La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado que la Ley de Diversidad Familiar, que reconocerá a las familias monoparentales, LGTBI y reconstituidas, llegará al Congreso de los Diputados a principios del próximo año 2022 y ha subrayado la importancia de esta norma frente a los "discursos de intolerancia" que "tratan de imponer un único modelo de familia, supuestamente tradicional".

"Hoy quiero dejar claro que frente a los discursos de intolerancia, este Gobierno no solo no va a dar ningún paso atrás sino que va a dar pasos firmes hacia delante. Hoy queremos reiterar aquí que todos los modelos de familia no solamente son legítimos sino que deben ser iguales en derechos y por eso vamos a acelerar los trabajos para traer a esta Cámara la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias a comienzos del próximo año", ha anunciado Belarra en la que ha sido su primera comparecencia como ministra en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de esta ley en un momento en el que "desde determinados sectores (en clara alusión a Vox) se normalizan los discursos que niegan la diversidad familiar y tratan de imponer un único modelo de familia, supuestamente tradicional, negando al resto de familias la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y a formar su familia en libertad".

Actualmente, según ha precisado, a diferencia de lo que ocurre en algunas comunidades autónomas, el ámbito estatal no cuenta un cuerpo jurídico unificado que reconozca "de forma suficientemente explícita" los distintos tipos de modelos familiares y que detalle el conjunto de las prestaciones y servicios.

Belarra ha destacado que la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias quiere "resolver esta ausencia", y hacerlo además partiendo de "las grandes transformaciones sociales y demográficas" de las familias en España, "caracterizadas por una creciente diversidad de modelos de convivencia familiar, pero a la vez con una protección fragmentada, desfasada y desigual para los distintos tipos de familia".

Asimismo, ha puntualizado que la ley abordará "la alta incidencia de situaciones de vulnerabilidad y riesgo de pobreza y exclusión, que afecta de manera más acusada a las familias con menores a cargo y muy especialmente a las familias monomarentales".

En concreto, ha explicado que la nueva normativa "avanzará en el pleno reconocimiento jurídico y social de la diversidad familiar, mejorará su protección social, desplegará medidas de apoyo a la conciliación y la corresponsabilidad, y atenderá de forma específica a aquellas familias que tienen circunstancias o necesidades especiales". Además, ha añadido que "muy especialmente" van a buscar "avanzar en la igualdad social de las familias LGTB".

Pacto de Estado contra el antigitanismo

La ministra de Derechos Sociales, que ha comparecido en esta comisión para presentar las líneas de trabajo de su departamento (ha resumido las medidas que impulsó su predecesor en el cargo, Pablo Iglesias, como el plan de choque de dependencia o la futura ley de vivienda), ha celebrado la creación de una subcomisión para trabajar en el desarrollo de un pacto de Estado contra el antigitanismo e impulsar la plena inclusión del pueblo gitano.

La solicitud de creación de dicha subcomisión, que ha sido registrada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y Cs, ha contado con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto con el de Vox, que se ha abstenido. Así, para la ministra Belarra, este órgano parlamentario supone un "hito histórico" en España para erradicar "un problema grave y estructural, como es el antigitanismo" y ha deseado que los trabajos sean "fructíferos" y contribuyan a desarrollar "unas políticas públicas más justas e inclusivas".

El objetivo de esta subcomisión será analizar las políticas públicas implementadas en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020; abordar las diferentes dimensiones del antigitanismo, como forma específica de racismo; y elaborar un informe actualizando la anterior estrategia, en un plazo máximo de seis meses. Se estudiará también la posibilidad de incluir el antigitanismo como forma específica de racismo en el Código Penal con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación.

Los viajes del IMSERSO se retomarán en octubre

En otro orden de cosas, Belarra ha anunciado que los viajes del IMSERSO para los mayores se retomarán el próximo mes de octubre de 2021, si la vacunación continúa a buen ritmo y las circunstancias sanitarias lo permiten. "Estamos trabajando ya en la puesta en marcha de los procesos administrativos para que, una vez que las autoridades sanitarias lo consideren pertinente, puedan reiniciarse ambos programas: el de turismo social y el de termalismo. Si el proceso de vacunación continúa a buen ritmo, y nada hace pensar lo contrario, la próxima temporada de los viajes del IMSERSO comenzará con normalidad como cada año", ha asegurado.

Antes de la crisis, según ha precisado la ministra, 900.000 personas mayores venían beneficiándose cada año de los programas de Turismo Social y de Termalismo organizados por el IMSERSO. Si bien, el Gobierno suspendió estos viajes en marzo de 2020 por la crisis del coronavirus y, más tarde, tomó la decisión de suspender definitivamente ambos programas mientras la situación sanitaria no permitiese su reanudación. "Somos conscientes de que las personas mayores han hecho un enorme esfuerzo este año por cuidarse, quedándose en casa, respetando las restricciones, dejando de ver a vuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Las personas mayores se merecen poder salir, viajar y descansar de este año difícil cuanto antes", ha subrayado Belarra.

Además, ha dicho que son conscientes de "la importancia económica que tiene esta actividad para el mantenimiento de muchos puestos de trabajo en el sector turístico", aunque ha añadido que deben mantener "el principio que ha regido hasta ahora todas las decisiones: el de proteger la vida de las personas por encima de todo".

Los diversos trabajos administrativos preparatorios, como son la elaboración de la oferta de plazas o la redacción de los pliegos de contratación de las operadoras para el caso del programa de Turismo Social y de los contratos con los establecimientos Termales, se iniciaron hace meses, según precisan desde el Ministerio de Derechos Sociales. Ya en diciembre de 2020 se mantuvieron reuniones y se recogieron las aportaciones de las propias personas mayores, a través de colectivos representativos, con el objetivo de recibir sus demandas y opiniones respecto a los programas de turismo y termalismo.

Según explican desde esta cartera, la campaña estará supeditada a los criterios de las autoridades sanitarias y se tendrán en consideración múltiples factores entre los que se encuentran: el fin del estado de alarma, el desarrollo del programa de vacunación frente a la COVID-19, la comprobación del mantenimiento de la inmunidad en el tiempo y la evolución general de la incidencia acumulada por zonas o las eventuales cancelaciones impuestas por las limitaciones a la movilidad si estas se produjeran.