La confusión se ha instalado entre la ciudanía madrileña esta última semana. Las medidas anunciadas el pasado viernes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, provocaron protestas en las calles y muchas dudas respecto al futuro de la región. Mientras que desde el Gobierno -a través del titular de Sanidad, Salvador Illa- se pedía a la ciudadanía madrileña salir de casa lo mínimo posible, el gobierno regional limitaba las restricciones únicamente 37 zonas básicas de salud.
Un choque entre el Ejecutivo y el gobierno regional que se ha hecho patente este viernes. A la vez que comparecía el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, para dar cuenta de las nuevas restricciones, daba una rueda de prensa desde la Moncloa el ministro Illa. Dos comparecencias paralelas pero con mensajes contradictorios: Zapatero anunciaba una ampliación de las restricciones en ocho nuevas áreas e Illa pedía restricciones más duras.
A lo largo de la semana, en las reuniones entre las autoridades sanitarias del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo había pedido por carta restricciones en Madrid capital y los municipios que superaran los 500 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, según ha podido saber Público, las autoridades sanitarias de la comunidad también las veían adecuadas y se había trabajado sobre aplicar medidas propias de la fase 1 de la desescalada.
Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid han interpretado la comparecencia del ministro de Sanidad como una "contraprogramación evidente" por parte del Ejecutivo central y una "deslealtad institucional absoluta" con el gobierno madrileño. Por su parte, desde el Ejecutivo advierten que tomarán "las decisiones que tenga que tomar por el bien de los ciudadanos de Madrid" si lo consideran necesario, aunque de momento descartan la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
'Adiós' a la cooperación 4 días después de anunciarse
Hacía apenas una semana que Ayuso había pedido al Gobierno central que se implicara para frenar el avance del coronavirus en la región, la más afectada de Europa en número de casos. "Necesitamos su ayuda", señaló el pasado viernes, en una declaración junto al vicepresidente Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Eso sí, la dirigente popular ya advirtió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no iba a "tutelar" sino a "colaborar".
En esa misma comparecencia anunció que su gobierno restringiría la movilidad en 37 zonas básicas de salud: 26 zonas de área sanitaria de seis distritos de la capital y otras 11 zonas de siete municipios, principalmente situados al sur de la región. La directriz marcada fue que no se podría salir ni entrar en ellas salvo desplazamientos justificados. Estas medidas provocaron la movilización de miles de vecinos de los barrios madrileños afectados por las restricciones al considerarlas "segregatorias".
El lunes Sánchez y Ayuso escenificaban -24 banderas mediante- una imagen de unidad entre administraciones, anunciando la creación de un "espacio de cooperación" para dar respuesta a la situación sanitaria de la región. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó el encuentro para lanzar sus habituales críticas contra el Gobierno y se quejó de falta de financiación y de medios: "Madrid sabe lo que tiene que hacer, pero le faltan recursos", dijo a escasos metros de Sánchez.
La dirigente conservadora trató por todos los medios de exculpar la gestión de
su gobierno —formado por una coalición entre PP y Cs— del repunte de casos de covid-19. Para ello, Ayuso recurrió a los argumentos estrella de Vox: los menores no acompañados (denominados 'menas' por la formación ultraderechista), la delincuencia y la okupación, a los que se refirió como "problemas derivados del virus", pese a que no hay ningún dato que avale tal afirmación.
Dos días después -el miércoles- el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, anunciaba que el Ejecutivo regional pediría al Gobierno central un "apoyo militar urgente" para la instalación de carpas para hacer test serológicos y desinfectar en zonas con restricciones y un despliegue de 222 policías y guardias civiles para que la los habitantes de las zonas restringidas cumplan las normas.
Manifestaciones con cargas policiales en Vallecas
Unas 300 personas se concentraron en la tarde del jueves en el centro de salud Ángela Uriarte, en Puente de Vallecas, y después continuaron su protesta frente a la Asamblea de Madrid. Los manifestantes clamaban contra las medidas tomadas por el Gobierno regional y pedían la dimisión de la presidenta Ayuso. Tres personas fueron detenidas y seis personas heridas, entre agentes y manifestantes, tras una carga -aparentemente injustificada- de la Policía Nacional. Sin embargo, desde el cuerpo de seguridad del Estado se aseguró que esta había sido "totalmente proporcional".
Los sanitarios del Samur-Protección Civil asistieron a una chica de 17 años con una brecha en la cabeza, que se negó a ser trasladada a un hospital. También se atendió a un chico de 19 años con una contusión de cabeza que no necesitó ser trasladado a ningún centro sanitario y a cuatro policías por contusiones leves.
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