Poco ha tardado el Gobierno en encontrar la oposición de Junts per Catalunya. La formación independentista catalana insistió, desde el primer momento, en que su apoyo a la investidura no era un "cheque en blanco" y, a juzgar por su posicionamiento en cuanto al conjunto de decretos cuya convalidación se votará en el Congreso, casi con total seguridad, en el Pleno extraordinario del 10 de enero, decían la verdad. El partido que lidera Carles Puigdemont votará en contra. Pero, ¿por qué? ¿Qué incluye el decreto y por qué se ha plantado Junts?

Está previsto que el miércoles se vote la convalidación de tres reales decretos y el "no" de Junts per Catalunya afectaría a los tres, tal y como ha podido saber Público. En cualquier caso, el principal punto de fricción entre el Gobierno y los de Puigdemont se encuentra en uno de ellos, el que incorpora medidas en las materias de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que incluye, además, puntos fundamentales para que el Gobierno de España pueda solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación, que alcanzaría la suma de 10.000 millones de euros. 

El problema está en un apartado del Real decreto-ley de "medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" que aprobó, el pasado día 19 de diciembre, el Consejo de Ministros. Es un artículo que ha levantado sarpullidos en Junts per Catalunya hasta el extremo de anunciar su voto en contra. Se trata del artículo 103, que incorpora una serie de modificaciones a la ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, el partido de Puigdemont considera que, con su aprobación, podría peligrar la aplicación de la amnistía por la reforma del artículo 43 bis de dicha ley, que tiene que ver con las cuestiones prejudiciales europeas.

Grosso modo, el 43 bis especifica la congelación de los procedimientos judiciales cuando se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y hasta que el Tribunal resuelva el caso, algo que, a todas luces, ocurrirá una vez la ley de amnistía haya superado la vía parlamentaria, se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los jueces tengan que aplicarla. La ley de amnistía prevé un margen de dos meses para que lo hagan, pero, según reza el decreto, la cuestión prejudicial podría paralizar cualquier proceso.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insiste en que la modificación del artículo no conlleva ningún cambio en la ley porque esa paralización de los procesos al interponerse una cuestión prejudicial al TJUE es algo que ya se venía haciendo con regularidad, pero que la Comisión Europea pedía incorporarlo también por escrito para fijar en España la jurisprudencia que se ha marcado a nivel europeo.

Son explicaciones que, al menos por el momento, no han convencido a Junts, que rechaza dar su apoyo al decreto y compromete la mayoría parlamentaria de la que dispone el PSOE. En una reunión que tuvo lugar durante este jueves, Jordi Turull, secretario general de Junts, y Santos Cerdán, secretario general del PSOE, no han logrado alcanzar ningún tipo de acuerdo, según ha trascendido.

¿Qué más medidas incorpora este decreto?

Un amplio apartado del decreto tiene que ver con la adaptación de la Justicia a las nuevas realidades digitales, tanto en lo referente al funcionamiento interno de los servicios judiciales, como al acceso de los ciudadanos a los mismos, a través de herramientas digitales. En el apartado de función pública, el decreto abunda en la remodelación de la "Administración del siglo XXI", es decir, en otorgar potencial al sector público pivotando en cuatro elementos: "el acceso al empleo público y selección del personal, la evaluación del desempeño y carrera profesional, así como la figura del directivo público profesional".

En el texto también figuran medidas para promover el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, mejorar los procesos de selección de personal, garantizar la imparcialidad en los mismos o potenciar la igualdad a la hora de acceder a un empleo "con independencia de la situación socioeconómica de las personas aspirantes", entre otras muchas.

Los otros dos decretos que también decaerían

Pero el Gobierno lleva a Pleno dos decretos más y que tampoco echarán a andar, al menos con la mayoría parlamentaria del bloque de investidura. Con uno de ellos, el denominado "decreto anticrisis", el Ejecutivo busca dar herramientas a los ciudadanos para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio. En la práctica, con este decreto Sánchez amplía a 2024 el plan de choque contra la crisis de 2023. El tercero de los decretos tiene que ver con la aprobación de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.

Todo ello, no obstante, tendrá que esperar. Junts ya ha anunciado su voto en contra a los tres reales decretos y el Gobierno tiene dos opciones: reconsiderar la inclusión de la modificación de la ley de Enjuiciamiento civil, o bien tratar de buscar una mayoría alternativa con el Partido Popular, algo que parece muy complicado.