La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Carlos Iglesias de la Cueva, hermano de Julio Iglesias, a seis meses de cárcel y a abonar cerca de 30 millones de euros por defraudar 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001.

Los magistrados consideran probado que incluyó en el Impuesto de Sociedades la venta de varios terrenos en Madrid, alegando que tenía su residencia fiscal en Panamá.

Así consta en una sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sala condena al hermano del cantante como autor de un delito contra la Hacienda Pública, con la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

19 millones sin declarar

La Sala considera probado que el acusado, en su calidad de gerente de la sociedad Rolimpa Trading Corporation, no efectuó declaración o ingreso tributario alguno por la venta en 2001 por parte de esta sociedad de tres solares. Iglesias vendió por 46.277.932,04 euros la propiedad que había adquirido en 1989 por 601.012 euros.

Rolimpa, sociedad constituida en Panamá en 1984, tenía su inmovilizado en España, por lo que debería haber pagado por el impuesto de sociedades de 2001 la referida cantidad de 19.624.655 euros. Aclara también que el hecho de que no se tenga el domicilio fiscal en territorio español no significa exención de tributar en él.

“De dicha obligación responde Carlos Luis Iglesias, gerente de Rolimpa, que era quien tomaba las decisiones”, explica la sentencia, que agrega que para ocultar su identidad como obligado tributario utilizó empresas interpuestas, un paraíso fiscal como era Panamá en aquella época e instrumentos fiduciarios.

Carlos Iglesias ha sido condenado también a cuatro años de pérdida de la posibilidad de subvenciones o ayudas públicas, así como al derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

En el juicio, se negó a declarar y a pactar una rebaja de pena con la Fiscalía de Madrid. Su abogado, el prestigioso letrado José Antonio Choclán, intentó en las cuestiones previas la nulidad del dictamen judicial por dilaciones. También trató sin éxito de acotar el delito por el que se juzgaba a su cliente.

Tras la práctica de la prueba, el fiscal mantuvo la solicitud de condena a 4 años de cárcel y multa de 98 millones de euros pero le permitió viajar a Miami, donde reside su núcleo familiar. “No merezco el trato que he tenido”, denunció el acusado en su turno a la última palabra.

Los informes demuestran el delito

En la resolución, los magistrados consideran que “de los informes periciales queda acreditado que Rolimpa Trading Corporation debía haber declarado a la Agencia Tributaria española por el impuesto sobre sociedades, los beneficios obtenidos con la venta de los terrenos”.

Además, "la falta de declaración e ingreso supuso un fraude a la Hacienda Pública de 19.624.655,16 euros", cantidad que “supuso un beneficio económico ilícito para Carlos Luis Iglesias, en cuyo patrimonio ingresó”.