El Gobierno ha demostrado la importancia que confiere a que se apruebe este jueves el paquete fiscal que ha ido pactando, por partes, con varios de sus aliados parlamentarios. Para muestra, la sesión de la Comisión de Hacienda que se alargó durante prácticamente ocho horas el pasado lunes. Finalmente, mediante un pacto in extremis con ERC, EH Bildu y BNG ―además de los que había alcanzado antes con Junts y PNV― se consiguió desatascar la negociación y alumbrar un texto con cierto consenso ―quién sabe si suficiente― para llevar a Pleno. A la hora de publicación de este artículo, no hay nada decidido, pero todo se resolverá en las próximas horas.

Para empezar, hay que remarcar que ambos acuerdos son difíciles de conjugar. El Gobierno pactó con las izquierdas soberanistas, el pasado lunes, la prórroga de un año para el impuesto a las energéticas. Cuando había pasado algo más de una hora desde que se conociera dicho acuerdo, el Ministerio de Hacienda envió a los periodistas un comunicado oficial en el que subrayaba su pacto con Junts per Catalunya de "no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización". 

Genera confusión. La postura del PSOE es que no es contradictorio prorrogar el impuesto a las eléctricas y eximir de la carga a las que apuesten por la descarbonización. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Eximir a las que reducen parte del impacto medioambiental que genera su negocio basado en las energías fósiles? ¿A las que invierten parte de sus beneficios en proyectos verdes de descarbonización? Son preguntas que están sobre la mesa y que pueden ser importantes para ganar ―o no perder― apoyos antes del Pleno. En Junts no suena bien la música del acuerdo que alcanzó el Ejecutivo con ERC, EH Bildu y BNG.

Es cierto, con todo, que este jueves no se vota ese impuesto. Si Hacienda cumple su compromiso con las izquierdas, se vehiculará a través de un Real Decreto-Ley, que posteriormente tendrán que convalidar los grupos. Aparece la duda, en este punto, de si Junts accederá a apoyarlo. De todas formas, fuentes de dentro del grupo parlamentario de Junts insisten en que "lo que se vota este jueves no tiene que ver con las energéticas". Eso "es otra cosa". Por lo tanto, parece bastante claro que los posconvergentes apoyarán el grueso del paquete fiscal dejando en el aire su actuación con respecto al decreto. 

Desde Esquerra Republicana, por su parte, exigen al Gobierno que verbalice en público el compromiso de prorrogar el impuesto a las energéticas. Es decir, no se vota este jueves, pero para que ERC, EH Bildu y BNG den su apoyo a lo que sí se vota (el resto del paquete fiscal) es condición imprescindible que se les asegure que saldrá adelante el decreto de las energéticas.

En Podemos desconfían de todo ello y, desde el primer momento, han puesto sobre la mesa dos condiciones para dar su "sí" a las votaciones de este jueves: prorrogar el impuesto a las energéticas sin eximir a las empresas que apuesten por la descarbonización ―lo que lo convertiría más inasumible para Junts― y, precisamente, algún tipo de seguridad de que los de Carles Puigdemont no lo timbarán. Parece difícil.

Fuera como fuera, este jueves la mayoría de las incógnitas se convertirán en certezas. Así, en el Pleno se vota, por un lado, el dictamen de la Comisión de Hacienda (el impuesto del 15% a las multinacionales, al que obliga la Unión Europea, y una serie de medidas fiscales que se incorporaron al texto) y, por otro, otras enmiendas que quedaron vivas el lunes. Entre ellas, el mantenimiento del impuesto a la banca, que, según ha podido saber Público, centra en parte estos últimos compases de la negociación. 

Aunque antes, el Gobierno trabaja para asegurar que el texto que se acordó en comisión sale adelante. Para eso, los votos de Podemos son fundamentales. Una voz autorizada de la formación aseguró a este medio que votar en contra y tumbarlo todo es una opción. Una abstención de los morados bastaría para que se diera luz verde al paquete.

La otra vía de negociación que tiene abierta el Ejecutivo, tal y como confirman fuentes gubernamentales y también formaciones como ERC o EH Bildu, tiene como protagonistas al resto de las enmiendas. En especial, la del impuesto a la banca. Los abertzales explican que siguen negociando y que "la idea es que [el impuesto] se recupere" en el Pleno. Así, Hacienda trabaja para que el paquete que, eventualmente, salga mañana sea amplio. Es una negociación en dos niveles. Primero, que salga lo básico y, si sale, conseguir el máximo de medidas extra. Hay que recordar que, además de la de la banca, se mantienen vivas enmiendas como el impuesto al diésel o la subida del IVA a los pisos turísticos. En ERC dicen que no descartan apoyar las que, "según su criterio", sean buenas para la ciudadanía.

Incertidumbre en el Gobierno

En las filas socialistas la incertidumbre es palpable. "Veremos qué pasa, ya sabéis cómo fue el lunes", destacaba este miércoles un dirigente socialista en el Congreso. No se oculta que una reforma fiscal de este calado es más compleja que otras negociaciones anteriores, por el empaque ideológico que tiene.

Durante la jornada de este miércoles, el PSOE miraba con un ojo la comparecencia de Teresa Ribera mientras en los pasillos se expresaban las dudas sobre cómo será el resultado final de las votaciones de este jueves. El asunto salió además durante la sesión de control por las críticas del PP y las respuestas de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. La ministra, principal negociadora de este asunto, defendió la reforma fiscal porque se necesitan "ingresos que proporcionen mayores recursos, den igualdad de oportunidades, permitan luchar contra el cambio climático y que los que más tienen, más paguen".

Desde el Ministerio de Hacienda, las fuentes consultadas recalcan los equilibrios necesarios que se han tenido que hacer teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria. Defienden que "no tiene lógica" que Podemos en concreto tumbe todo el paquete fiscal, que incluye "clara mejoras", por no incluir específicamente el impuesto a las energéticas. "Junts está más amarrado que Podemos", señalan, porque el partido de Puigdemont consideran que no tienen motivo para cambiar el voto.

Los socialistas ya deslizan que confían en que la fuerza morada pueda optar por una abstención al final aunque marque claramente su rechazo. De este modo, y contando con que Coalición Canaria vote a favor, al menos el texto acordado en comisión saldría adelante. Siempre y cuando el exdiputado del PSOE José Luis Ábalos no opte por oponerse al mismo. La votación tendrá lugar, según informan fuentes de la Cámara Baja, sobre las 16 horas.