El Gobierno de coalición pierde uno de sus mayores legados progresistas, el escudo social

En el año 2020 el Gobierno de coalición de PSOE y de Unidas Podemos tomó una decisión que, sin saberlo, acabaría construyendo su legado político y económico más preciado. La emergencia sanitaria de la covid-19 destruyó en un tiempo récord millones de empleos y ahogó la economía mundial en una crisis sin precedentes.

España no fue una excepción y su frágil mercado de trabajo (caracterizado por la temporalidad y la flexibilidad en los despidos), así como su irregular economía (con una importante dependencia del turismo y del sector servicios) atrajo los fantasmas de una recesión que en 2008 había asolado a millones de familias.

El Ejecutivo, después de un intenso debate, optó por aplicar una fórmula completamente distinta a la de la crisis financiera, que había consistido en un recorte abrupto del gasto y la inversión que agujereó servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones.

Se pusieron en marcha una serie de políticas contracíclicas que buscaban arrancar la economía con estímulos desde lo público mientras se protegía a las personas más vulnerables. Antes del despliegue de los denominados fondos europeos de reconstrucción, el Ejecutivo adelantó 27.000 millones de euros en sus Presupuestos de 2021 con el objetivo de cubrir todas esas inversiones.

Unidas Podemos bautizó estas medidas como "escudo social", por su acción de proteger a los más vulnerables en primer lugar, pero también el tejido productivo y el empleo. Durante casi cuatro años, este escudo ha estado activo para paliar las consecuencias económicas de la pandemia, de la guerra de Ucrania y de la inflación, y sus medidas han sido esenciales para sostener la economía y permitir que se recuperase hasta poder crecer en cifras de récord.

Un escudo variable y mermado en cada prórroga

El pasado miércoles, los votos de PP, Vox y Junts tumbaron la prórroga de este escudo social, una política de protección que ha sobrevivido durante legislatura y media.

Este escudo no ha sido uniforme en todo este tiempo y sus contenidos han ido variando para adecuarse a la actualidad (con medidas que ya se incluían en el primero aprobado hace años, como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables, y con cuestiones más recientes y coyunturales, como las ayudas directas a los ciudadanos afectados por la DANA).

Bajo este escudo se desplegaron políticas como la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables (agua, luz y gas), los ERTE para evitar despidos, los topes al alquiler (así como la prórroga obligatoria de los contratos para evitar subidas indirectas), las rebajas a los precios de los alimentos y productos básicos o la bonificación a los combustibles (que se aplicó durante un tiempo a todos los ciudadanos).

Prórroga tras prórroga, este escudo ha ido perdiendo algunas de sus medidas más importantes, al entender el Gobierno que se daban las condiciones económicas para levantar protecciones (no sin debate y, en muchas ocasiones pugnas, entre la parte socialista y el espacio a su izquierda).

Es la primera vez que el Congreso tumba la prórroga del escudo social en su totalidad

Sin embargo, esta es la primera vez que el Congreso tumba la prórroga del escudo en su totalidad. Durante todas las negociaciones ha habido una máxima: no dejar caer de golpe medidas que supusieran un cambio negativo y abrupto en la economía de las familias.

Ahora esa regla no escrita se ha roto, y al día siguiente de la votación millones de personas vieron incrementos importantes en el precio de sus abonos y en sus billetes de transporte. Los pensionistas, además, verán una rebaja en la cuantía de sus pensiones a partir de febrero.

La joya de la corona de las políticas contracíclicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez que permitieron resituar a España en la economía mundial (con una recuperación en tiempo récord de la crisis causada por la covid-19 desde la protección de las familias y los sectores más vulnerables) es, desde este miércoles, un hito más del pasado.

Durante los últimos años el Ejecutivo ha sacado pecho de haber enterrado la fórmula de los recortes como solución única y necesaria ante las crisis. Sufrir en lo social para recuperarse en lo económico es una tesis que, de alguna manera, también fue víctima del escudo social.

El Gobierno de coalición pierde de esta manera uno de sus mayores legados progresistas y una seña de identidad que parecía haber sobrevivido al cambio de legislatura.