España devuelve a Irán a un activista kurdo en plena escalada represiva por el aniversario de Mahsa Amini

La Audiencia Nacional ha ordenado la devolución a Irán de Muhamad Rahmati Nia, un activista kurdo que había llegado a España hace algo más de diez días con su mujer, Zeynab, que está embarazada, y su hijo Rozhman, de solo siete años. La familia permanece en la zona del Aeropuerto de Barcelona destinada a las personas con orden de expulsión, medida que todavía en la noche del jueves no se había llevado a cabo al recurrir su abogado con medidas "cautelarísimas".

Rahmati decidió salir de Irán, vía Qatar, ante el temor a ser detenido debido a su implicación en la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Mahsa Jina Amini, que falleció ahora hace un año, cuando estaba detenida por no llevar correctamente puesto el hijab, el "velo islámico".

Su muerte desencadenó durante varios meses la que se considera mayor revuelta popular que, bajo el lema "Mujer, Vida, Libertad", se ha vivido en la República Islámica contra este régimen integrista fundado por el ayatolá Joemini en 1979.

El diario Público se puso en contacto este jueves por la noche por teléfono móvil y a través de exiliados iraníes, con Muhamad, confirmando que teme por su vida si definitivamente es devuelto a Irán. Esta familia procede de la ciudad de Nagadeh, situada en el Kurdistán iraní, muy cerca del lago Urmie. Rahmati, que tiene, como su mujer, 27 años, había vivido anteriormente en Europa pero fue expulsado de Rumanía, teniendo que regresar a Irán, donde se reintegró a su actividad política.

Al tener constancia de que iba a ser detenido, como está ocurriendo estos últimos meses en muchas partes de la República Islámica en medio de una gran escalada represiva, decidió abandonar de nuevo Irán vía Doha, capital de Qatar. Cientos de personas están siendo apresadas "preventivamente" para abortar las movilizaciones convocadas con motivo de este aniversario. Esta misma semana se ha conocido la muerte de otro joven kurdo, Hamid Bagheri, por animar a la población en Alburz para manifestarse en la calle.

Mahsa Jina Amini procedía, igual que Muhamad y Zeynab, del Kurdistán, en concreto de la ciudad de Saquez, donde se inició la revuelta que se extendió por todo Irán. Según fuentes de la oposición iraní, la ciudad se encuentra bajo vigilancia policial y supervisada desde el aire por helicópteros. En aquellas protestas, que se prolongaron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, fallecieron por disparos de los Guardianes de la Revolución y los Basijis (paramilitares) cientos de personas, elevándose a unos 20.000 la cifra de detenidos.

De acuerdo con la interpretación que realiza la Audiencia Nacional de la normativa europea, al haber sido expulsado de un país europeo, Muhamad no tiene derecho a pedir asilo político durante cinco años, por lo que ordena su inmediata devolución a Irán, que tendría que llevarse a cabo por la vía utilizada para llegar a España –Doha (Qatar)– para terminar en Teherán seguramente en manos de la Policía iraní.

La aplicación de dicha norma supone un grave peligro no solo para Rahmati sino también para su mujer y su hijo teniendo en cuenta la escalada represiva que se está registrando en Irán en estos momentos.
Entre los detenidos se encuentran varias decenas de clérigos suníes, que jugaron un significativo papel en las protestas del pasado otoño, debido a la monopolización del poder por parte de los ayatolás chiíes. También han sido detenidos veintiún familiares de jóvenes que murieron en aquellas manifestaciones.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Leila Mahdavi, madre de Siavash Mahmudi, que fue alcanzado por un disparo el 21 de septiembre de 2022 o de Nasrin Alizadeh, hermana de Shirin, muerto igualmente por disparos el 22 de septiembre. Este mismo jueves se conocía la detención de otros seis activistas en la ciudad de Tabriz, capital de la región de Azerbaiyán, fronteriza con el Cáucaso.

Solo entre los días 11 y 18 de agosto, de acuerdo con los datos del Centro de Derechos Humanos de Irán, fueron apresadas veintidós personas, la mayor parte mujeres, por su vinculación con organizaciones por los derechos civiles y de la mujer. Trece de ellas fueron detenidas en la provincia de Gilan, otras tres en la capital iraní y media docena más en distintas partes de la región kurda, especialmente castigada por la represión.

Organizaciones humanitarias, como el citado Centro de Derechos Humanos, han publicado las listas con nombres, apellidos y localidad de origen de las personas detenidas, así como las de los 17 ejecutados desde las protestas de hace un año por participar en aquellas manifestaciones o por distintas actividades de oposición al régimen teocrático.

En este sentido, hay que recordar que en la República Islámica de Irán se ha registrado un considerable aumento de las ejecuciones, que han pasado de las 300 en 2021 a más de 500 en 2022. En el año en curso y solamente hasta el mes de agosto, ya se ha superado la cifra de las 400, calculándose que, a final del año, podrían superar las 600.

Esta situación es la que hace temer por la vida de este joven kurdo que, desde hace casi dos semanas, permanece atrapado en el Aeropuerto de Barcelona, por lo que su abogado ha solicitado a la Audiencia Nacional que no lleve a cabo la deportación, protesta asumida también por el Parlamento de Catalunya, que ha solicitado al ministro del Interior paralizar de inmediato la orden de expulsión.