La Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO), encabezada por el comisario Eugenio Pino, ha cambiado de destino a cuatro comisarios que se habían cruzado en alguna investigación con su adjunto, el policía José Manuel Villarejo Pérez.

La más reciente y polémica es la destitución del comisario Jaime Barrado a mediados de mayo, que coincide en el tiempo con los movimientos que ha habido en el juzgado de instrucción número 26, que investiga las coacciones y amenazas del empresario Javier López Madrid contra la doctora Elisa Pinto. En este proceso está imputado el consejero delegado de OHL por acoso a la doctora.

Como ya informó Público, la doctora Pinto interpuso ante la secretaría de Estado de Interior, dirigida por Francisco Martínez Vázquez, una denuncia en la que se acusaba al comisario Villarejo Pérez de trabajar para López Madrid y de haberla apuñalado delante de su hijo de 10 años. Además, solicitaba que se investigara las maniobras que se podía haber hecho en la Dirección Adjunta Operativa, dirigida por Eugenio Pino, el grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y en la comisaría de Chamartín para que sus denuncias no viesen la luz y sí las del yerno de Juan Miguel Villar MIr.

El secretario de Estado se la pasó al comisario Pino y este se la remitió al juzgado de instrucción número 26, sin abrir una investigación interna como le permite la ley. ”Entonces los juzgados de Plaza Castilla comenzaron a investigar –cuentan a Público fuentes judiciales- y la jueza solicitó a la comisaría de Chamartín explicaciones de por qué se había perdido la orden de alejamiento dictada contra López Madrid y también sobre las once denuncias presentadas por la doctora Pinto y que no se había atendido”.

Además, aseguran estas fuentes, “también se ha requerido información sobre su investigación al Grupo V de Homicidios, donde López Madrid pone su denuncia por acoso contra la doctora Pinto y por la que ella también está imputada”.

Reconocimiento fotográfico

El comisario Jaime Barrado reaccionó entonces. Según relatan fuentes policiales, “a finales de abril Barrado llamó a la doctora Pinto y ella se presentó con su abogado en comisaría. Allí volvió a declarar que la persona que la apuñaló fue la misma que acudió a su despacho acompañando al empresario López Madrid. En ese momento le dijeron que era un abogado, Rafael Redondo, que trabajaba con un comisario de Policía”.

Sin embargo, el juzgado durante sus pesquisas realizó una rueda de reconocimiento a la que acudió el abogado del comisario Villarejo, Rafael Redondo, y en el que la doctora Pinto dejó claro que ese no era el hombre que la apuñaló. Por eso el comisario Barrado, con una larga trayectoria en investigar delitos como secuestros y asesinatos, “le enseñó unas imágenes del comisario Villarejo a la doctora y ella sí le identificó. Esa información ya consta en el juzgado número 26”.

Fue después de remitir esta información al juzgado, el 15 de mayo, cuando Eugenio Pino decidió cambiar a Barrado de la Comisaría de Chamartín a la de Carabanchel. En este distrito, la mayoría de los agentes están imputados por manipular pruebas como huellas dactilares para resolver los casos. Fuentes policiales aseguran a Público que “el nuevo destino no es precisamente un regalo que le están haciendo”.

No es la única víctima. Tras solicitar también el juzgado número 26 informaciones al Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el comisario Jesús Nieto fue destituido y enviado a la comisaría de La Latina. Según fuentes policiales, “no quería que recayera en sus manos la investigación sobre Villarejo, más ahora que tienen que dar todos explicaciones en el juzgado”.

La jueza también ha solicitado información a la Guardia Civil sobre por qué desaparecieron las grabaciones de la hora exacta en el que la doctora Pinto fue apuñalada 

La jueza que tiene imputado a López Madrid también ha solicitado información a la Guardia Civil sobre por qué desaparecieron las grabaciones de la hora exacta en el que la doctora Pinto fue apuñalada delante de su hijo de 10 años, por una persona que hacía pasarse por el abogado Rafael Redondo y que ya ha identificado como el comisario José Villarejo. “Al principio la Guardia Civil envió las grabaciones de un horario diferente al de los hechos y cuando se le han vuelto a requerir ya habían desaparecido las de esa hora”, explican a Público fuentes judiciales.

