ERC ha registrado este viernes sus cinco enmiendas a la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados, una proposición de ley que se tramita por el procedimiento de urgencia en el Congreso. La norma, producto de la mesa de diálogo, fue impulsada por PSOE y Unidas Podemos con el beneplácito de los republicanos.

Entre las correcciones presentadas por los republicanos se introduce un nuevo artículo 432 bis en el que destaca que "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años".

Asimismo, si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público distraídos dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, "se le impondrán las penas del artículo anterior". En este sentido, se entiende por patrimonio público "todo el conjunto de bienes y derechos, de contenido económicopatrimonial, pertenecientes a las administraciones públicas", tal como especifica el texto al que ha tenido acceso este medio.

Esta modificación del delito de malversación de caudales públicos vuelve al modelo de 1995, previo a la reforma ejecutada por el Partido Popular en el 2015, donde lo que se considera malversación son "las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro, así como el uso temporal del patrimonio público para fines particulares".

En todo caso, mantiene las penalidades del 2015 en lo referente a las conductas de apropiación. "Se supera así la inadecuada reforma de 2015, que equipara indebidamente lo que suele denominarse administración de activos ajenos particulares y públicos. En la primera administración de esos patrimonios, la privada, la obtención de un beneficio es la guía; en cambio, en la segunda, en los asignados a las administraciones y entidades públicas, es la prestación de servicios o de dar soporte a dichas prestaciones lo que se persigue. Beneficios  privados y servicios públicos son a ojos vista objetivos diversos y, por tanto, no merecen ser equiparados en cuanto protección jurídicopenal", justifica ERC en su enmienda.

Los republicanos pretenden, así, evitar que el Estado "vuelva a utilizar el delito de malversación de forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista", a la vez que prevenir que la reforma pueda ser "utilizada para rebajar penas en casos de corrupción", explican fuentes del grupo liderado por Gabriel Rufián.

Reformas del delito de desórdenes públicos

ERC también ha presentado varias correcciones parciales al delito de desórdenes públicos agravado en la actual reforma del Código Penal. En este sentido, pide rebajar la pena mínima del tipo agravado a un año para que la pena propuesta "sea coherente con la gradación de penas previstas en
el capítulo, pues es un criterio habitual que los tipos agravados no empiezan a partir de la pena máxima del tipo básico". Por otro lado, para "dejar un margen más amplio a los jueces para adaptar la pena a la gravedad y las circunstancias concretas de cada caso", explican los republicanos en la enmienda.

Asimismo, incorpora la supresión del artículo 557 ter relativo a las ocupaciones pacíficas de locales, establecimientos, oficinas o domicilios al no reunir "el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal".

Por último, modifica el tipo básico de desórdenes públicos recogidos en esta reforma para adaptarlo, explica en el texto, "a los principios democráticos y evitar la criminalización de los derechos de reunión y manifestación con una interpretación sesgada por parte de los tribunales, limitando así una eventual voluntad de entenderlos como un delito de peligro".

Respecto a la enmienda incluida por los republicanos en lo relativo a la malversación, tanto Patxi López (PSOE) como Jaume Asens (Unidas Podemos) han señalado que "no la conocían" y, por tanto, se analizará "con detenimiento" bajo dos principios claros, como ha añadido el portavoz socialista: "No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a procesados o condenados por corrupción, y todo uso de fondos públicos debe estar sancionado en el Código Penal".