La Audiencia Nacional ha reprochado al Ministerio del Interior y al Consejo de Transparencia que hayan mantenido ocultos los expedientes de concesión de medallas y condecoraciones policiales ante las peticiones de información del principal sindicato de agentes. 

A finales de 2015 el Sindicato Unificado de Policía (SUP) acudió al Ministerio del Interior para "exigir la aplicación de la Ley de Transparencia" y conocer esos expedientes. El sindicato veía "evidente" que se otorgaban medallas a personas que "no eran merecedoras": "Para pagar favores", denuncia a Público Ramón Cosió, portavoz del SUP. 

Algunas de esas distinciones, como la medalla al mérito policial con distintivo rojo, trae aparejada una pensión vitalicia. 

El entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, denegó la petición. El Ministerio afirmó que ofrecer esa información podía suponer "un riesgo" para los agentes y las operaciones policiales en marcha. El Consejo de Transparencia refrendó la decisión apoyándose en que esas revelaciones incluían datos personales. 

En una sentencia que no admite recurso, la Audiencia desacredita al exministro y   afirma que "dichas alegaciones han de ser manifiestamente rechazadas pues ningún dato fáctico avala estas consideraciones". Señala además "el interés legítimo" del sindicato, "dada la trascendencia presupuestaria de las resoluciones adoptadas en dichos expedientes". 

La sentencia fuerza al Ministerio del Interior a revelar los destinatarios de las medallas y los expedientes con los motivos por los que han sido concedidas.

A vírgenes... y a agentes "que no pisan la calle"

Además de las condecoraciones a imágenes religiosas y con motivos políticos, como al desimputado Francisco Marhuenda −al que el Congreso ha pedido retirar el cargo de comisario honorífico−, el sindicato maneja datos que indican que el 60% de medallas recaen en la cúpula policial. Una gran parte de ellas, a agentes dedicados teóricamente "a la gestión, que no pisan la calle", expone Cosió. 

Cabe destacar que este medio ha denunciado la existencia y varias operaciones de una policía política al servicio del comisario José Manuel Villarejo. Este cuerpo extraoficial utiliza los recursos del cuerpo para favorecer a personas cercanas a este comisario, normalmente empresarios adinerados. Entre sus clientes hay condenados por las tarjetas black o imputados en la trama Púnica, como el ex consejero delegado de OHL, Javier López Madrid.

El ocultismo con el que el Ministerio del Interior ha intentado llevar el proceso de concesión de medallas "es una manera encubierta de pagar servicios prestados", asevera el portavoz del sindicato de policías, que recalca que la sentencia de la Audiencia también supone "una bofetada al Consejo de Transparencia".

Dicho Consejo está compuesto por personas designadas por su presidente, cuyo nombramiento debe ser refrendado por el Congreso. Sin embargo, su cargo depende a partir de ese momento del Gobierno.