Isabel Díaz Ayuso fue nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid el 19 de agosto y desde entonces se han deslizado con cuentagotas los nombres y cargos del equipo de Gobierno. Algunos de los puestos de segundo y tercer nivel en relevancia ya han sido ocupados por políticos con un pasado controvertido.

Investigados por gestiones irregulares, acusados de machistas por frases lapidarias, multados por verse envueltos en gestiones fraudulentas... A Ayuso no le ha importado que en el currículum de muchos de sus consejeros y delegados haya aspectos que puedan ensombrecer su legislatura.

El último fichaje para su nuevo equipo ha sido el de Rafael Pastor Martín, uno de los encargados de seguridad del Madrid Arena cuando cinco jóvenes perdieron la vida en una avalancha causada por superar el aforo máximo permitido.

Pastor Martín ocupaba en 2012 –año de la tragedia– el cargo de subdirector de Seguridad de Madridec, y pese a ser absuelto porque las infracciones que cometió están despenalizadas, fue obligado por la Audiencia Provincial de Madrid a pagar junto a los condenados unos dos millones de euros a las familias de las víctimas, así como a los heridos. 

Antes de su llegada, no hacía ni dos días de la última incorporación, Pedro Irigoyen, a la Dirección General de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, con una investigación abierta contra él desde el Banco de España por irregularidades en numerosos créditos concedidos por Avalmadrid. Irigoyen se enfrenta a una posible sanción de hasta 10.000 euros. 

Apartados de la Gürtel

Una semana antes ya se había hecho público el fichaje de Enrique López como consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo. El jurista salió malparado de su etapa como miembro del Tribunal Constitucional, entidad que abandonó tras ser imputado por cuadruplicar la tasa de alcoholemia y conducir sin casco en pleno centro de Madrid. Además, el juez fue apartado de los casos de Bárcenas y la trama Gürtel por su afinidad con el PP. 

Esta conformación de Gobierno, de corte neoliberal y con posturas muy cercanas a las de Pablo Casado y Esperanza Aguirre, ha despertado críticas en la oposición: "Seguiremos diciéndolo bien clarito: el neoliberal español es un tipo que no para de denigrar lo público pero que luego se reparte las instituciones como patrimonio familiar", publicaba Ínigo Errejón en redes sociales tras el nombramiento de Enrique López como nuevo Consejero de Justicia. 

Una prueba de la cercanía de este equipo de Ayuso a Pablo Casado es la incorporación de Javier Fernández Lasquetty, ex jefe de Gabinete del líder del PP y consejero de Sanidad de la Comunidad durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente del consorcio. 

El 20 de agosto, un día después de la investidura de Díaz Ayuso, se hizo oficial que su número dos, David Pérez, exalcalde de Alcorcón, se encargaría de la Consejería de Vivienda. Pérez ocupó los focos del protagonismo cuando tachó de "fracasadas y amargadas" a las feministas. Dentro de sus funciones políticas, fue acusado de desatender a 93 mayores que iban a perder sus viviendas a causa del plan Permuta.

La viceconsejera de este departamento será Concepción Dancasa, una de las condenadas por el Tribunal de Cuentas junto a Ana Botella por la venta de 1.806 viviendas sociales a fondos buitre en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2013.

Reformas administrativas

Además, la nueva presidenta ha introducido muchos cambios administrativos, como es la creación de 22 nuevos altos cargos o la formación de una Dirección General para la educación concertada de la Comunidad. 

Pese a llevar como bandera un discurso enfocado a reducir el gasto de las administraciones públicas, el número de altos cargos será de 135. En cuanto a los sueldos, la cantidad anual bruta oscila entre los 75.084 y 100.556 euros, dependiendo de la categoría.

Elevar la posición burocrática de la educación concertada en Madrid su correlación en los presupuestos autonómicos, donde la capital se sitúa como segundo líder con una factura anual que se acerca a los mil millones de euros y cuya expansión coincide con las políticas educativas de los gobiernos autonómicos del PP que han avalado la expansión del modelo.