La destitución del comisario Jaime Barrado no es la primera “que padece por investigar cosas que molestan a los comisarios que suelen rodear a la dirección adjunta operativa. Cuando era jefe de la UDEF (Unidad con la Delincuencia Económica y Fiscal) fue destituido y enviado a Chamartín tras investigar el caso Interligare, donde una serie de comisarios que había pasado por la Comisaría General de Información habían creado una empresa en la que hacían trabajos privados, incluso para la administración, mientras algunos seguían aún en sus puestos”, recuerdan a Público fuentes sindicales.

La incompatibilidad

En esta “caza de brujas” como definen algunos policías a lo que está pasando en la cúpula de poder del CNP, también ha caído el comisario Antonio Figal, ex jefe superior de Policía de Andalucía y que en estos momentos dirigía un departamento relacionado con la logística y los recursos humanos dentro del cuerpo.

Al comisario Figal, explican fuentes sindicales a Público, “le acusan de ser la persona que filtró al diputado del PSOE Antonio Trevín información sobre la incompatibilidad de Villarejo y también sobre las dietas como si estuviera destinado en Santander que presuntamente cobra su ‘jefe de gabinete’, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, a pesar de estar en Madrid como mano derecha de Eugenio Pino”.

Público preguntó a personas adscritas al comisario Eugenio Pino sobre cómo era posible que la investigación sobre la compatibilidad de Villarejo como comisario y sus negocios privados se hubiera resuelto sin que el Ministerio de Administraciones Públicas se la haya concedido. Estas fuentes aseguraron que “quizá desde 2010 con el nuevo cambio de Ley sí que sería preciso que se solicitara esa compatibilidad oficialmente”.

Estas mismas fuentes no pudieron explicar por qué no se ha investigado la denuncia de la doctora Pinto en la que se acusa al comisario Villarejo de haber sido contratado por el empresario López Madrid, por intermediación del político ahora encarcelado Francisco Granados. Sin embargo, algunos sindicalistas creen que “aquí se ha vulnerado la ley por parte del DAO. Es muy grave que se acuse a un policía de apuñalar a alguien y no se habrá una investigación interna, pero en este caso es que la denuncia además está poniendo de manifiesto que Villarejo está compatibilizando su actividad pública y privada de una forma descarada y sin que nadie tome medidas”.

El pequeño Nicolás e Ignacio González

El primero de los comisarios en ser destituidos fue Marcelino Martín Blas, que dirigía la Unidad de Asuntos Internos y que por orden del comisario Eugenio Pino investigaba el caso del pequeño Nicolás. El presunto estafador tiene anotadas en sus agendas mucha información sobre el comisario, entre otras su número de móvil o sus empresas. Además hizo búsquedas continuas sobre él y las empresas de detectives relacionadas con su mujer y su abogado.

Además, el periodista de El Mundo Esteban Urrieztieta aseguró que un adscrito al Ministerio del Interior fue la persona que les proporcionó la grabación ilegal de una conversación de trabajo entre dos agentes del CNI y los investigadores de Asuntos Internos.

El comisario Pino decidió destituir al comisario Marcelino Martín Blas de su puesto sin investigación alguna y enviarlo al consejo asesor, retirándole así de la investigación del pequeño Nicolás. Sin embargo el juez decidió crear una comisión judicial que encabeza Martín Blas y algunos de sus investigadores de Asuntos Internos.

Tampoco se va a investigar la grabación de la conversación entre el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y los comisarios Villarejo y Enrique García Castaño. Esta grabación fue difundida por El Mundo sin que Villarejo la hubiera entregado a ningún juzgado, como tendría que haber hecho si esta hubiera formado parte de la investigación sobre el ático de González.