La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, es la administración autonómica que más fondos públicos destina a grupos antiabortistas en España, con 2,7 millones de euros otorgados entre 2019 y 2024 a organizaciones antiabortistas. Le siguen Andalucía, que ha aportado 1,1 millones, y el Ayuntamiento de Madrid, con un millón. Así lo ha adelantado una investigación de CRÍTIC en colaboración con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos (ADSR), publicada este lunes.

Aunque estas asociaciones se presentan como un supuesto espacio de apoyo a mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad, en la práctica terminan condicionando sus derechos reproductivos. Red Madre (una de las entidades beneficiadas), por ejemplo, defiende "alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo" y participa activamente en campañas de concienciación que cuestionan el derecho al aborto​.

En comparación, Catalunya ha destinado aproximadamente 260.000 euros a la Fundación Pro Vida durante un período similar, lo que refleja una diferencia significativa en el volumen de recursos. Mientras que el grueso de instituciones públicas de todo el Estado que ha participado en subvencionar más de medio centenar de organizaciones contrarias al aborto asciende a 51. Entre ellas, se encuentra también el Gobierno central del PSOE con Unidas Podemos, en su momento, y del PSOE con Sumar actualmente. Se han localizado 309 ayudas en total concedidas durante los últimos cuatro años, de acuerdo con la base de datos del Ministerio de Hacienda.

Se supone que destinar dinero público a este tipo de entidades contradice la modificación de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva del año 2023. La norma establece que las administraciones públicas deben promover las entidades sin ánimo de lucro que, desde el movimiento feminista y la sociedad civil, actúen en el ámbito de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. Así como que quedarán excluidas de dichas ayudas "aquellas organizaciones contrarias al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo". 

El problema es que, tal y como detalla el artículo de CRÍTIC, "no todas las convocatorias de subvenciones públicas recogen en sus bases el requisito de tener una perspectiva de derechos humanos", por lo que los "discursos oficiales de estas entidades de proteger y acompañar a las maternidades", terminan siendo coherentes con los requisitos legales.