El esqueleto del hotel Algarrobico, una mole de piedra y hierro levantada en medio de un paisaje áspero y fascinante, frente a un mar azul en el municipio de Carboneras (Almería), es el símbolo de los excesos urbanísticos que durante años se cometieron en Andalucía y en las costas españolas.

Esta semana, mientras los tribunales todavía deciden qué hacer con el Algarrobico, el dictamen, que no es definitivo, con resultado favorable que ha dado la Junta de Andalucía, gobernada hoy por PP y Ciudadanos, a la empresa Torres y González Díaz SL para gestionar un hotel de 30 habitaciones con 70 aparcamientos en las proximidades de la playa de Los Genoveses, completamente virgen, ha resucitado el fantasma del Algarrobico y del urbanismo salvaje.

Aunque las dimensiones de ambos proyectos son diferentes –el Algarrobico está a 50 metros de la playa y preveía más de 400 habitaciones mientras que el hotel proyectado en Los Genoveses está a dos kilómetros del mar y tendría 30 habitaciones– el recuerdo de los excesos y el hecho de que ambos proyectos estén en pleno Parque Natural del Cabo de Gata, es decir, en terrenos protegidos, ha llevado a los grupos ecologistas y a la oposición al Gobierno en el Parlamento de Andalucía a movilizarse en contra de su edificación.

"Es como abrir la puerta. Si autorizan este, es muy probable que soliciten más, para los cortijos vecinos. Eso es un lujo privado para ricos", afirma Pilar González-Carranza, de la Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, una organización que lleva presentando alegaciones contra el proyecto, desde que este empezó a moverse, en 2016, y no descartan acudir a los tribunales en caso de ser necesario. En 2017, una primera propuesta fue rechazada por la administración, entonces en manos del PSOE. Pero esta nueva, que reduce el impacto ambiental de la primera, prosigue su andadura.

"Que no nos [engañen]. […] Si permitimos hoy que se haga un hotel con 30 habitaciones, mañana habrá otro que querrá hacer lo mismo con 50, y luego otro con 100 y al final se masificará aún más este lugar tan especial y que ya cuenta con demasiados visitantes en verano. Juntos, preservemos este paraíso para que no acabe convirtiéndose en una pequeña Benidorm", se lee en un change.org, que se titula No al hotel en Genoveses y que a las 20:30 de este viernes acumulaba ya más de 80.000 firmas.

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, está inmerso en una operación de propaganda para presentarse como una administración verde. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llegado a afirmar que tiene una particular sensibilidad ecologista. Nadie puede poner en duda de que se vea a sí mismo de esa manera, pero la realidad es que su política urbanística está muy alejada de esa visión. Tampoco las organizaciones ecologistas lo ven como uno de los suyos. Por el contrario, le han concedido el premio Atila.

Moreno ha puesto en marcha una reforma de la legislación urbanística de Andalucía con la que pretende reactivar el turismo, que debido a la covid tiene el año prácticamente perdido, y también un retorno de la construcción como motor del crecimiento económico.

Además, el presidente ha colado en un decreto-ley supuestamente elaborado para paliar los efectos de la covid una reforma de calado de la ley de ordenación urbanística de Andalucía, que ahora en lugar de permitir construir solo lo permitido en suelos no urbanizables , abre la puerta a edificar todo lo que no esté prohibido expresamente. Esa regulación ya está en vigor a falta de que se convalide en un pleno próximo del Parlamento de Andalucía.

El mensaje que se lanza con el dictamen favorable a la construcción de este hotel en Los Genoveses, junto a las reformas normativas, es meridiano, según urbanistas consultados: se abre de nuevo la barra libre a promotores turísticos e inmobiliarios.

El  proyecto

Torres y González Díaz SL, la promotora del proyecto de transformación del cortijo Las Chiqueras en un hotel pertenece a herederos de antiguos lafundistas de la zona, que buscan sacarle un rendimiento mayor a sus suelos, según las fuentes consultadas por Público. El dictamen aprobado por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible considera que la actuación promovida por la empresa "es compatible" con la normativa del espacio natural protegido.

"La modificación de la rehabilitación propuesta no aumenta la superficie total construida y no supone nuevas unidades de edificación, de forma que la actuación proyectada mantiene continuidad estructural respecto a las edificaciones existentes, sin que ello suponga alteración de las características topográficas y edáficas del terreno, no afección paisajística", se lee en el mismo, según recoge Europa Press.

El dictamen condiciona la ejecución del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros, a que la empresa promotora obtenga la Autorización de Reutilización de Aguas Depuradas para hacer uso en el riego de jardines y zonas verdes.

Advierte, asimismo, que una fábrica de cuerda de crin que hay en la citada finca debe mantener su función actual, aprobada en 2008, y ser rehabilitada para la "recuperación y puesta en valor" del patrimonio etnográfico y agroambiental de la zona y vinculado al esparto, la ganadería y la explotación cerealista.

Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PSOE, ha informado, a instancias de la Junta en el trámite, de que el uso solicitado sería "compatible" con el "régimen urbanístico del suelo", recoge Europa Press.

Por el contrario, la Asociación de Amigos del Parque considera que esto no es así. Argumentan que el suelo goza de una protección llamada C1 en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona que impediría el cambio de uso del suelo, de agrícola a turístico.

La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, aseguró, ante lo que calificó de "alarma social generada", en un comunicado que la Junta "cumple de forma escrupulosa" las leyes ambientales. Martín agregó que el proyecto "aún tiene que tener un largo recorrido" y que el dictamen que declara viable desde el punto de vista medioambiental la actuación "sólo supone continuar con la tramitación de una autorización ambiental unificada". Martín arguyó que el proyecto no supone "una nueva edificación" sino "la rehabilitación de un cortijo".

Enladrillar el Cabo de Gata

En el terreno político, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, la eurodiputada socialista Lina Gálvez y Adelante Andalucía han mostrado su oposición a este hotel. "Nos hablaron muchísimo de que traían una revolución verde a Andalucía y, a día de hoy, ya se empieza a conocer: Primero fue asfaltar Doñana y ahora conocemos también que dentro de esa revolución verde estaba enladrillar Cabo de Gata", dijo Díaz en una atención a medios de comunicación.

"Moreno quiere sembrar de ladrillos una joya de la naturaleza como son Los Genoveses", agregó. La secretaria general del PSOE andaluz remachó que hay tres núcleos poblacionales desarrollados en esa área, Agua Amarga, Las Negras y San José, que se podrían seguir desarrollando, porque lo que "no tiene sentido" que en un lugar destinado al uso ganadero y al uso residencial vinculado a esa actividad se quiera hacer una explotación turística.

La eurodiputada Gálvez llevó el asunto a las instituciones europeas y ha preguntado este viernes a la Comisión Europea "si va a tolerar un cambio de usos a turístico poniendo así en "serio riesgo" el parque natural".

"Parece que con la legislación actual no había ningún problema en hacerlo. La nueva ley del Suelo facilita que haya menos trámites burocráticos y que desaparezcan controles ambientales. El litoral andaluz esta en peligro, no solo estamos hablando de Genoveses. [El Gobierno andaluz] trabaja para dar manga ancha en el parque natural con la nueva legislación que se está trabajando. Un urbanismo a la carta, de campos de golf, de viviendas de lujo que va a privatizar los espacios para que los disfruten quienes tienen dinero. Hay que revisar lo que se va a hacer. Los Genoveses puede ser un llamamiento a que se pueda construir y especular con el suelo", afirmó a Público Diego Castro, diputado de Adelante Andalucía por Almería.