Comenzó como la promesa estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. El dictador Francisco Franco sería exhumado, con el apoyo del Congreso de los Diputados, antes de agosto. Pero no fue así. Después, anunció que sería antes de que finalizará 2018, pero tampoco sucedió. Pasó el verano... y también pasó el otoño y Franco continúa enterrado en el Valle de los Caídos. Junto a él, el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, y en posiciones mucho menos protagonistas, lejos del altar mayor, los restos de al menos 33.833 personas hacinadas en los laterales de la basílica de los que más de 12.000 son anónimos. 

Fuentes de la vicepresidencia del Gobierno mantienen que la intención del Gobierno es proceder a la exhumación antes del 28 de abril, fecha de las elecciones generales, pero el Ejecutivo no gana para sustos ni sobresaltos. El último fue este martes cuando el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, a cargo del magistrado José Yusty Bastarreche, paralizó cautelarmente la autorización municipal para las obras necesarias para sacar a la momia del dictador.

El juez, conocido por su rechazo a la Ley de Memoria Histórica, considera que las obras necesarias para la exhumación carecen de "las garantías técnicas y mecánicas" por lo que puede "poner en peligro la vida o integridad física de los técnicos y operarios" que intervengan en la operación.

La denuncia en este juzgado de Madrid, sin embargo, no ha sido la única que desde el entorno de la familia Franco y de la Fundación que lleva el nombre del dictador se ha interpuesto en los juzgados. De hecho, un total de 17 particulares han interpuesto denuncias en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid con el fin de paralizar de forma cautelar la licencia administrativa utilizando como base un informe técnico encargado por la Fundación Franco.

De todas ellas, solo un juzgado, el de José Yusty Bastarreche, ha pedido la suspensión cautelar. Otro juez, Daniel Sancho Jaráiz, tal y como adelantó eldiario.es, había rechazado esa misma suspensión en cuatro ocasiones: "Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares". Finalmente, ante la disparidad de decisiones, será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el encargado de unificar el criterio de la Justicia, aunque se desconoce cuánto tiempo puede tardar en producirse esta decisión.

El Gobierno, por su parte, advierte que este nuevo contratiempo puede provocar más retrasos y denuncia "el obstruccionismo" del entorno de la familia contra la determinación del Parlamento y del Gabinete socialista. "Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo", incide el Ejecutivo. 

El Supremo como árbitro

Esta no será, sin embargo, la única decisión que tendrá que tomar la Justicia sobre la exhumación de Franco. La familia del dictador ya ha anunciado que también acudirá al Tribunal Supremo para intentar frenar el acuerdo del Consejo de Ministros que ordena la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. El recurso de la familia solicitará "medidas cautelarísimas" buscando la paralización inmediata del procedimiento.

Y la lista de obstáculos continúa. Uno de los principales es el debate abierto sobre si el Gobierno puede entrar en la basílica del Valle de los Caídos a pesar de la oposición del prior. En este sentido, el Gobierno hizo público un fragmento de una carta enviada por el secretario de Estado vaticano en la que decía que "la Iglesia no se opone a la exhumación si la Autoridad competente así lo dispone". Sin embargo, apenas unas horas después, se conoció que el Ejecutivo había ignorado el párrafo anterior de esa misma misiva en la que el secretario de Estado vaticano apuntaba que "la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española", tal y como señaló El Independiente.

La reacción del prior Cantera fue mantenerse en sus trece y negar la entrada al Gobierno en la basílica salvo que lo autorice "la autoridad judicial". "Y en ese caso es el poder judicial quien decide y sentencia, cabiendo la posibilidad incluso de agotar toda la vía de recursos judiciales posibles. Esto es lo propio de un Estado de Derecho”, señaló el prior en declaraciones a Europa Press. 

¿Dónde enterrar al dictador?

Por último, está el asunto de qué hacer con la momia del dictador una vez sea exhumado. Desde el Gobierno esperan a que la familia del dictador señale un emplazamiento diferente al de la Catedral de La Almudena, donde la familia dispone de nichos. El Ejecutivo ya ha dejado claro que no permitirá que el dictador sea enterrado en este lugar y utiliza como base un informe de Delegación del Gobierno que advierte de posibles problemas de seguridad y orden público.

El emplazamiento que más ha sonado, recomendado por expertos como el antropólogo Paco Ferrándiz, es el del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), donde descansan los restos de Carmen Polo, exmujer del dictador. Patrimonio Nacional, tal y como informó este diario, tiene derecho de enterramiento en la unidad funeraria aunque el estado del lugar es, según fuentes municipales, cercano al abandono, por lo que requeriría de unas obras que no se han ejecutado. 

El ejemplo de Pamplona

Desde Pamplona, el alcalde Joseba Asiron, que sí consiguió exhumar los restos de los generales Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos, el segundo mayor monumento de exaltación a la dictadura de todo el Estado, mira con cierta perplejidad los problemas que está teniendo el Gobierno para exhumar al dictador. Asiron, que participó el martes en una jornada en el Congreso de la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia, señaló que "la experiencia y las enseñanzas del caso de Pamplona" podrían haber sido "utilidad" al Gobierno de Sánchez. 

"Hace ya dos años que Pamplona exhumó a los dos máximos generales fascistas tras Franco, los generales Mola y Sanjurjo. Y lo hizo tras un proceso discreto, en el que no faltó el respeto por los actuales familiares, pero que estuvo presidido también por la firmeza y la absoluta determinación de la ciudad. Si Pamplona hubiera tenido mayor referencialidad a nivel del Estado, o si hubiera estado gobernada por una alcaldía de otro signo político, probablemente los medios le hubieran dado un tratamiento mediático superior", señaló Asiron. 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dio la razón al Ayuntamiento de Pamplona y avaló la decisión del Consistorio de exhumar los restos de los dos generales del Monumento a los Caídos de Pamplona. 

"Hay que apuntar al patrimonio de los Franco"

Por su parte, el periodista Antonio Maestre, colaborador de La Marea y La Sexta, entre otros medios, explica a Público que lo importante no es tanto si el Gobierno consigue exhumar a Franco antes o después del 28 de abril sino que el procedimiento se haga correctamente y que se evite a toda costa una decisión judicial posterior que pueda devolver los restos de Franco al Valle de los Caídos.

"Creo que lo podrán hacer, pero, honestamente, eso no me preocupa. Eso solo beneficia o perjudica a los intereses electorales del PSOE. A mí, personalmente, lo que me preocupa es que las prisas puedan provocar que luego la decisión sea revertida. Cada revés en este tema es un golpe a la memoria de las víctimas, que no se merecen nada de este espectáculo". 

Asimismo, Maestre señala que las dificultades para exhumar a Franco se deben a que el Gobierno "no ha sido valiente" y sí "pusilánime y timorato" a la hora de legislar sobre Memoria Histórica. "El Gobierno tenía que haber ido más allá y apuntar al patrimonio de las familias del régimen e incluso pensar en derogar la Ley de incautación de bienes del franquismo, investigar todo ese patrimonio de las familias cercanas al régimen y también de los Franco. Si se hubiera apuntado a este expolio económico hasta la familia Franco o el ABC hubiese comprado la exhumación del dictador del Valle de los Caídos".