La Xunta de Galicia ha gastado menos de la mitad del dinero para desarrollo regional que la Unión Europea asignó a la comunidad para el periodo 2014-2020, pero a pesar de eso su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sigue embarcado en la batalla para denunciar que el reparto de los fondos de recuperación Next Generation de la UE que ha hecho el Gobierno discrimina a la comunidad.

Según el último informe de ejecución del gasto del Programa Operativo (PO) del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de Galicia, a fecha 31 de diciembre del 2020, es decir el final del anterior período presupuestario, la Xunta había ejecutado sólo 554,9 millones de euros de los 1.143,95 millones que tenía aprobados. Es decir, el 48,5%. Quedan por gastar más de 589 millones.

La Comisón Europea diseña sus presupuestos para un periodo de siete años, y el Feder es el principal instrumento financiero de la política de cohesión regional de la Unión, del que Galicia ha sido tradicionalmente una de las comunidades españolas más beneficiadas. Con ese dinero se pagan desde grandes obras como carreteras, hospitales infraestructuras ferroviarias e instalaciones de saneamiento y depuración, hasta ayudas a las pymes, subvenciones para I+D+i e iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías y la sociedad de la información.

El programa operativo del Feder 2014-2020 para Galicia contemplaba que Europa pagaría el 80% del coste de los proyectos presentados, de forma que las autoridades y los actores nacionales implicados, en este caso la Xunta y la iniciativa privada que opera en la comunidad, sólo tendrian que hacerse cargo del 20% restante. Es una inversión minoritaria, pero sin ella los fondos no se activan y la inversión global se pierde.

La regulación europea contempla la norma n+3, que permite financiar inversiones hasta tres anualidades después de rematado el período financiero. Pero con 589 millones aún sin gastar y a pesar de esa posibilidad de usarlos hasta el 2023, Feijóo se ha sumado a la campaña de Pablo Casado contra el reparto de los fondos Next Generation, pensados para reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia y de los que el Gobierno espera obtener 140.000 millones en ayudas directas, préstamos y avales.

Lo cierto es que España ha sido el primer país en recibir esa financiación con una primera partida de 11.000 millones, y la Comisión Europea ha expresado en varias ocasiones a través de sus portavoces, incluida su presidenta, Ursula von der Leyen, que comparte y aprueba el diseño español para el reparto de ese dinero.

Aún así, el PP ha llevado su protesta a Bruselas, donde Casado se encontraba este miércoles acompañado de líderes locales del partido, entre ellos los alcaldes de Madrid, Zaragoza, Salamanca, Córdoba, Málaga y Almería.

Feijóo unió hace semanas su voz a esa campaña denunciando que Galicia resultaba perjudicada en el reparto de la primera oleada de los Next Generation y amenazó con acudir a los tribunales. Cuando, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Galicia recibirá 681,5 millones de euros, la sexta mayor cantidad del Estado y sólo por detrás de lo que recibirán Andalucía (1.915 millones), Cataluña (1.579 millones), Madrid (1.213 millones), Valencia (1.055 millones) y Castilla y León (742 millones).

Frente a la campaña de Feijóo, la oposición en Galicia confronta su mala gestión de los fondos comunitarios ya asignados, la mitad de los cuales podrían perderse si la Xunta no proyecta y cofinancia las actuaciones necesarias para gastarlos.

El portavoz del BNG en la Cámara autonómica Luis Bará recuerda que la representante del Bloque en Bruselas y eurodiputada hasta el 2019, Ana Miranda, ya había denunciado el año pasado que la desidia de la Xunta ponía en peligro las cantidades asignadas a Galicia, "con las necesidades que tiene este país, con sectores productivos tan tocados y con su nivel de desempleo entre los jóvenes [un 35,6% entre los menores de 25 años, según la Encuesta de Población Activa, cinco puntos por encima de la media estatal]".

En diciembre pasado, el BNG también advirtió que Feijóo pretendía reprogramar en otros capítulos cerca de 115 millones de euros de los 175 que la UE había destinado a infraestructuras de saneamiento en las rías y que la Xunta no quería cofinanciar.

Por su parte, el portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Luis Álvarez, reprochó a Feijóo en el pleno del pasado 26 de enero que su Gobierno aún no haya gastado más de la mitad del dinero de la UE entre el 2014 y el 2020, puso en duda su capacidad para emplear esas partidas "eficazmente" y le acusó de hacer "seguidismo" de Casado.

En el último pleno del Parlamento gallego que debatió este asunto Feijóo dijo que la Xunta ha programado "el 84%" del gasto total, porcentaje que contradice al del 48,5% que aparece en el informe oficial de su Gobierno y que, en todo caso, y aun siendo cierto, representaría una pérdida de casi 183 millones de euros porque dejaría sin ejecutar el 16% restante.

Público ha pedido a la Xunta su versión sobre estos extremos, y la Consellería de Facenda del Ejecutivo autonómico afirma que Galicia "tiene comprometido el 93,17% del programa, siendo la tercera comunidad de España con mayor porcentaje, casi 20 puntos por encima de la media de las comunidades españolas". Lo cierto es que hace tres meses, el propio Feijóo dio en Bruselas una cifra que ni siquiera coincide con ninguna de las dos anteriores. Según dijo durante una visita a la capital belga, tal y como recoge una nota de prensa de la Xunta, Galicia tenía "comprometidos el 100%" de los fondos "y desembolsados casi el 50% de los mismos".

Aunque en el último informe enviado a Bruselas del anterior programa operativo, el del septenio 2007-2013, sí figura la advertencia del propio Gobierno de Feijóo de que el ritmo futuro de ejecución de fondos podía verse comprometido porque a finales del 2013 también se habían quedado sin gastar enormes cantidades de fondos comunitarios: más de 154 millones del Feder y otros 90 milllones de euros del Fondo Social Europeo (FSE). Es decir un 38%, casi cuatro de cada diez euros de los que la UE destinó entonces a Galicia. Eso, advetía el documento hace ocho años, podría "tener un efecto negativo de cara al nuevo periodo, por el retraso que puede generar".