"El Gobierno no ha retirado ningún medicamento de forma específica para los pensionistas", asegura por escrito el Ministerio de Sanidad, que ha optado por retorcer el lenguaje para negar la evidente permanencia del medicamentazo que aprobó en 2012 y de sus efectos en el bolsillo de los casi siete millones de ciudadanos que viven con un subsidio, caso de los jubilados (5,88 millones) y los minusválidos con incapacidad permanente (948.393), además de buena parte de los 2,35 millones que reciben pensiones de viudedad.

El departamento que dirige Dolors Montserrat no miente objetivamente con esa respuesta ya que el acceso a los 417 fármacos que su antecesora Ana Mató incluyó en el medicamentazo de 2012 no fue vetado "de forma específica para los pensionistas", aunque la medida existe y ese es el sector de la población que más ha sentido sus efectos.

El hecho de excluir 320 medicamentos por completo del sistema de sanidad pública y restringir la financiación de otros 97 salvo para enfermedades oncológicas, degenerativas y crónicas tuvo en los jubilados a sus principales damnificados, ya que se trató, principalmente, de fármacos de uso frecuente y mayoritario en personas de edad avanzada como vasorreguladores y vasodilatadores, cremas dermatológicas, antidiarréicos, analgésicos, antiinflamatorios, antimucolíticos y compuestos para la tos.

Llevan cinco años pagándolos de su bolsillo, a menudo con pensiones que no llegan a los 735 euros del Salario Mínimo Interprofesional, por mucho que al ejecutivo de Mariano Rajoy le cueste admitirlo.

'El país de las Maravillas'

El Gobierno, de hecho, se agarra a la referencia a los pensionistas que incluía la pregunta, formulada por el diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, el cual se había interesado por conocer "cómo ha variado el precio de los 417 medicamentos que retiró el Gobierno del sistema nacional de salud a los pensionistas" con desglose por fármacos, para negar la mayor, que es el final de su dispensación gratuita para los usuarios de la sanidad pública.

"No se ha producido ningún tipo de revisión de la financiación de medicamentos que afecte de manera exclusiva a un grupo determinado de población en función de su clasificación como activos o pensionistas", añade el Gobierno en su respuesta, en la que obvia que es el Ministerio de Sanidad el que aprueba o rechaza las propuestas de modificación de precios de las empresas farmacéuticas.

Pese a las filigranas idiomáticas, más propias de El país de las maravillas de Lewis Carroll, en el que las palabras de los personajes conformaban la realidad en lugar de describirla, que de un Estado moderno cuyo Gobierno alardea de transparencia, lo cierto es que cinco años después ha subido el precio de venta al público de 175 de los 320 fármacos excluidos, en más de un tercio de los casos hasta doblarse y triplicarse, y solo uno de ellos ha bajado.

Bajar el precio, estudiar el efecto y buscar sustitutos

El medicamentazo, cuya imposición en 2012 ya provocó tensiones políticas entre el Gobierno de Mariano Rajoy y varias comunidades autónomas como Andalucía, Catalunya y Euskadi, está de camino de vuelta al debate político.

El grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley para que el Congreso debata si insta al Gobierno a "adoptar las medidas pertinentes para bajar el precio de los medicamentos" que se han encarecido tras ser excluidos del sistema público en 2012 y para que, de manera paralela, ponga en marcha "un estudio sobre el efecto que la exclusión" de los fármacos ha tenido "en el cuidado de las enfermedades crónicas" y sobre "el efecto desplazamiento indeseable que se haya podido producir hacia medicamentos de igual indicación y eficacia, pero mayor precio".

En este sentido, la propuesta del PSOE reclama también que la sanidad pública estudie la posibilidad de sustituir los fármacos excluidos del sistema sanitario público por "otras moléculas con mejor relación coste-eficacia".

La proposición no de ley señala que desde 2012 los jubilados han asumido el pago de más de 900 millones de euros al año como consecuencia del medicamentazo (unos 400) y del aumento del copago de los fármacos (entre 500 y 550). En esos años, el gasto de las familias en productos farmacéuticos se ha disparado en más de mil millones de euros, hasta superar los 4.500, según la Encuesta de Presupuestos Familiares.