ERC ha registrado, en el Congreso de los Diputados, una batería de preguntas escritas para el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la información que desveló esta semana Público: Juan Ignacio Zoido, exministro del interior, se aloja en una residencia de los Huérfanos de la Guardia Civil, cuando viene a Madrid, a pesar de cobrar 1.900 Euros para dietas.

Se trata de la mejor residencia de la que dispone este colectivo y que, casualmente, fue Zoido quien la inauguró el 21 de mayo de 2018. Mientras el PP no ve "nada extraño" que Zoido use una residencia de los Huérfanos de la Guardia Civil, pese a no ser del cuerpo, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, exige al Gobierno respuestas, al respecto.

El diputado republicano es quien firma el documento registrado en el Congreso de los diputados. En él, tras exponer los detalles de la información, pregunta por las características de las habitaciones de las que dispone el exministro, si el precio de dicho alojamiento se ajusta a los precios del mercado (teniendo en cuenta que la propia revista de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil (APHGC) considera  "que bien podría tener la consideración de hotel de cinco estrellas o parador"), si el Ministerio cree preceptivo que el ahora diputado utilice esta instalación para huérfanos, cobrando 1.874 Euros libres de impuestos como "indemnización" por residir fuera de Madrid, y qué valoración hace el ministerio de que un exalto cargo se "aproveche de su condición" para obtener "privilegios" en residencias para huérfanos, financiadas con dinero público.

Además, pide datos sobre cuáles han sido las aportaciones que ha hecho el Gobierno al Colegio Infanta María Teresa  (así se llama la residencia en cuestión), en los últimos diez años y solicita que sean detallados por año, concepto, cantidad y partida presupuestaria. 

Para no dejar nada en el aire, también quiere saber si Marlaska hará algo al respecto de estos abusos:  "Piensa el ministro iniciar algún procedimiento para la regulación coherente y congruente y, sobre todo, transparente de los equipamientos financiados con dinero público, por parte de cargos del estado", le pregunta. 

El Gobierno tiene dos meses de plazo para responder, aunque podría pedir una prórroga fundamentada. Si no contesta en plazo, ERC  puede solicitar respuesta oral en la comisión correspondiente, que en este caso es la de interior, presidida, en estos momentos, por el exministro de Justicia Rafael Catalá.