La exconsellera Pradas es citada a declarar como investigada por la DANA el 11 de abril
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El Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la DANA, ha citado a declarar como investigados el próximo 11 de abril a la exconsellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.
En una providencia notificada este lunes a las partes, la magistrada cita también como testigo a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó (PP), el 14 de abril, y el 29 del mismo mes a dos técnicos.
Por otro lado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano en un comunicado, la instructora ha dictado este lunes un auto en el que deniega la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià de requerir datos sobre los vehículos oficiales usados por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y sus escoltas entre las 8 horas del 29 de octubre y las 8 horas del día siguiente.
La magistrada justifica esta negativa en la condición de aforado de Mazón, por lo que “no es factible” la “realización de diligencias de investigación sobre su actuación”.
Al respecto, la instructora recuerda que el president tiene la condición de aforado, por lo que el juzgado de instrucción no puede ordenar la práctica de diligencias de investigación sobre su actuación respecto de esta causa.
Igualmente, deniega la misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consellera de Justicia e Interior y de su secretario autonómico, pues “no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso”, así como con respecto del director y el subdirector general de Emergencias, porque estos dos últimos cargos “no ostentan la condición de investigados”.
En relación con las posibles grabaciones de audio por parte de integrantes de la reunión del Cecopi de aquel 29 de octubre, considera que deben ser estos quienes manifiesten si poseen ese material y si “voluntariamente prestan su conformidad” para aportarlas al proceso una vez se les reciba declaración. Tanto la providencia como el auto notificados este lunes no son firmes y contra ellos caben recurso.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja, investiga los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia en una catástrofe que dejó 225 fallecidos, tres desaparecidos y miles de afectados, y sobre la que ha indicado en sus escritos que no fue "un fenómeno meteorológico imprevisto", pero el Cecopi se reunió con "gran demora" y tomó decisiones con retraso.
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También ha argumentado que correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar medidas de protección civil y minimizar las consecuencias de unas lluvias que desbordaron ríos y barrancos, "pusieron al límite las presas" y produjeron "una sucesión trágica de fallecimientos", pero hubo una "inactividad patente de la administración autonómica".
Asimismo, ha calificado de "tardío y errado" en su contenido el mensaje masivo de alerta que se envió a la población a las 20:11 horas para pedir que evitaran desplazamientos, cuando mucha gente había fallecido ya en bajos y garajes.
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