El informático bancario Hervé Falciani considera que es "imposible" que sea una moneda de cambio por Marta Rovira o Anna Gabriel, ambas huidas en Suiza y procesadas en la causa del proceso independentista en Cataluña por rebelión y desobediencia, respectivamente.

"La Justicia es totalmente independiente de juicios políticos", ha manifestado Falciani este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, al que ha transmitido su oposición a ser extraditado a Suiza.

Falciani, que ha dicho que sigue "confiando" en la Justicia española, ha acudido a declarar después de que las autoridades suizas hayan enviado la documentación pertinente a la solicitud de extradición, una entrega que ya fue rechazada por la misma Audiencia Nacional en el año 2013.

Este es uno de los argumentos que ha dado el informático al magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 para oponerse a ser extraditado, según ha explicado su abogado, Juan Barallat: "Es un procedimiento de extradición que reitera uno anterior y definitivamente de manera firme la Sala de lo Penal lo rechazó con el informe favorable del Ministerio Fiscal".

Esta era la opinión de la Fiscalía en el año 2013, si bien en esta ocasión el Ministerio Público pidió en la anterior comparecencia de Falciani, el 5 de abril, su ingreso en prisión provisional hasta que se decida la solicitud de Suiza. Este lunes, el fiscal no ha asistido a la citación.

"Éticamente improcedente"

Según el letrado, Falciani ha recordado al juez De Egea lleva colaborando con la Justicia española desde 2008, por lo que "éticamente es improcedente" que el Estado español le entregue "después de que su información ha valido para perseguir muchos y muy graves delitos, de corrupción, de crimen organizado y delitos fiscales".

La comparecencia de este lunes ha servido para que el informático transmitiese al juez si permite o no su extradición. Al oponerse, el procedimiento continúa y, mientras tanto, a Falciani se le mantienen las medidas cautelares que ya le había impuesto De Egea: comparecencias semanales, prohibición de abandonar el territorio español y retirada de pasaporte.