El Congreso ha dado luz verde definitiva a la ley de amnistía con 177 votos a favor y 172 votos en contra. La medida de gracia a los independentistas ha conseguido el respaldo de la mayoría de la Cámara, igual que el 14 de marzo, cuando el Parlamento la envió al Senado para su ratificación. Dos meses después, el 14 de mayo, la Cámara Alta, controlada con mayoría absoluta por el PP, aprobó el veto a la norma y devolvió al Congreso tras haber convertido su tramitación en una carrera de obstáculos.

El vía crucis del Senado fue el último intento de un PP que ha dedicado los últimos meses a intentar parar la ley con la que Pedro Sánchez pactó los apoyos para su investidura. No lo han conseguido e Isabel Díaz Ayuso, adelantándose al presidente nacional de su partido, ya ha anunciado el siguiente paso: recursos de inconstitucionalidad coordinados de todos los presidentes autonómicos del PP. 

Agitando las calles

Desde el mes de noviembre Alberto Núñez Feijóo ha convocado cinco manifestaciones contra la amnistía. A alguna de ellas incluso se unió Vox. La primera fue el 23 de septiembre en la Plaza Felipe II de Madrid; apenas quince días después, el 12 de noviembre, llamaron a la movilización en todas las capitales de provincia del país; el 3 de diciembre volvieron a las calles en un acto de protesta en el Templo de Debod (Madrid); y el 28 de enero convocaron otra manifestación en la Plaza de España de Madrid; la última concentración contra la amnistía fue el pasado domingo, también en Madrid.

Si en la primera protesta los populares protestaban contra una ley de amnistía que todavía no se había registrado ni como proposición de ley, en la última, los populares pasaron de puntillas sobre una norma que hace tiempo que asumieron que saldría adelante. Tanto es así que en las últimas manifestaciones fuentes de peso del partido ya pedían bajar el tono "para no mandar el mensaje que podemos pararla".

Oposición elevada a Europa

El mismo "error", creen algunas fuentes del PP, que se cometió con las expectativas generadas sobre Europa. La ofensiva de los de Feijóo en Bruselas hizo aguas y la amnistía no encendió las alarmas que esperaban. Génova, bajo el lema "Help Spain", forzó a los barones del partido a llevar su rechazo a la medida de gracia a los procesistas al Comité de las Regiones. En el mes de diciembre presentaron una enmienda sobre la amnistía en un dictamen sobre la futura directiva contra la corrupción de la Unión. No sólo fue rechazada, sino que se aprobó otra en su lugar que asume que la elaboración de amnistías e indultos son competencia estatal y propone dejar en manos de cada país de la UE "los mecanismos y las circunstancias que rijan la aplicación".

Comisión de Venecia , CGPJ y Consejo Fiscal

El PP también pidió la intervención de la Comisión de Venecia —un organismo dependiente del Consejo de Europa— para examinar la ley. Los miembros del organismo avalaron la norma, reconociendo la existencia de leyes de amnistía en diferentes países europeos y sosteniendo que es una herramienta útil para la reconciliación, pero también consideraron que en el caso español la ley de amnistía cubre un periodo muy amplio y ofrece una cobertura demasiado vaga. Así, concluyeron que debería acotarse temporal y materialmente, y recomendaron una aprobación por mayoría cualificada, no sólo por mayoría absoluta.

Otra maniobra del PP fue pedir desde el Senado sendos informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía. La mayoría conservadora del CGPJ avaló declarar inconstitucional la amnistía al considerar que vulnera la separación de poderes y el principio de igualdad.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respondió al PP que la Fiscalía no era competente para elaborar ningún informe sobre la ley. Aun así, los seis vocales conservadores de la de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal elaboraron uno contra su criterio tachando la norma de "manifiestamente inconstitucional".

Enmienda a la totalidad con texto alternativo

Como Vox, el PP también presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la ley de amnistía en el Congreso. Ambas fueron rechazadas por el Parlamento el 10 de enero. En aquel documento los populares proponían la disolución de partidos políticos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal mediante la introducción en el Código Penal de una serie de delitos de "deslealtad constitucional".

Reforma del reglamento de la Cámara Alta para retrasarla

Para entonces ya habían preparado su estrategia en la Cámara Alta. En el mes de noviembre, los populares reformaron el reglamento del Senado para alargar la tramitación de la amnistía y hacer coincidir su aprobación la campaña para las elecciones europeas. El artículo que se modificó, el 133, daba 20 días al Senado para "ejercitar sus facultades de orden legislativo" en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso, cómo era el caso de la amnistía. Ahora es el propio Senado el que decide cuándo tramitar una iniciativa por la vía de urgencia o no, independientemente del carácter que le pueda dar la Cámara Baja o el Ejecutivo.

Choque histórico entre Senado y Congreso

Continuando con su uso del Senado, en el mes de abril los de Feijóo dieron un paso al frente contra el Congreso inédito abriendo un conflicto de competencias con la Cámara Baja que prometía terminar en el Constitucional.

Aprobaron un escrito en el Senado en el que acusaban al Congreso de haber invadido las competencias de la Cámara Alta al considerar que la ley de amnistía es una "reforma constitucional encubierta". Así, exigían al Parlamento que retirase la norma en el plazo de un mes antes de recurrir el procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Los populares acabaron reculando y no elevaron el conflicto de competencias por miedo a que el Alto Tribunal fallase en su contra y dificultase el recurso de inconstitucionalidad que presentarán contra el fondo de la ley.

Acción coordinada de las comunidades autónomas

Antes de eso, el PP, junto a Vox, también pidió a la Mesa que reconsiderara la admisión a trámite de la ley de amnistía y pidió informes a los letrados de la Comisión de Justicia, del Senado y de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Con todo, la amnistía ha sido aprobada este jueves y se hará efectiva con su publicación en el BOE. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves una acción coordinada de las autonomías gobernadas por el PP: todas presentarán recursos de inconstitucionalidad. Otros presidentes populares como Fernando López Miras, Jorge Azcón o Juan Manuel Moreno Bonilla ya habían adelantado que sus servicios jurídicos trabajan en este recurso.