El Gobierno está estudiando nuevas fórmulas jurídicas para que la violencia económica, especialmente el impago de las pensiones, sea reconocida como una modalidad de violencia de género en el Código Penal. 

El debate se abrió el pasado noviembre de 2021 después de que la magistrada Lucía Avilés enviara una carta solicitando al Ejecutivo esta iniciativa. La titular de juzgado número 2 de Mataró basó su exposición razonada al Gobierno en una sentencia dictada a raíz del impago de una pensión alimenticia en un procedimiento de "mutuo acuerdo". 

El convenio regulador existente invisibiliza el contexto de violencia en el que se pueden encontrar algunas mujeres. Actualmente, el impago de pensiones sí es recogido como delito en el Código Penal pero aparece desligado de la violencia contra las mujeres.

Pedro Sánchez y otros tres ministros agradecen la iniciativa

En una carta enviada desde la Moncloa respondiendo a la magistrada Avilés, el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a estudiar con detenimiento la propuesta con el objetivo de "tipificar, de manera específica y adecuada, la violencia económica como modalidad de violencia de género".

La magistrada también ha recibido contestación de los ministerios de Justicia, Igualdad e Interior.

La ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, ha reconocido en su escrito que a pesar de que la Ley contra la Violencia de Género de 2004 situó a España a la vanguardia en la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad real y efectiva, merece ser modernizada y mejorada. "Erradicar la violencia machista es una prioridad para este Gobierno", sentenciaba.

Por su parte, el gabinete dirigido por Irene Montero le informaba de que la iniciativa ya había sido elevada a consulta jurídica para que los órganos técnicos indicaran el procedimiento a seguir. Mientras que Grande Marlaska agradecía a la magistrada su interés por combatir una forma de violencia que ya ha acabado con la vida de 1.130 mujeres desde el 1 de enero de 2003.

"Una deuda histórica con las mujeres"

La iniciativa no se limitaba sólo a hablar del impago de pensiones sino que abordaba también otras cuestiones como el control económico y financiero o el "sabotaje laboral". Con su propuesta, la magistrada defendía la necesidad de saldar "una deuda histórica con las mujeres" haciendo hincapié en que se trata de una de las tres grandes violencias invisibilizadas, junto a la sexual y la psicológica.

La aceptación de su planteamiento supone un gran avance en la lucha contra las violencias machistas y la actualización de la normativa permitiría adaptar el Pacto de Estado contra la violencia machista al Convenio europeo de Estambul, donde se hace expresa mención de la violencia económica, la violencia vicaria y la violencia en el ámbito digital.

La renovación de la legislación actual podría poner fin a la legitimación y complicidad estatal con las violencias machistas al ofrecer una respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres.