La pandemia no se va a llevar por delante los indultos de Semana Santa a petición de cofradías y hermandades religiosas: el Consejo de Ministros del próximo martes, 23 de marzo, aprobará varios de esos perdones de penas a condenados a propuesta del Ministerio de Justicia, según confirmaron fuentes del departamento que dirige Juan Carlos Campo.

Las peticiones aprobadas, cuyo número declinaron anticipar las fuentes consultadas, serán publicadas en el BOE del día siguiente, lo que pondrá en marcha los procesos de remisión de penas a los agraciados, normalmente supeditados a no reincidir durante periodos de tres a cinco años, por parte de los tribunales que los condenaron.

El ejecutivo retoma los indultos de Semana Santa mientras tiene sobre la mesa solicitudes de conmutación de la pena como la de María Salmerón, una mujer sevillana víctima de violencia machista a la que el apoyo a su hija, que rechaza ver a su padre, le ha costado ya cuatro condenas de prisión.

La recuperación de los indultos de Semana Santa, que entre 2015 y 2019 supusieron casi la cuarta parte de todos los concedidos (43 de 228, el 18,8%), despeja las dudas generadas por la decisión de no aprobar ninguno el año pasado, una decisión que se encontraba sobre la mesa de Campos en los primeros días de abril, cuando todavía no había transcurrido un mes desde la declaración de la pandemia y después de que el primer ejecutivo de Sánchez, monocolor del PSOE, hubiera optado en 2019 por mantener la tradición y dejar en cuarentena las líneas laicistas de su programa electoral para decretar seis perdones.

Ahora, la aprobación corresponderá a un gabinete con cuatro ministros de Unidas Podemos y que se encuentra en pleno proceso de distensión en sus relaciones con la iglesia católica, del que resultan sintomáticos los tenues niveles de beligerancia mostrados por el Gobierno en asuntos como las inmatriculaciones y por el episcopado en otros como la Ley Celáa.

Y llegará, también, en vísperas de la segunda Semana Santa sin procesiones en España como consecuencia de la pandemia, ya que las restricciones de la actividad incluyen el veto a las concentraciones multitudinarias de personas.

El Gobierno PSOE-UP aprueba 41 perdones en quince meses

Los indultos de Semana Santa no son los únicos rodeados de polémica que tiene sobre la mesa el Gobierno, que en los próximos meses deberá decidir sobre otros como los del rapero Pablo Hasél o los condenados por el procés independentista catalán, además de pronunciarse sobre el cuarto perdón a María Salmerón.

La aprobación de ninguno de ellos supondría, al menos en términos numéricos, una sorpresa, puesto que el actual Gobierno de coalición lleva concedidos 41 en sus apenas quince meses de existencia, a los que se suman los más de 40 que aprobó el ejecutivo de Pedro Sánchez en su etapa monocolor.

La aplicación de esa figura legal, criticada y rechazada por amplios sectores de juristas, es, en cualquier caso, menor que en etapas anteriores. Solo en lo que va de siglo, los gabinetes de José María Aznar aprobaron casi 800, los de José Luis Rodríguez Zapatero se acercaron a los 3.500 y los de Mariano Rajoy rondaron el millar, con más de 700 de ellos concentrados en los dos primeros años.

En lo que va de año, el ejecutivo ha concedido once indultos, el último de ellos a un guardia civil condenado a nueve meses de prisión por haber insultado a un superior. El listado incluye a cuatro condenados por delitos económicos (tres por alzamientos de bienes y uno por insolvencia punible), tres por infracciones contra el patrimonio (dos robos y un hurto), dos por lesiones y otro por un asunto de salud pública.

"40 años después no se ven avances en aconfesionalidad"

Los indultos de Semana Santa, instaurados por Carlos III en 1759, más de un siglo antes de que en 1870 fuera aprobada la ley que los regula (vigente y retocada por última vez en 1988) y mediante la concesión de privilegios reales a cofradías y hermandades, tienen normalmente como beneficiarios a personas condenadas por delitos menos graves, que se encuentran en la fase final del cumplimiento de las penas y en regímenes de semilibertad y que cuentan con el visto bueno de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios.

Ni las excarcelaciones ni la elección de condenados por delitos de sangre, sexuales o de corrupción para este tipo de indultos son, o al menos no lo han sido en las últimas décadas, habituales. Los indultados participan en las procesiones que en los días siguientes a la aprobación de los perdones organizan las cofradías que los han solicitado.

"No se ven avances en aconfesionalidad ni laicidad, y vuelven unos indultos que son una cuestión arcaica en la que la religión invade la vida civil", sostiene Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica, que critica que "el Gobierno ha quedado constreñido porque el mismo no quiere avanzar".

"Se han lavado las manos con las inmatriculaciones, que es un tema de Estado que reducen a reclamaciones individuales, y la Lomloe sigue teniendo carácter confesional", añade, al tiempo que destaca que "más de cuarenta años después no hay un mínimo reglamento de laicidad ni de aconfesionalidad del Estado, no hay nada regulado ni siquiera en cuanto a la simbología".

"Llevamos años colaborando con la cárcel"

La Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la Columna, de Zaragoza, a la que el Gobierno concedió los últimos indultos en 2014 y en 2018, no ha solicitado perdones este año, explica su hermano mayor, Jesús Cortés, después de que el pasado el Gobierno no aprobara ninguno.

"Llevamos varios años colaborando con el centro penitenciario de Daroca dentro de la Pastoral Penitenciaria", señala Cortés. Eso incluye, entre otras y más allá de la petición de los indultos, actividades como organizar un vía crucis en la cárcel en vísperas de la Semana Santa y, también, participar en "salidas terapéuticas" para reclusos bajo la supervisión de la Junta de Tratamiento del penal.

Esas salidas forman parte del proceso de reinserción de los presidiarios, con el que colabora la hermandad. "Nos hacemos cargo los días de jueves y viernes santo de la custodia, el alojamiento y la manutención de dos o tres presos que participan en las procesiones vestidos de cofrades y que esos días pernoctan fuera de la cárcel para regresar a ella", explica Cortés.

¿Y qué habría ocurrido este año, en el que no hay procesiones, si la cofradía hubiera solicitado un indulto y el Gobierno se lo hubiera concedido? El agraciado habría participado en los actos que esta tiene previstos en la céntrica iglesia de Santiago.

"Tenemos actos de interior respetando los aforos, que son del 50% en las actividades religiosas, y eso nos permite meter a 340 personas porque la iglesia es amplia, aunque en las procesiones salimos unas 700", explica Cortés. "Será algo breve. Moveremos nuestros cinco pasos, sonarán los tambores y habrá un auto sacramental sobre la flagelación, pero todo en apenas una hora. Hay que respetar las restricciones y el toque de queda", añade.