Los Comités de Defensa de la República (CDR) han vuelto a situarse en el primer plano político y mediático tras las acciones protagonizadas este fin de semana en varias autopistas catalanas. Tanto el gobierno español como parte de la oposición en Catalunya, especialmente Ciudadanos y PP, han criticado el ejecutivo de la Generalitat por lo que consideran "pasividad" de los Mossos ante la actuación de los CDR, hasta el punto de que PP y Cs han vuelto a pedir, por enésima vez, que se aplique nuevamente el artículo 155 sobre las instituciones catalanes. En el caso del Ejecutivo estatal, ha anunciado que tomará medidas, si bien ha descartado que apueste por un nuevo 155.

La realidad es que el gobierno de Torra tiene una relación si se quiere ambigua con los CDR. Por un lado, en más de una ocasión les ha animado, directa o indirectamente, a movilizarse y a presionarlo. Pero por otro lado, agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han cargado en concentraciones con la participación de activistas del movimiento, como en las movilizaciones antifascistas de la semana pasada en Girona y Terrassa, o en el pasado 1 de octubre, durante la conmemoración del referéndum que se hizo en el Parc de la Ciutadella de Barcelona. Los CDR, a su vez, se ha situado como uno de los actores del independentismo más críticos con la gestión del Govern de Torra, al que consideran "autonómico" y del que han pedido la dimisión en varias ocasiones por "no hacer efectiva la República" catalana.

Las acciones del puente de la Constitución parece que serán sólo una muestra de lo que el movimiento prepara para el próximo 21 de diciembre, el día en que el gobierno español celebrará el Consejo de Ministros en Barcelona. Sin concretar qué tipo de acciones hará, el CDR ha anunciado a través de su canal oficial que el 21-D "seremos ingobernables", se "tomarán las calles" y hace un llamamiento a "prepararse para resistir".

No es, sin embargo, la única entidad independentista que pretende movilizarse ese día, ya que la ANC también ha avanzado que hará algún tipo de convocatoria contra lo que tacha de «visita a la colonia" del "Estado opresor". Y es fácil interpretar que el Govern de Torra avala las protestas que se hagan ese día después de que su portavoz y consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, manifestara que "venir a hacer esta reunión el 21 de diciembre tiene un punto de provocación", para añadir que la "ciudadanía de Catalunya todavía tiene el derecho de protestar. Por tanto, nosotros también protegeremos el derecho de la gente de protestar".

Partidarios de la "implementación" de la República

Las críticas hacia el presidente de la Generalitat por su relación con los CDR arrancan sobre todo después del 1 de octubre de este año, cuando literalmente les animó a “presionar”, a raíz de las acciones que llevaron a cabo ese día en Catalunya. Desde entonces, una parte de la oposición, fundamentalmente Cs y PP, le ha calificado en más de una ocasión como el “jefe de los CDR". Surgidos poco antes del 1 de octubre de 2017, y conocidos inicialmente como Comités de Defensa del Referéndum, los CDR se formaron sobre todo al calor de activistas de la izquierda independentista, si bien con el paso del tiempo se unieron a ellos personas de diferentes procedencias políticas y, en muchos casos, sin ninguna vinculación partidista.

Actualmente se sitúan dentro de lo que se podría considerar como independentismo más irredento, es decir, aquel que aboga por la vía unilateral y por considerar que el resultado del 1-O daba un mandato al Govern de la Generalitat para "implementar la República" catalana. Un sector donde, con matices diversos, también se sitúa la ANC, los sectores del centroderecha liberal implicados en las Primàries per la República y, al menos algunos días y aunque sea a nivel retórico, el ex president Carles Puigdemont y sus afines, comenzando por Quim Torra. ERC, Òmnium Cultural y el sector oficialista del PDECat, en cambio, se engloban en lo que puede considerarse un independentismo más pragmático, que apuesta por ganar apoyos y conseguir un "referéndum reconocido" que permita desatascar el conflicto político. Las categorías, sin embargo, no son estancas y en cada formación y entidad hay partidarios de una u otra vía, si bien progresivamente los defensores de la unilateralidad han perdido peso, especialmente en el Govern, más allá de alguna declaración esporádica.

Criminalizados por una parte importante de la prensa madrileña y tachados de "violentos" por varias formaciones estatales, aunque sus acciones -como levantar barreras de peajes- se enmarcan en el repertorio clásico de la desobediencia civil no violenta, los CDR no han sido precisamente complacientes con Quim Torra. El 27 de octubre, por ejemplo, manifestaron que "hace un año que los políticos declararon la República Catalana en el Parlament. Para nosotros NO fue una declaración simbólica. Les exigimos que apliquen el mandato del 1-O y el 21-D [fecha de las elecciones en el Parlament convocadas a través del artículo 155]. Que hagan efectiva la República o dimitan".

Las últimas semanas las críticas al Ejecutivo autonómico se han canalizado fundamentalmente hacia el conseller de Interior, Miquel Buch, a raíz de las cargas de los Mossos contra las personas concentradas en manifestaciones de rechazo al sindicato Jusapol y, sobre todo, al partido de extrema derecha Vox.

A diferencia de lo ocurrido en otras épocas, la reacción del Goven no ha sido cerrar filas y dar un apoyo total al cuerpo policial, sino cuestionar abiertamente determinadas actuaciones, que en Terrassa supusieron por ejemplo la lesión de la diputada de la CUP Maria Sirvent . De hecho, Torra se reunió el domingo con Buch para estudiar si era necesario estudiar cambios en el protocolo de actuación de los agentes antidisturbios de la policía catalana, aunque el encuentro no sirvió para anunciar ninguna modificación. Este lunes, después de reunirse con mandos policiales, Buch ha manifestado que las actuaciones policiales en Terrassa y Girona fueron "globalmente correctas".

En este contexto, la jornada del 21 de diciembre se prevé movida en Catalunya, especialmente en Barcelona y sus accesos. La convocatoria del consejo de ministros de Pedro Sánchez en la capital catalana también ha provocado críticas de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y con el aval, nada disimulado, del Gobierno de Torra parece evidente que una parte del independentismo la aprovechará para mostrar su rechazo al ejecutivo estatal. A pocas semanas del inicio del juicio a los dirigentes independentistas por la celebración del 1-O no cuesta mucho concluir que el ejecutivo de Torra ve con buenos ojos una demostración de fuerza en las calles, en el que se puede interpretar cómo una primera gran movilización hasta que arranque un posible nuevo ciclo de acciones durante el juicio en el Tribunal Supremo.