Los colectivos por el derecho a la vivienda de la Comunidad de Madrid han conseguido su primer objetivo. Inician así un largo camino que empieza este viernes con la entrega de las 50.000 firmas necesarias para llevar a la Asamblea regional una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una ley urgente de vivienda en la Comunidad de Madrid que garantice el acceso a la vivienda de todos los madrileños e impida que se efectúen desahucios sin alternativa habitacional para las personas en situación de vulnerabilidad, además de evitar casos de pobreza energética.

Se trata de una iniciativa ciudadana promovida por la Coordinadora de Vivienda de Madrid ─en la que se integran la PAH y los grupos de vivienda surgidos del 15-M─, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogadas (ALA).

Su objetivo principal es hacer realmente efectivo en Madrid el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los españoles a una “vivienda digna” y obliga a los poderes públicos a garantizarlo “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Un artículo claramente incumplido por los últimos gobiernos regionales y municipales del PP, que vendieron en plena crisis económica miles de viviendas sociales a diferentes fondos de inversión por un valor inferior al de su construcción.

Mientras, en la Comunidad de Madrid se han ejecutado entre 2008 y 2015 casi 80.0000 desahucios, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial. En 2016 hubo 6.674 lanzamientos, según la misma fuente, aunque en ellos se incluyen todo tipo de inmuebles, desde la vivienda habitual hasta locales.Hace semanas que los impulsores consiguieron las 50.000 firmas necesarias para llevarla a la Asamblea, y afirman que en total han recogido más de 60.000. Este viernes expira el plazo de recogida de firmas y harán la entrega en Cámara.

Después, los grupos políticos votarán si la admiten a trámite para su posterior debate, modificación y aprobación. Según los promotores, la iniciativa cuenta con el apoyo del PSOE y de Podemos para que se admita a trámite, mientras que Ciudadanos y PP “la han acogido con reservas”.

Prohibido vender vivienda pública

Esta ILP garantiza el derecho a solicitar una vivienda pública en alquiler a cualquier madrileño y establece criterios de prioridad en función de las circunstancias personales de cada solicitante. La renta dependería del nivel de ingresos de la familia, contemplando que sea gratuita para los hogares con un porcentaje de ingresos inferiores al 90% del Salario Mínimo Interprofesional (707,6 euros mensuales).

Del mismo modo, la iniciativa prohíbe expresamente a la Administración vender la vivienda pública o privatizar su gestión, como ha ocurrido con la EMVS del Ayuntamiento de Madrid o con el antiguo IVIMA, ahora Agencia de Vivienda Social.
También establece la asignación temporal de una vivienda en caso de emergencia habitacional, es decir, cuando una persona esté al borde de un desahucio sin alternativa, siempre que sus ingresos no superen un salario mínimo. Incluye en este apartado a víctimas de violencia machista o personas con diversidad funcional, entre otras.

Final de los desahucios sin alternativa

Al mismo tiempo obliga a ofrecer un alquiler social para las personas en riesgo de exclusión que vayan a ser desahuciadas por los llamados “grandes tenedores de vivienda” como las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, los fondos de inversión y la Sareb, conocida popularmente como el “banco malo”.

La idea de esta iniciativa es poner a disposición de la ciudadanía el gran número de viviendas vacías que hay en la Comunidad de Madrid, que estiman en 300.000 y que, en su mayoría, pertenecen a estos grandes tenedores después de haber desahuciado a miles de personas durante la crisis. El preámbulo de la ILP responsabiliza a las inmobiliarias y los bancos de la situación de “emergencia habitacional”, ya que “atesoran estos inmuebles a la espera de retornarlos al mercado cuando la situación sea más favorable para sus intereses”, después de “acumular inmensos beneficios y provocar el estallido de la crisis económica”.

Por esta razón, los promotores hablan de la “función social de la vivienda privada” y establecen sanciones para los grandes tenedores de viviendas que lleven vacías más de seis meses, llegando a multas que, en los supuestos más graves, pueden llegar a los 600.000 euros. La recaudación por estas sanciones, dice el texto, se integrará en la partida presupuestaria para ampliar el parque público de vivienda de la región.

Por último, la ILP propone la creación de la Agencia de Protección al Consumidor que supervise la relación entre los inquilinos y los bancos, prestamistas y otras empresas inmobiliarias y con capacidad sancionadora. La iniciativa termina con un apartado con medidas para evitar la pobreza energética, entre las que se encuentran la prohibición a las empresas energéticas de cortar los suministros de agua, gas y electricidad a los hogares en situación de vulnerabilidad sin antes solicitar un informe a los servicios sociales.