El Gobierno impulsa un 20% del Plan de Acción por la Democracia y trabaja en medidas sobre los medios
Desde la presentación del plan de regeneración en septiembre se han aprobado en Consejo de Ministros cinco de las 31 medidas y otra se ha registrado como proposición de ley en el Congreso.
Entre las tareas pendientes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trabaja en la reforma de la ley de publicidad institucional o el registro de transparencia de medios de comunicación.
Madrid--Actualizado a
Cuando el pasado mes de abril Pedro Sánchez se retiró cinco días a reflexionar, volvió con un plan de regeneración democrática bajo el brazo. Los ataques a su esposa, Begoña Gómez, desembocaron en lo que en septiembre se llamó oficialmente Plan de Acción por la Democracia. Un conjunto de 31 medidas judiciales, de transparencia o sobre los medios de comunicación que el Gobierno pretende desplegar durante toda la legislatura.
Desde su presentación en Consejo de Ministros, a mediados de septiembre, han pasado casi cinco meses. Hasta el momento se han impulsado, por diferentes vías, hasta seis de las medidas que contenía el documento original. Es decir, prácticamente un 20% (concretamente el 19,3%) del contenido del plan ya ha dado sus primeros pasos de manera formal.
La última iniciativa vinculada a este plan se aprobó en el Consejo de Ministros de la pasada semana, el día 28 de enero. Se trata de la creación de un registro de lobbies para regular los grupos de interés. Ese mismo día compareció Sánchez en una rueda de prensa en Moncloa para explicar la nueva aprobación del decreto ómnibus tras un pacto con Junts, por lo que una reforma como la diseñada por el Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López quedó en cierta manera opacada por la actualidad.
La nueva ley supone la primera ocasión en que se regulan en el ámbito de la Administración General del Estado y el sector público las relaciones entre los grupos de interés y los cargos de la Administración susceptibles de recibir influencia.
La nueva norma establece la obligatoriedad de la inscripción de los lobistas en un registro, que será público y gratuito, gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses, y el cual permitirá el acceso público a sus datos a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Los grupos de interés que no se inscriban no podrán ejercer actividades de influencia con el personal público.
En el ámbito parlamentario los socialistas han llevado recientemente otro de los asuntos incluidos en el Plan de Acción por la Democracia. Es la reforma del Código Penal para eliminar los delitos contra los sentimientos religiosos. En este caso la medida se ha incluido en una iniciativa legislativa más amplia que registró el PSOE el 10 de enero bajo el título de "Ley Orgánica y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas".
La reforma presentada por los socialistas en solitario únicamente hace referencia al delito de ofensa a los sentimientos religiosos previsto actualmente en el artículo 525 del Código Penal. El redactado del Plan de Acción por la Democracia, que fue pactado con Sumar tras largas negociaciones, es más amplio e incluye menciones a delitos de opinión contra las "instituciones del Estado".
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La fuerza de Yolanda Díaz quería incluir expresamente la retirada del delito de injurias a la Corona y se optó por una redacción abierta que en Sumar entienden que abarca sus objetivos. La ley socialista solo acaba de iniciar los trámites parlamentarios, por lo que se prevén negociaciones y posibles modificaciones vía enmiendas tras las conversaciones con el resto de grupos.
Las otras cuatro medidas aprobadas hasta la fecha, todas ellas en Consejo de Ministros, abarcan diferentes temas judiciales y de transparencia. La primera en llegar, el pasado 29 de octubre fue el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Esta norma, impulsada por el Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños, "establece como prioridades garantizar la protección de la persona informante y servir de pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción".
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Ese mismo día el Consejo de Ministros dio luz verde a un Real Decreto por el que el Gobierno crea dos nuevas fiscalías especiales de sala para perseguir la corrupción. En concreto, una dedicada a investigar delitos económicos y otra a delitos contra la administración pública.
Más adelante, el 10 de diciembre, el Gobierno aprobó dos asuntos incluidos en el Plan de Acción por la Democracia dependientes del Ministerio de Transformación Digital. Por un lado, el reparto de más de 120 millones de euros en ayudas para "fortalecer y digitalizar los medios de comunicación". Por otro, la creación del Comité Organizador de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025. Será en Vitoria-Gasteiz entre los días 7 y 9 de octubre de este mismo año.
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La regulación de los medios, gran tarea
Entre los aspectos más llamativos del citado plan que quiere impulsar Sánchez se encuentran diferentes medidas relacionadas con los medios de comunicación. Una de ellas es el registro de medios de comunicación, en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.
También está prevista la reforma de la Ley de Publicidad Institucional y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación. Sobre el entorno digital, Sánchez anunció esta semana que ya se estudiaban mecanismos para ello, en el marco de regular los abusos en las redes sociales y pedir cuentas a propietarios de ellas en un contexto de acumulación de poder de tecnócratas representados especialmente por Elon Musk.
No se conocen todavía detalles públicos sobre este tipo de cuestiones. Pero fuentes de Moncloa destacan que el objetivo es comenzar a trabajar ya con el sector de los medios de comunicación. El objetivo, según las mismas fuentes, es conseguir un consenso lo más amplio posible entre la profesión periodística en asuntos como los criterios para la publicidad institucional o los medidores de audiencia. El objetivo del Gobierno es que haya un medidor fiable y con cierto carácter independiente que cuente con el beneplácito del sector.
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Por último, hay otro puñado de medidas de impacto incluidas en el Plan de Acción por la Democracia que también están pendientes. Uno de los más destacados es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que varios grupos parlamentarios vienen reclamando desde la pasada legislatura. El Gobierno presentó en 2022 un anteproyecto que se quedó en un cajón.
Tampoco hay novedades respecto a la reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación; la reforma de la Ley Electoral para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas o para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales.
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