Ya está plenamente confirmado. Al Gobierno del PP no le gustan nada, pero nada, las consultas ciudadanas. Los conservadores no quieren referéndums en torno a temas territoriales, pero tampoco sobre cualquier otro tipo de cuestión. Así lo han comprobado los vecinos de Basauri, una localidad vizcaína de 41.000 habitantes que este domingo pretendía, bajo el amparo legal del ayuntamiento, pronunciarse en las urnas sobre un proyecto urbanístico que afectará directamente a la vida de la ciudadanía. Sin embargo, el tándem Delegado del Gobierno-Abogacía del Estado ha conseguido prohibirlo.

La convocatoria de referéndum había salido adelante a raíz de un acuerdo entre los grupos municipales de PNV y EH Bildu. El objetivo era conocer la opinión de la ciudadanía sobre el plan de regeneración urbanística de los barrios San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, un proyecto de gigantescas proporciones urbanísticas –y también económicas- que incluye la construcción de un buen número de viviendas, la ampliación y peatonalización de distintos espacios y hasta una nueva estación de tren. “Se trata de un tema que afecta a tres barrios que están pegados al corazón de Basauri, por lo que resulta fundamental que la gente pueda expresarse”, señaló a Público Txente Zuloaga, portavoz de Otro Basauri es Posible, la plataforma que impulsó este proceso.

A nivel legal, el gobierno municipal enmarcó la convocatoria en el artículo 82 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, aprobada hace pocos meses. Allí se establece que “las entidades locales vascas podrán llevar a cabo consultas ciudadanas abiertas de carácter local sobre políticas o decisiones públicas”. De hecho, la corporación organizó un sorteo para elegir a los voluntarios que trabajarían durante la celebración del referéndum, una tarea para la que se habían apuntado 300 personas.

De repente, la ilusión se convirtió en rabia. Cuando faltaban diez días para las votaciones, la Abogacía del Estado –siguiendo lo marcado por el Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo- se dirigió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao para solicitar que suspendiese el acto, alegando que la consulta excedía las competencias municipales y, por tanto, no podía celebrarse. En un fallo emitido pocos días después, el tribunal dio la razón al Estado. En conclusión, Basauri no podrá votar por impedimento legal. “La gente está disgustada y molesta, porque se está quitando la posibilidad de opinar sobre un tema muy importante”, afirmó Zuloaga.

De esta manera, las únicas urnas que se instalarán en Basauri serán las destinadas a elegir la composición del nuevo Parlamento Vasco. Las otras 16 que se iban a colocar este domingo, dirigidas a recoger la opinión de la ciudadanía en torno al plan de regeneración urbanística de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, tendrán que esperar. “Todo esto ha generado una mezcla de incredulidad y pena entre la población. No nos parecen lógicas estas injerencias”, lamentó el portavoz de Otro Basauri es Posible.

"Ataque del Estado"

Esta noticia también cayó como un balde de agua fría en el despacho del alcalde, el peneuvista Andoni Busquets. “La suspensión de la consulta responde claramente a motivos políticos, no jurídicos, y supone un ataque directo a la autonomía y la capacidad de decisión y acción del ayuntamiento de Basauri y de los propios basauritarras”, sostuvo el responsable municipal, quien subrayó que se trataba de una votación “sin matiz político alguno, relativa a un proyecto estratégico para el futuro de esta localidad”. Mirando más allá de lo estrictamente municipal, Busquets no dudó en calificar esta actuación del gobierno de Rajoy “otro ataque más del Estado a las decisiones democráticamente adoptadas en las instituciones vascas”.

El ayuntamiento, en manos del PNV, denuncia “otro ataque más del Estado a las decisiones democráticamente adoptadas en las instituciones vascas”

En este contexto, el alcalde de Basauri anunció que no renunciará a “reivindicar y defender en los tribunales que la consulta se pueda llevar a cabo”, al tiempo que se comprometió a “buscar otras vía” para que pueda celebrarse. De hecho, Busquets aseguró que el equipo de gobierno buscará “otras fórmulas que garanticen un proceso de consulta serio y los más inmediato posible sobre este plan, a fin de no retrasar la actuación urbanística municipal en San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe”.

"Asumir riesgos"

Por su parte, el grupo municipal de EH Bildu –socio del PNV en esta convocatoria- suscribió las declaraciones formuladas por el alcalde en torno al carácter “político” de esta resolución, aunque mostró sus discrepancias en torno a su cumplimiento. “Debemos acatar la Ley Municipal y el acuerdo ratificado por la mayoría del pleno para que dicha consulta se celebre”, señaló su portavoz, Javi Valle. “No le pedimos heroicidades al alcalde –continuó-. Somos plenamente conscientes de que desobedecer esta decisión arbitraria, antidemocrática y carente del mínimo atisbo de razonamiento jurídico traería como consecuencia la apertura de un apercibimiento penal”. Sin embargo, aseguró que la coalición abertzale está dispuesta a “asumir los riesgos pertinentes”. El Delegado del Gobierno tomará nota.