Antiterrorista del Departamento de Estado describe que el 3 de noviembre de ese año –nueve días después de que se celebrasen las votaciones al Parlamento Vasco– José María Aznar había pedido "conversaciones directas con ETA para hacer permanente el alto el fuego, pero las dos partes parecen tener agendas diferentes para las conversaciones".

"El Gobierno ofrece algunas medidas de alivio para 530 presos de ETA en cárceles españolas y unos 1.000 exiliados, mientras que ETA quiere incluir cuestiones políticas de soberanía y autodeterminación", destaca el documento. 

El Departamento de Estado apuntaba, además, que el Ejecutivo de Aznar había solicitado "con energía y éxito" la extradición de fugitivos de ETA en algunos países, "entre ellos Francia y varias naciones latinoamericanas". 

"Además de las continuas acciones policiales para desarticular los comandos y detener a sus miembros, el Gobierno español emprendió en 1998 una serie de medidas destinadas a debilitar la infraestructura financiera de ETA", añadía el informe, que citaba, entre otros aspectos, el cierre del diario Egin. 

Sin la renuncia de ETA

Asimismo, el documento describía las condiciones en las que el Gobierno de Aznar había aceptado estudiar esos "alivios" a presos vascos: destacaba así que "ETA no ha renunciado al terrorismo" y remarcaba que a lo largo de 1998 había asesinado a seis personas "frente a las 13 de 1997". 

El documento describía a ETA como una organización terrorista que cometía principalmente "atentados con bomba y asesinatos de funcionarios del Gobierno español, especialmente [miembros de] Fuerzas de Seguridad y militares, políticos y personalidades judiciales". "Ha asesinado a más de 800 personas desde que comenzó a cometer atentados mortales a principios de la década de 1960", remarcaba. 

"Renovó su oferta"

En mayo de 1999, el Gobierno español –representado por el entonces secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos; el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el asesor personal del presidente del Gobierno, Pedro Arriola– mantuvieron un encuentro en Zúrich con miembros de ETA.

"Representantes de ETA y del Gobierno español se reunieron en Suiza en mayo, pero no pudieron encontrar un terreno común", afirma otro documento de la oficina del coordinador de lucha antiterrorista del Departamento de Estado fechado en abril de 2000.

En ese nuevo informe, el Gobierno de Bush apuntaba que "ETA esperaba aprovechar las conversaciones para avanzar hacia su objetivo de autodeterminación vasca y, en última instancia, la independencia, mientras que Madrid presionó para que ETA declarara el cese definitivo del terrorismo y renovó su oferta de ayuda a los presos y exiliados del grupo".

Esas conversaciones estuvieron acompañadas por una serie de medidas dirigidas a contribuir a "normalizar" la situación en el marco de la tregua: se estima que 200 presos de ETA fueron excarcelados y otros 135 fueron trasladados a cárceles próximas a Euskadi.

De hecho, el informe del Departamento de Estado remarcaba que "el Gobierno español combatió enérgicamente a ETA al tiempo que buscaba un diálogo con la banda terrorista".

Fin de negociaciones

El proceso de paz voló por los aires en noviembre de 1998, cuando ETA decidió reanudar la actividad armada. La ruptura de la tregua estuvo seguido de un incremento de las actuaciones policiales y judiciales por parte del Gobierno de Aznar.

Según reflejó el Gobierno de Bush en un nuevo análisis sobre la lucha antiterrorista en España, a lo largo de los  meses posteriores las autoridades habían "procesado con diligencia a miembros de ETA por terrorismo y delitos penales".

En ese mismo escenario, "el Gobierno de Aznar reiteró su determinación de eliminar el terrorismo y no negociar la independencia de las provincias vascas", describió el Departamento de Estado. Luego llegarían las ilegalizaciones de partidos y una creciente campaña de criminalización contra distintas organizaciones políticas y sociales del ámbito abertzale bajo el eslogan del "Todo es ETA".