El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), pagó 14.5000 euros por la realización de un informe que ayudase a justificar su decisión de no recurrir la absolución de Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre. El encargado de elaborar este documento fue el conocido bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo, que en los últimos años ha defendido o defiende a otrora ilustres dirigentes del PP, y que en algunas ocasiones también ha empleado a otros políticos o técnicos de la órbita conservadora.

Sin ir más lejos, el abogado penalista Carlos Aguilar es socio del mismo despacho y defiende a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, imputada desde septiembre en la trama Púnica. El mismo bufete fue anteriormente contratado por la exconsejera de Educación de Aguirre, Lucía Figar, también imputada en la trama corrupta que investiga la Audiencia Nacional.

El mismo letrado ha defendido al exministro del Interior, Justicia y Administraciones Públicas Ángel Acebes, también exsecretario general del PP, que  ha afrontado el banquillo de los acusados en el juicio por la ruinosa salida a Bolsa de Bankia, entidad de la que fue consejero -hoy está pendiente de sentencia, prevista para 2020-.

Acebes fue uno de los hombres fuertes del expresidente del Gobierno José María Aznar, que fue quien catapultó al fallecido Miguel Blesa hasta la cúpula de Caja Madrid. Blesa, condenado a seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida en el marco del juicio por las tarjetas Black, también requirió los servicios del mismo bufete.

A su vez, en este despacho trabaja hoy por hoy Percival Manglano, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto excompañero de Almeida en el grupo municipal. Así lo recoge su perfil en Linkedin donde aparece como Legal Trainee del bufete. Anteriormente trabajó para este despacho Cristina Coto del Valle, exjefa de Gabinete de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia, como también expone en su perfil en la misma red social (concretamente, durante dos años y siete meses).

El Ayuntamiento no quiere revelar por qué otros despachos tenían "conflicto de intereses"

Botella fue condenada en primera instancia por el Tribunal de Cuentas, su condena fue revocada en segunda instancia, y el Consistorio ha hecho todo lo posible por no presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, blindando así a la exalcaldesa y esposa del expresidente Aznar. El agujero en las arcas públicas causado por esta venta de vivienda social fue, según el propio Tribunal de Cuentas, de 25.7 millones de euros.

El propio Almeida rechazó recurrir la revocación de la condena afirmando que no quería "derrochar" dinero público de los madrileños en “venganzas estériles”, y luego gastó 14.500 euros en este informe. Además, el bufete finalmente contratado cobra hasta 500 euros por hora de trabajo, según se desprende del expediente de contratación al que ha accedido Público. 

Además, la EMVS ha rechazado explicar por que se ofertó este contrato a un total de cuatro despachos, de los que tres directamente respondieron que existían conflictos de intereses que les impedían desarrollar esta labor. No ha aclarado esta cuestión, ni los grupos de la oposición saben explicar por qué la EMVS, que fue quien decidió a qué despachos ofertar, les planteó esta propuesta cuando tres de ellos eran conscientes, y así lo hicieron saber a posteriori, que tenían conflictos de intereses para aceptarla. Ofreció desarrollar este informe a los despachos Garrigues, Quatrecasas y Pérez Llorca.

La EMVS, controlada por PP y Ciudadanos, tampoco desvela a qué obedecen esos conflictos de intereses. Su única respuesta a las preguntas de este diario es que "La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo prefiere no comentar los procedimientos internos de contratación, que en todo momento se ajustan a la legalidad vigente".

El informe de CMS Albiñana & Suárez de Lezo fue presentado durante el Consejo de Administración de la EMVS del 27 de septiembre, exactamente el último día en el que era posible presentar recurso, y la oposición criticó que el órgano que preside Diego Lozano –exjefe de Gabinete del expresidente madrileño Ignacio González, imputado en varias causas por corrupción- no consultara siquiera al Consejo antes de encargar un informe por este importe.

Los grupos de Más Madrid y el Partido Socialista reclamaron acceder al expediente entonces, como hizo este diario, si bien este documento no se conoció hasta el 15 de octubre, más de dos semanas después. La EMV ni siquiera dio respuesta a este medio cuando fue preguntada por el coste de este trabajo.

El expediente de contratación recoge que el contrato firmado, que se queda sólo 3.000 euros por debajo del umbral legal que no pueden sobrepasar los contratos menores (fue de 12.000 euros más IVA, el tope son 15.000), no podría haber superado en ningún caso los 14.000 euros más IVA, esto es: sólo 1.000 euros por debajo del importe máximo para firmar este tipo de contratos.

Entre las maniobras de Almeida para proteger a Botella -cuya sentencia revocatoria de condena fue además lograda por el voto a favor de dos vocales afines al PP-, también se cuenta el cese de la directora de los Servicios Jurídicos de la EMVS, Paloma Herranz. Era quien había seguido el caso en detalle, quien ultimaba el recurso, avalado también por el Pleno del Ayuntamiento. Pero Almeida ya tenía claro que no pensaba recurrir la absolución de Botella.