El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, y su vicepresidenta con competencias en materia de menores, Mabel Deu, admitieron este martes en una rueda de prensa que no se han realizado informes individualizados a los 45 menores que han sido devueltos a Marruecos, pese a que la Ley de Extranjería lo requiere.

El presidente ceutí se ha excusado en un acuerdo firmado entre España y Marruecos en marzo de 2007, en el que no se establece un protocolo para la repatriación de los menores. "El marco normativo establece que los dos gobiernos se pondrán de acuerdo para determinar cuál es el procedimiento, no establece ninguno especifico", argumentaba Vivas para explicar por qué no existen dichos informes. 

Así, se confirman la sospechas de las asociaciones en defensa de los derechos del menor, que desde que empezaron estas devoluciones han asegurado que no se hacían conforme a lo que se dicta en la Ley de Extranjería. Las repatriaciones de menores fueron paralizadas durante 72 horas de forma cautelar por un juzgado de Ceuta, a la espera de que se dirimiesen las disquisiciones judiciales. Este miércoles es el último día para aclarar el asunto. 

El Gobierno de Ceuta ha asegurado que no se ha trasladado a ningún menor en situación de vulnerabilidad y que siempre se ha atendido al interés de los mismos. "La intencionalidad que ha tenido la decisión política es atender el interés del menor. No me siento autorizado para opinar si el procedimiento ha sido el correcto o no", ha dicho Juan Vivas, que ha depositado toda su confianza en la resolución judicial. 

El criterio para la devolución de estos menores lo ha fijado un "equipo multidisciplinar" de la Fundación Samu, que son quienes han asistido a los menores en los albergues y campamentos desplegados para su acogida.
Estos técnicos, como ha explicado Vivas, han estudiado si hay algún caso de vulnerabilidad que les impidan ser entregados a sus familias, y que cuando se ha detectado vulnerabilidad han sido objeto "de un tratamiento específico".

Interior también se ha apoyado en el acuerdo con Marruecos

Fernando Grande-Marlaska ha explicado que Ceuta pidió la aplicación del acuerdo con Marruecos firmado en 2007 y que entró en vigor en 2013. Una vez analizados todos los menores y determinado su vulnerabilidad, se ha tenido en cuenta el interés superior del menor y la Convención de los Derechos del niño que prioriza la reagrupación familiar para que vuelvan "a formar parte de su entorno familiar y social".

Convencido de que se ha respetado el ordenamiento jurídico, Marlaska no ha querido anticiparse a la decisión de los tribunales, pero "si alguna cuestión hay que corregir se corregirá", y ha recordado que "todas las instituciones, y también las ONG, actúan para una tutela efectiva de los menores".

"De esto es de lo que no puede caber alguna duda", ha enfatizado el titular de Interior, que ha vuelto a enmarcar el proceso de retorno en el cumplimiento de un acuerdo con un país colindante que requiere "una singularidad concreta" porque lógicamente el flujo de menores marroquíes es "de mayor entidad".

¿De quién es la responsabilidad?: del otro

Después de que este martes la Audiencia Nacional solicitara a Interior una explicación sobre la repatriación colectiva de menores en Ceuta, este miércoles el ministerio que rige Grande-Marlaska ha alegado que la orden de retorno la dio el Gobierno de la ciudad autónoma y no su propio gabinete.

"No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos", alega el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska en un escrito en el que añade que "no se trata de un acto dictado por un ministro o secretario de Estado"

En respuesta al recurso presentado ante la Audiencia Nacional por parte de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, el Ministerio del Interior ha alegado que quien solicitó la aplicación del acuerdo por el que se ordena la devolución de los menores –el firmado entre España y Marruecos en 2007—, fue el Gobierno ceutí.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había reclamado al Ministerio del Interior que remitiera en un plazo de 24 horas el documento oficial —firmado el pasado 10 de agosto— con el que el ordenó ejecutar las devoluciones de los Menores Extranjeros no acompañados.

Ante esta eximición de responsabilidad por parte del ministerio de Grande-Markasla, el presidente de Ceuta ha sostenido que la situación de los menores es "un problema de Estado". 

Preguntado, en una entrevista en la COPE, por la posibilidad de que desde el Gobierno o el ministerio que dirige se delegue toda la responsabilidad de la actuación en el Ejecutivo de la ciudad, Vivas ha respondido que espera "que eso no ocurra" y ha insistido en que él habla "frecuentemente" con el ministro "y esto se está haciendo de manera conjunta" porque "es un problema de Estado".

Por otra parte, cuestionado sobre si existen los correspondientes expedientes para cada menor o se han documentado los tratamientos individualizados, el presidente de Ceuta ha señalado que "ese detalle" no lo conoce, aunque ha asegurado que "los menores han estado debidamente atendidos" por "personal cualificado".