El Gobierno se encuentra inmerso en la primera votación de 2024 y la más difícil desde que empezó la legislatura, habida cuenta de las discrepancias que ha despertado en las filas de Junts per Catalunya y Podemos. Los independentistas se niegan, por el momento, a convalidar los tres decretos-leyes con medidas sociales que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre, aunque continúan las negociaciones. Habrá que recurrir a la foto finish. Los morados ya han confirmado su "no" al decreto 7/2023, el que incluye medidas para el desempleo y la conciliación familiar. Los votos en contra de Podemos, sumados a los de Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), tumbarán el paquete de medidas. 

Durante la mañana, Díaz se ha dirigido, directamente, a las formaciones que se posicionan en contra de dicho decreto para advertirles de que son ellas las que deciden "si el subsidio que percibe una persona en situación de desempleo es de 480 euros al mes o de 570". No han funcionado sus palabras con Podemos, cuya portavoz, Ione Belarra, ha lamentado, en declaraciones a los medios a las puertas del hemiciclo, no haber alcanzado un acuerdo con los socialistas.

En los primeros compases de la jornada, Bolaños ha defendido a capa y espada la acción del Gobierno, contraponiéndola a la de las formaciones que se oponen a una serie de medidas que el propio Ejecutivo considera imprescindibles para el bienestar de la ciudadanía. "Hoy", ha insistido Bolaños, "los ciudadanos podrán comprobar si los representantes a los que eligieron el 23-J en las urnas están aquí para facilitarles la vida o para dañarles, si con ello creen que también dañan al Gobierno".

El primer debate de la jornada ha correspondido al decreto 6/2023, que el Ejecutivo espera que progrese para poder solicitar el cuarto pago de los fondos de recuperación de la Unión Europea, valorado en 10.000 millones de euros, pero que encuentra un muro en Junts. La UE puso una serie de condiciones para desembolsar esta nueva partida. Y es, precisamente, una de las modificaciones legislativas que incluye el decreto, que el Gobierno explica que se incorporó a instancia de la UE —la que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil— la que ha llevado a los de Carles Puigdemont a negarse a apoyar el paquete porque, según han explicado, podría poner en peligro la aplicación de la ley de amnistía, algo que descarta el PSOE.

Tanto Esquerra Republicana (ERC), como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), como Podemos han anunciado su voto favorable a las medidas de este primer decreto. Eso sí, todos ellos han afeado la fórmula que ha vuelto a elegir el Gobierno. "Los grupos parlamentarios no estamos a su servicio", ha recalcado Pilar Valluguera, de Esquerra, aunque, en línea con lo que ha venido trasladando su formación en los últimos días, los republicanos han priorizado apoyar un conjunto de medidas que consideran importante para el bienestar de los ciudadanos.

No obstante, es un sentir general entre los aliados del Gobierno la incomodidad con la "disparidad de medidas", tal y como la han definido desde ERC o el BNG, que se han incluido en los decretos. Engracia Rivera, diputada de Sumar, ha justificado la "variedad" por la urgencia de cumplir con los hitos que marca la UE y que son condición para recibir los 10.000 millones de euros de los fondos europeos. PP y Vox han subrayado, en sus intervenciones, una oposición férrea al decreto.
El futuro del decreto 'ómnibus' sigue en el aire.

El decreto del subsidio no prosperará

Si Bolaños ha argumentado la importancia que confiere el Gobierno a aprobar el decreto 'ómnibus', Yolanda Díaz ha hecho lo propio con el decreto para la protección del desempleo y para la conciliación familiar. La ministra de Trabajo y Economía Social ha advertido a Junts per Catalunya y a Podemos que, con su voto, están decidiendo si la gente que percibe el subsidio por desempleo "recibe 480 euros al mes, como hasta ahora, o 570".

La encargada de defender la postura de Podemos, que ha confirmado su negativa a convalidar el decreto, ha sido la diputada Noemí Santana. El punto que ha condicionado el voto negativo de los morados es el "recorte", en las palabras de Santana, que implica la rebaja progresiva en la base de cotización para la jubilación en mayores de 52 años. "Estamos deseando votar a favor", insistía la diputada a media mañana.

Podemos ha acusado al Gobierno de no negociar, mientras que la portavoz de Sumar, Marta Lois, ha aseverado, en su intervención, que este paquete de medidas "aumenta la cantidad que reciben las personas desempleadas y la cobertura del desempleo" y que "esta es una votación que debería salir por unanimidad". Es un decreto que también incluye medidas para universalizar el permiso de la lactancia hasta 28 días. No saldrá adelante.

Decreto anticrisis: muchas medidas sociales en juego

El decreto anticrisis es el que incluye más medidas sociales. Se trata, de hecho, de la prórroga del 'escudo social' para que los ciudadanos puedan afrontar los efectos económicos derivados de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. Así lo ha defendido Bolaños, secundado por Marta Lois (Sumar) —quien ha pedido a las formaciones más críticas que se abran a apoyar los decretos como proyectos de ley con enmiendas— y con el apoyo de Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra, Coalición Canaria, EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego.

Junts solo ha intervenido una vez en toda la mañana. Lo ha hecho su portavoz, Míriam Nogueras, que ha recriminado al PSOE haber empezado a negociar "demasiado tarde" y, además, haber aprobado los tres reales decretos en Consejo de Ministros sin pactar con la formación independentista. Nogueras le ha retado a hacer los decretos "sin trampas" para ganarse sus siete apoyos, llevando la negociación al límite y sugiriendo su voto negativo, aunque dejando la puerta abierta a un acuerdo de última hora.

"Hay que llegar a una situación límite para que se entienda que, cuando dijimos que no daríamos nuestros votos a cambio de nada era cierto", ha deslizado Nogueras. La portavoz ha insistido, por otra parte, en que este Gobierno "no parece estar dispuesto a aprobar mejoras para Catalunya sin extenderlas al resto de comunidades, obviando la singularidad catalana". Con todo, Junts ha recordado al Ejecutivo que "no tiene mayoría" y que, por tanto, tiene que negociar.

(Habrá ampliación)