Exteriores defiende la venta de material antidisturbios a Túnez y niega que allí se vulneren los derechos humanos

Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía de Túnez no han hecho cambiar los planes del Gobierno, que considera ajustadas a la legalidad las ventas de material antidisturbios a ese país. En respuesta a una pregunta formulada por los diputados Jon Iñarritu (EH Bildu) y Joan Josep Nuet (ERC), el Ejecutivo vuelve a defender la actuación oficial en materia de venta de armas, un ámbito marcado por la opacidad.

Las actuaciones policiales en Túnez están marcadas por las reiteradas denuncias formuladas por Amnistía Internacional (AI), que recientemente ha vuelto dar la voz de alarma: el pasado 27 de febrero, Rania Amdouni acudió a una comisaría "para presentar una denuncia por el acoso continuo del que es objeto en relación con su activismo LGBTI, su participación en protestas contra la violencia policial y el deterioro de las condiciones socioeconómicas". "En lugar de registrar su denuncia, fue detenida", relató AI.

Amdouni acaba de ser condenada a seis meses de prisión por hacer "comentarios ofensivos" sobre la Policía. Amna Guellali, directora adjunta de ese organismo de derechos humanos para Oriente Medio y el Norte de África, destacó que la detención y el enjuiciamiento de esta mujer "transmiten a todas las personas que se dedican al activismo y se enfrentan al acoso el mensaje disuasorio de que, si se atreven a dar un paso adelante y denunciar abusos policiales, corren el riesgo de pasar de víctimas a acusados".

En esas actuaciones policiales que tanto Rania Amdouni como AI han denunciado, los Antidisturbios tunecinos tienen a su disposición material vendido por España. Solo en 2019, este país vendió cartuchos lacrimógenos a la Policía tunecina por  un importe de 85.176 euros. En 2018 se habían exportado botes de humo y "artificios de luz y sonido" para los cuerpos policiales por otros 183.076 euros.

En su pregunta conjunta, Iñarritu y Nuet destacaban que tanto en Túnez como en Perú o Chile –países que también han adquirido material antidisturbios fabricado en España– "decenas de ciudadanos han tenido que ser hospitalizados o, incluso, han fallecido por el desmedido uso de la fuerza de los cuerpos policiales". Así ocurrió en las protestas registradas a finales de 2019 en Chile o las producidas en noviembre pasado en la capital peruana.

En Túnez también ha habido fuertes cargas policiales que en enero pasado provocaron la muerte de un manifestante, Haykel Radchi. La ONG Human Rights Watch denunció además ataques policiales contra periodistas que cubrían las protestas registradas a principios de año. 

En la respuesta enviada a Iñarritu y Nuet, el Gobierno defiende que tanto la normativa nacional como internacional "sobre comercio de material de defensa y doble uso velan porque las exportaciones de dicho material sean conformes con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos". 

En esa línea, el Ejecutivo deja claro en su respuesta que no incluye a Túnez, Chile o Perú en los países donde se han registrado vulneraciones de los derechos humanos por parte de la Policía, tal como denunciaban Iñarritu y Nuet en su iniciativa conjunta. "El Gobierno y específicamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación consideran que la expresión 'incumplimiento sistemático de los derechos humanos' no recoge la realidad de los países evocados en la pregunta", afirma. 

"Caso por caso"

Sostiene además que la Junta Interministerial que se encarga de conceder o rechazar las solicitudes de licencia de exportación de armamento realizan un "análisis individual, caso por caso, haciendo uso de la información disponible y teniendo presente que se denegaría un permiso, si se estimase que el material de defensa podría ser utilizado para cometer violaciones graves de los derechos
humanos". Las actas de esa junta tienen el carácter de secretas desde 1987, algo que el actual Gobierno quiere mantener alegando que se protegen así las operaciones comerciales.

El Gobierno alega que "las solicitudes de exportación son analizadas caso por caso". "En este proceso se valora la conveniencia de una exportación concreta de acuerdo con variables tales como la sensibilidad del producto, la sensibilidad del país de destino, la fiabilidad del usuario final, las denegaciones de otros países y, muy especialmente, el riesgo de desvío de la exportación a un uso o destino indebidos", afirma. Añade además que "las licencias de exportación son acompañadas de estrictos documentos de control del uso, destino y usuario finales, con inclusión de una cláusula de no reexportación o uso distinto al autorizado".