Podemos e IU llevarán a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo la problemática de los cortes de luz en determinadas barriadas populares de Sevilla. Así lo aseguró la eurodiputada Sira Rego este martes, después de mantener un encuentro con plataformas de afectados. "Es un problema estructural vinculado a los barrios más empobrecidos", dijo Rego.
La izquierda lleva tiempo analizando este asunto y reclamando soluciones para las personas que, como Carmen Lorenzo, que vive en el Polígono Sur, de Sevilla, paga sus facturas de luz y no tiene acceso al servicio en las mismas condiciones que otros vecinos. Asegura haber tenido que poner gas para poder cocinar: "He tenido que quitar la vitro y poner gas. Si hace calor, el calor es inhumano. [Y si hace frío] no hay manera de entrar en calor. Los que padecemos de los huesos pasamos un invierno de lo peor. Tengo un contrato con Endesa, cuando le reclamo me dice que no es cosa suya. Te pago la luz, pero ¿el problema es encima mío? Pago todos los meses religiosamente".
Los datos que ha ofrecido el Gobierno andaluz es que los cortes de luz están muy localizados e determinados lugares y que no es un problema de aumento de la potencia. "En 15 de las 4.000 subestaciones que hay en Sevilla están la mitad de las incidencias. Entonces, cuando se produce un corte de luz en cualquier barriada —y en todas hay gente normal, que se gana la vida de manera honrada—, claro que es un problema para la sociedad", afirmó el consejero Jorge Paradela en el Parlamento a preguntas de la diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, hace semanas. "Mucho nos tememos que dotar a esos transformadores de mayor potencia podría incluso seguir alimentando el problema de los enganches fraudulentos", agregó Paradela.
Inversiones y potencia
El Gobierno andaluz considera que el problema no es de inversiones de Endesa y que debe implicarse también la administración central en el asunto, que no es exclusivo de Sevilla. Paradela informó de que en Granada, en enero de 2021, la Junta abrió un expediente informativo a Endesa e-distribución para aclarar las causas de los cortes de luz, que se cerró dos meses después, "tras demostrar la empresa que las incidencias en las zonas afectadas se debían a la acción de terceros y no a una deficiente dimensión de las redes de distribución".
Paradela aportó los datos siguientes: "En Granada capital, la potencia media instalada por cliente ha sido de 3,4 kilovoltioamperios, en 2016; de 4,2 en 2020, y se ha mantenido estable en el tiempo, en 4,2, en 2022. O sea, 4,2 en 2020 y 4,2 en 2022. Sin embargo, en la zona norte, que es la que concentra el 90% de las incidencias, esa potencia instalada por cliente ha sido de 12 kilovoltioamperios, es decir, tres veces más que lo que tienes en la media de Granada capital".
"Ese no es mi problema", considera Lorenzo. "El que esté enganchado no es mi problema. El mío es que pago la luz y no la recibo. Pagamos y no recibimos servicios. Alguien tiene que hacer algo con esto. Lo que no es normal es que el aparato no funcione. Y que no puedas hacer nada en tu casa. Llego y no sé si voy a tener luz o no. ¿Me podré bañar o no? Llevamos así tres años. ¿Todos estamos sin pagar? En septiembre pagué 337 euros de luz. Y cuando llego a casa, no tengo luz ¿quién es responsable de eso?", afirma Lorenzo.
Los vecinos se han constituido en diversas plataformas, que se reunieron este martes con Rego y con los portavoces de Podemos, Susana Hornillo, e IU, Ismael Sánchez, en Sevilla. Para ellos "la responsabilidad última es de Endesa". "Es lamentable –dijo Hornillo– la postura de Junta y Ayuntamiento que dan por buena la respuesta que responsabiliza a los vecinos porque la mayoría tienen enganche ilegales. Esto no tiene soporte por ningún informe de las fuerzas de seguridad del Estado y es intolerable". "No tendremos problema [si llegamos al Ayuntamiento] en cortar toda relación comercial con empresas que vulneran derechos de vecinos y vecinas", remachó Hornillo.
El Parlamento Europeo puede, a través de su Comisión de Peticiones, comprobar sobre el terreno la forma en que se aplica la legislación europea y hasta qué punto las instituciones europeas responden a las inquietudes que a usted se le plantean. El objetivo de la Comisión de Peticiones es cuando sea posible, «ofrecer una alternativa extrajudicial a preocupaciones o cuestiones legítimas». Esta comisión ya cumplió un papel relevante en la problemática del almacén de gas en Doñana, que recomendó paralizar, hace unos años. "Hay que hacer uso de todos los instrumentos y habilitar los canales de participación ciudadana", afirmó Rego.
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