El reparto territorial de menores migrantes protagonizará la próxima negociación PSOE-Junts
El Gobierno confía en contar pronto con el partido de Carles Puigdemont para desbloquear la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Madrid-
Este pasado martes PSOE y Junts daban un nuevo paso que avanza en sus relaciones. El acuerdo sobre la delegación de competencias de migración a la Generalitat de Catalunya estaba atascado desde hace más de un año y ambos partidos pactaron tras intensas negociaciones que además se frenaron durante un tiempo.
El acuerdo da otro respiro más al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que confían en que sirva para que lleguen otros asuntos pendientes. Las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont continuarán, obviamente. Y el siguiente tema que hay sobre la mesa y que el Ejecutivo quiere acelerar es el reparto territorial de los menores migrantes. Es decir, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Los socialistas necesitan a Junts para aprobar esta reforma. El partido catalán ya votó en contra, junto a PP y Vox, el pasado año. Las intenciones del Ejecutivo han sido en todo momento que el PP se sume al acuerdo por su poder autonómico, ya que gobierna en muchas comunidades autónomas. Pero la negativa reiterada de los populares hizo que ya hace unos meses se intensificaran las conversaciones con Junts.
El Gobierno pactó hace unos meses la fórmula de acogida con el Ejecutivo de las Islas Canarias, en manos de Coalición Canaria, que forma una coalición con el PP.
Fuentes gubernamentales se muestran optimistas al respecto de que haya una solución lo antes posible en un tema que se ha ido retrasando ya demasiados meses. "Estamos trabajando de manera intensa para que pronto vea la luz la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería", destacó al respecto la ministra de Inclusión y Migraciones Elma Saiz en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros.
Según explicaba en una entrevista reciente con este medio el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres, la fórmula es la misma para todas las comunidades. En ella hay criterios objetivos como población, dispersión o renta per cápita. "Y hay una que también es de justicia, que es el esfuerzo realizado. Porque no todas las comunidades con respecto a los menores no acompañados han hecho idéntico esfuerzo", señaló.
Desde Junts se ha apelado precisamente a este "esfuerzo" realizado por Catalunya en la acogida de migrantes para dar su voto favorable a la reforma. El partido de Puigdemont mostró su rechazo a la acogida el año pasado con argumentos sobre las "imposiciones" que el Estado hacía con Catalunya y que esta comunidad ya tenía mucha "presión" migratoria.
La fórmula pactada con las Islas Canarias es vista por el PSOE como una manera de acercarse al partido catalán. "Desde el Gobierno de España se sigue trabajando para solventar el asunto de los menores, y en eso estamos negociando con quien puede dar una salida a esta situación, que es Junts", apuntó Torres en declaraciones a los medios este miércoles. La fórmula para la financiación es otra de las claves que estará sobre la mesa en las conversaciones.
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¿Qué otros temas pendientes hay?
Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el aire y en el horizonte, en Junts reclaman todavía cumplir otros acuerdos como paso previo para llegar a las cuentas públicas. Los dirigentes del partido independentista lo han recordado públicamente esta misma semana. Hay diferentes carpetas que los socialistas tendrán que abordar estas próximas semanas.
Dos asuntos son clave para Junts. Por un lado, la llamada "amnistía política". Es decir, un reconocimiento expreso de la legitimidad de Puigdemont tanto por parte de Salvador Illa como de Sánchez. El presidente del Gobierno ha apuntado la posibilidad de mantener un encuentro con el expresident de Catalunya. Pero en Moncloa no se marcan plazos todavía para ello.
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En el flanco judicial, el Gobierno considera que ha cumplido con sus compromisos de la aprobación de la amnistía pese a las trabas que han ido sufriendo. Se está a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie, probablemente antes del verano, sobre el recurso interpuesto por el Tribunal Supremo.
Otro de los asuntos pendientes y que en Junts consideran clave es el uso del catalán en la UE. Es un compromiso que se adquirió en agosto de 2023 para obtener los votos favorables de los independentistas a la hora de designar la Mesa del Congreso y a su presidenta, Francina Armengol. En aquellos momentos se reformó el reglamento de la Cámara Baja para usar las lenguas cooficiales en dicha institución.
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Pero la decisión en la UE no depende exclusivamente del Gobierno. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha esforzado para que el asunto se apruebe durante este semestre, coincidiendo con la presidencia de turno de Polonia. Hace escasos días se produjo una decisión importante: el catalán y el resto de lenguas cooficiales se usarán en las sesiones plenarias del Comité Económico y Social Europeo. "Es un paso importante, se va haciendo camino", señalan fuentes del Gobierno al respecto.
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