10 años de los ataques de Arabia Saudí contra YemenGobiernos de PP y PSOE facilitaron la venta de armas a Arabia Saudí pese a las masacres en Yemen

Ni los bombardeos contra civiles, ni los ataques a escuelas, ni la muerte de miles de niños. Pese al horror desatado por la coalición liderada por Arabia Saudí contra Yemen en marzo de 2015, los Gobiernos de PP y PSOE dieron su visto bueno a los envíos de armamento al régimen que encabeza Salmán bin Abdulaziz.   

Diez años después de que la dictadura saudí y sus aliados de Emiratos Árabes Unidos emprendieran la campaña militar en Yemen dirigida a restituir en el poder al derrocado presidente Abd Rabbuh Mansur al Hadi, las autoridades españolas mantienen bajo llave los acuerdos de exportación de material de defensa a Riad en plena masacre en Yemen. 

Tras el inicio de los ataques contra Yemen, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMMDU) permitió ventas de armamento a Arabia Saudí por un importe total de 1.858,5 millones de euros.

Esas cifras supusieron un récord en materia de exportaciones de material militar al régimen saudí. De esta manera, la industria armamentística española vio multiplicar sus negocios con Riad al calor de los ataques contra civiles en Yemen. 

"Nuestra preocupación es el posible uso de estas armas, municiones y componentes en la comisión de crímenes de guerra en Yemen", afirma a Público Carlos de las Heras, responsable del trabajo sobre Yemen en la sección española de Amnistía Internacional (AI).

Esta organización de derechos humanos –al igual que el Centro Delàs de Estudios por la Paz, Greenpeace o Intermón Oxfam, entre otros grupos– pidieron hasta el cansancio que se detuviese el envío de armamento a Arabia Saudí ante el riesgo de su utilización en los ataques contra civiles yemeníes.

Los argumentos del Gobierno

Esos acuerdos facilitados por la JIMMDU –entre cuyos integrantes se encuentra un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)– chocan con el Tratado del Comercio de Armas (TCA) suscrito por España, que impide precisamente la venta de armamento a países involucrados en posibles crímenes de guerra.  

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En distintas respuestas escritas enviadas al Congreso, el Gobierno ha justificado la venta de armas a Arabia Saudí bajo el argumento de que "los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios".

El Ejecutivo también ha alegado que existen controles en torno al material vendido al Ejército saudí, pero no ha permitido que las formaciones políticas que han mostrado su preocupación en el Congreso por estos acuerdos –entre las que se encuentran EH Bildu, ERC, Podemos, Compromís o IU– accedan a la documentación de la JIMMDU.

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Las garantías de secretismo en torno a la venta de armas ha sido defendida en reiteradas ocasiones por la Secretaría de Estado de Comercio. Las autoridades sostienen que la revelación de datos sobre este asunto pondría en peligro los acuerdos entre empresas privadas españolas y el régimen saudí, algo que tanto el PP como el PSOE han evitado a toda costa.

Opacidad por decreto

La dictadura saudí cuenta en España con garantía doble. Por un lado, las actas de la Junta Interministerial que autoriza este tipo de exportaciones tienen la categoría de material reservado gracias a un decreto que aprobó el Gobierno de Felipe González en marzo de 1987, poco después de permitir el envío armas a la dictadura chilena. 

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Por otro lado, España y Arabia Saudí mantienen vigente un convenio firmado entre ambos países en 2016 para garantizar la "protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa". Aquel acuerdo, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido conservado intacto por el Ejecutivo del PSOE.