Pedían trabajo y recibieron, literalmente, porrazos y gases lacrimógenos. Ocurrió en julio pasado en el sur de Túnez, donde miles de personas salieron a la calle para denunciar la grave situación en la que viven. El Gobierno del conservador Kais Saied ordenó cargar, en este caso, contra los manifestantes que pedían empleo. Los gases empleados contra la multitud podrían provenir de España.

En una respuesta escrita enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno revela que el material antidisturbios que se autorizó vender a Túnez en 2019 está compuesto por cartuchos lacrimógenos. No se especifica cuántos se enviaron ni qué empresa los vendió, aunque sí se confirma el importe de la operación, algo que ya había revelado previamente la campaña Armas Bajo Control: la venta de dicho armamento a Túnez fue por un valor de 85.176 euros.

La operación fue aprobada por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), órgano encargado de conceder  las solicitudes de exportación de armamento. Sus actas son secretas por orden del Gobierno de Felipe González, que en 1987 se valió de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo –vigente a día de hoy– para decretar silencio de Estado sobre este tipo de comercio.

En el documento enviado a Iñarritu, el Gobierno defiende que la JIMMDU "analiza individualmente todas las peticiones de licencias de exportación de material de defensa y/o de doble uso, y las decisiones al respecto se adoptan de conformidad con la normativa nacional e internacional aplicable al caso". Asegura que "cada operación a estos destinos es analizada detenidamente", teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Tratado sobre el Comercio de Armas, "además de exigir unas estrictas garantías de uso final".

El Ejecutivo sostiene que "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados", aplicaría la normativa vigente "sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, por el que se puede suspender o revocar una autorización previamente concedida".

Represión a manifestantes

En Amnistía Internacional (AI) tienen fundadas sospechas sobre lo que puede ocurrir con este tipo de material en manos del Gobierno tunecino. "Decenas de personas detenidas denunciaron tortura u otros malos tratos a manos de la Policía o de la Guardia Nacional. En muchos casos, la policía les negó el derecho a llamar a alguien de su familia o que les prestara asistencia letrada, o no permitió que se sometieran a un reconocimiento médico", destaca AI en el último reporte anual sobre los derechos humanos en Túnez.

En tal sentido, apunta que "las autoridades emplearon fuerza excesiva y en ocasiones innecesaria, así como enjuiciamientos, contra personas participantes en manifestaciones pacíficas para restringir la libertad de reunión", al tiempo que subraya que "se procesó por 'perturbar la libertad para trabajar' o 'poner trabas a la libertad de circulación' a personas que habían participado en protestas contra los altos índices de paro y las precarias condiciones de vida".

AI cita también lo ocurrido en junio de 2019, cuando "agentes de la policía y la Guardia Nacional hicieron uso excesivo de la fuerza, incluido gas lacrimógeno, para disolver una protesta pacífica de solicitantes de asilo ante un centro administrado por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en la localidad de Medenine". "La Policía persiguió a las personas participantes en la protesta, las golpeó con porras y detuvo a 25 de ellas", recuerda.

También se empleó gas lacrimógeno en el Instituto de Tecnología Médica de la Universidad El Manar de Túnez capital, donde la Policía "usó fuerza excesiva e innecesaria para disolver una sentada estudiantil pacífica". "Los agentes usaron porras y dispararon gas lacrimógeno a corta distancia, incluso contra tres estudiantes con discapacidad visual", subraya AI.

La organización internacional destaca que "catorce agentes de policía fueron acusados formalmente de homicidio involuntario y omisión de socorro a una persona en peligro tras una investigación sobre la muerte de Omar Labidi, aficionado al fútbol de 19 años, ocurrida en un barrio del sur de Túnez capital el 31 de marzo de 2018. No obstante, continuaban en servicio activo". AI denuncia que "Omar Labidi se ahogó cuando unos policías lo empujaron a un río, a pesar de haberles dicho que no sabía nadar".

Obligaciones incumplidas

"Es incomprensible que se venda material de doble uso o militar a Estados que incumplen los derechos humanos, ya sean fragatas a Arabia Saudí o material antidisturbios a Túnez", afirmó el diputado Jon Iñarritu a Público. Tras repasar la respuesta enviada por el Gobierno a su solicitud de información, el representante soberanista sostuvo que el Ejecutivo "debe velar por sus compromisos y obligaciones en relación a los derechos humanos", así como "ser más vigilante" en esta materia.

Según consta en el último informe de la campaña Armas Bajo Control –integrada por AI, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– sobre exportaciones de armamento, en 2018 el Gobierno de España también autorizó la venta de material antidisturbios a Túnez. Entonces se trató de "artificios de luz y sonido y botes de humo por valor de 183.076 euros", cuya venta fue autorizada por la JIMMDU "pese al riesgo de contribuir al uso excesivo de la fuerza en manifestaciones en un marco de impunidad en ese país", indica Armas Bajo Control.

El autor de ese informe, Alberto Estévez, señala que la respuesta dada por el Gobierno a Iñarritu vuelve a poner en evidencia la necesidad de que "el dictamen con recomendaciones al Gobierno que en breve debe aprobar la Comisión de Defensa del Congreso incluya la creación de una Unidad de Evaluación de Riesgo de las exportaciones de armas, formada por personal especializado en derechos humanos".

Grilletes para EEUU y Chile

En su respuesta a Iñarritu, el Gobierno se refiere también a otras autorizaciones de venta de material antidisturbios registradas en 2018 y 2019. Estas operaciones habían sido precisamente cuestionadas por Armas Bajo Control en su último informe, en el que pedían más datos al respecto.

Ante la solicitud de información formulada por el diputado de EH Bildu, el Ejecutivo indica que los grilletes de doble cierre valorados en 70.000 euros dirigidos a la Policía de EEUU en realidad fueron vendidos a "una empresa privada" que declaró que tendrían "uso policial". La administración no da más detalles sobre esta operación. 

"Es inaudito que se haya permitido la exportación de grilletes a una empresa privada para uso policial sin más. El Gobierno tiene la obligación de saber qué cuerpo policial es el que va a emplear ese material, que es susceptible de ser utilizado para uso excesivo de la fuerza, torturas y malos tratos a tenor de las reiteradas denuncias de AI", subraya Estévez.

Asimismo, señala que los grilletes de doble cierre vendidos a Chile por un valor de 525 euros estaban dirigidos a los Carabineros. También se explica que en las seis licencias concedidas entre 2018 y 2019 por la JIMMDU para la venta de material antidisturbios a Perú se trató en concreto de "despieces para la fabricación de artificios lacrimógenos, cartuchos propulsores y postas de goma".