Las asociaciones de jueces y fiscales han considerado un éxito su segunda huelga este año, en la que esperan de nuevo un seguimiento superior al 50%, y han instado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a atender las reivindicaciones que ella misma defendió como fiscal en mayo. De hecho, varios jueces y fiscales han denunciado "amenazas" por parte de la ministra para impedir la huelga.

"Hoy más que nunca tenemos que salir a defender el Estado de derecho y la separación de poderes", ha subrayado la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, encargada de leer un manifiesto conjunto ante los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en el que las asociaciones profesionales han denunciado el reparto político de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Delgado, que era miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se sumó a la huelga del pasado mayo y hoy jueces y fiscales le piden que "asuma su responsabilidad como ministra para dar satisfacción a aquellas reivindicaciones que ella misma hizo", ha señalado Del Barco.

Además de un Poder Judicial independiente y despolitizado, en el manifiesto se reclaman medios materiales, la derogación de los plazos máximos de instrucción, cargas de trabajo saludables, creación de nuevas plazas y recuperación de los niveles salariales y de los permisos y licencias recortados durante la crisis.

Tan solo en la Comunidad de Madrid el número de jueces y magistrados que ha comunicado a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su decisión de secundar la jornada de paro convocada hoy por las asociaciones judiciales es de 321 de los 801 posibles, lo que supone una participación del 40%.

En Catalunya, han sido 299 jueces y magistrados los que se han sumado a la huelga, lo que supone el 37% del total, un porcentaje muy por debajo del 62 % que secundó el paro del pasado mes de mayo.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), hasta las 14:30 horas de esta tarde, han sido 299 los jueces y magistrados que han comunicado a la presidencia del alto tribunal catalán que iban a secundar la huelga, del total de 700 que estaban convocados, excluidos los permisos y vacantes.

Los portavoces de las asociaciones no han podido ofrecer datos concretos de seguimiento porque, han explicado, tienen los correos colapsados, pero estiman que el seguimiento es similar al de la protesta de mayo, cuando paró el 65 % de los jueces y el 52 % de los fiscales.

Para jueces y fiscales, el pacto del PP y el PSOE para que Marchena sea presidente del CGPJ antes de que sean elegidos los vocales que deben nombrarlo es "un nuevo episodio en el permanente cuestionamiento del Estado de derecho" que se produce además "en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal".

Las asociaciones reclaman que los doce vocales de extracción judicial del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y magistrados, convencidos de que la intervención de las fuerzas políticas "va a generar siempre dudas sobre la independencia de la justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en última instancia en el propio Estado de derecho".

"Los jueces y fiscales no salimos a la calle por un capricho", ha recalcado Del Barco, quien ha confiado en que Delgado exija al Consejo de Ministros y al presidente del Gobierno lo que exigía en mayo a quienes entonces gobernaban.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la magistrada Natalia Velilla, miembro del comité de huelga, ha considerado que esta segunda huelga muestra que jueces y fiscales han "perdido el miedo a reivindicar sus derechos y los derechos de todos los ciudadanos".

Y el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha destacado que se produce en un momento en el que la justicia está sufriendo "daños de extrema gravedad".

En la misma línea, la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha tachado de "bochornoso el espectáculo" en torno al CGPJ, mientras que desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) Salvador Viada ha denunciado la escenificación del pacto "por el control de la justicia".

Tribunal Supremo y Audiencia Nacional

Seis jueces del Tribunal Supremo y otros seis de la Audiencia Nacional han sido los únicos magistrados que se han unido hoy a la jornada de huelga. De los 77 jueces que componen el Tribunal Supremo, tan solo seis han secundado la huelga: Pedro Jose Vela y Rafael Sarazá, de la Sala de lo Civil; Sebastián Moralo, Maria Lourdes Arastey y Jose Manuel López de la Sala de lo Social; y Francisco Monterde de la Sala de lo Penal.

Desde el Tribunal Supremo, en torno a una treintena de magistrados han apoyado en un comunicado las reivindicaciones que defienden mejoras salariales, más medios y mayor independencia. Al igual que hicieron en la anterior convocatoria de mayo, han reiterado su "total apoyo" a las "justas peticiones". Aunque la mayoría de ellos no ha secundado la huelga, reclaman "de manera unánime" que se lleven a cabo "las imprescindibles reformas que necesita la Administración de Justicia"

Mientras que en la Audiencia Nacional, solo Eloy Velasco, de la Sala de Apelaciones de lo Penal, y cinco de lo Contencioso-Administrativo- se han sumado a los paros. De todas formas, esta ha sido una huelga que, en teoría, apoyan los presidentes de todos los tribunales superiores.

La huelga de funcionarios de prisiones que se prolonga ya varios días también ha generado también incidencias en dos juicios señalados para hoy en la Audiencia Nacional, al no haber podido ser trasladados a la vista los acusados presos.

Por este motivo han sido aplazados un juicio por narcotráfico que cuenta con once acusados —no todos presos— y el del caso Emarsa de corrupción en el PP de Valencia, han informado fuentes de este tribunal, ante el que no se ha concentrado ningún magistrado a las 13.00 horas cómo si ha sucedido en otros órganos judiciales.

En el anterior paro de jueces en mayo de 2018, hicieron huelga en la Audiencia Nacional 8 de los 87 jueces que la integran, según datos que facilitó el Consejo General del Poder Judicial, mientras que el Tribunal Supremo ningún juez lo secundó.