A la izquierda, los reyes de España entregando este miércoles, 28 de junio de 2017, una medalla a Rodolfo Martín Villa por su papel en la Transición española y en las elecciones constituyentes de 1977. A la derecha, un policía golpea salvajemente a obreros que se mantienen en huelga en Vitoria. Es el 3 de marzo de 1976. Martín Villa es el ministro de Relaciones Sindicales y la actuación policial deja cinco trabajadores muertos y al menos 150 heridos, muchos de ellos de bala. Nadie, absolutamente nadie, asume responsabilidades por aquella matanza. 

"Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia", decía por radio, minutos después de la masacre, uno de los agentes que participa en la operación en Vitoria. Las víctimas de la matanza, sin embargo, tenían y tienen claro quiénes son los que provocaron aquello. Jesús Quintana Saracibar, policía que estaba al mando del dispositivo, y Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales.

Una comisión del Parlamento vasco en 2008 consideró responsables de lo sucedido a Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación que se encontraba en Alemania durante los sucesos; Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso Osorio, ministro de Presidencia.

La sombra de aquella masacre, de la que nunca tuvo que responder ante la Justicia, no impidió a Martín Villa continuar prosperando en su carrera profesional. Nadie le pidió cuentas en pro de la reconciliación nacional. Tampoco por haber condecorado a Antonio González Pacheco, el torturador más conocido del tardofranquismo. De hecho, Martín Villa continuó su carrera hasta alcanzar la presidencia de Endesa, de Sogecable y el comisionado del Gobierno para el desastre del Prestige. Hoy, además, ha recibido una condecoración de manos del monarca. 

En el extranjero ha sido diferente. A raíz de la querella de las víctimas de Vitoria ante la Justicia de Argentina, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires cursó una orden de detención y extradición contra Martín Villa y Jesús Quintana para tomarles declaración indagatoria por estos hechos. La magistrada María Servini de Cubria entendió que pueden ser considerados "crímenes de lesa humanidad" y por ello imprescriptibles. Martín Villa dijo entonces que no se escondería y que iría a declarar donde hiciera falta para dejar clara su inocencia. "Que quede claro, voy a solicitar poder declarar ante la juez, procuraré hacerlo de la forma más cómoda y más segura para mí, pero lo voy a hacer, así lo he pensado desde el principio", remachó entonces.

Sin embargo, no lo hizo. El Gobierno de España rechazó su extradición. El Ejecutivo alegó el principio de jurisdicción preferente, es decir, que en caso de ser juzgado tendría que serlo en España y, por otro lado, el principio de extinción de la responsabilidad criminal, es decir, considera que no se trata de crímenes de lesa humanidad y que, por tanto, estos presuntos delitos estarían prescritos. 

Martín Villa, por tanto, ha recogido este miércoles su condecoración por su papel en la Transición española. Mientras que las víctimas de aquella masacre, de tantas otras y de cuarenta años de dictadura siguen sin justicia. Nadie puede asegurar que Martín Villa fue el culpable de nada, pero sí que el Estado español ha dado la espalda a las familias de los asesinados, de los heridos y de todos aquellos que 40 años después de aquellas elecciones constituyentes siguen esperando verdad, justicia y reparación.