Adrián de la Joya es la salsa de todas las fiestas y el padrino del jubilado comisario Villarejo en el mundo de la empresa privada. Lo era en la época del pelotazo en Marbella, cuando no había límites para la imaginación de un emprendedor aunque las ideas se esfumaran como la burbuja inmobiliaria que ayudó a crear. Ayer la Audiencia Nacional le detuvo en el marco de la pieza PIT, por propiciar un negocio de 30 millones de euros para que dos nietos del fundador del Banco Santander y un empresario catalán obtuvieran una jugosa terminal en el puerto de Guatemala. 

Cuando todo salió mal, según fuentes de la investigación, De la Joya medió junto al ilustre abogado Enrique Maestre -asociado del bufete de Joaquín Arespacochaga, hijo del ultimo alcalde franquista de Madrid- para que Ángel y Álvaro Pérez Maura contrataran a su amigo el comisario encarcelado por 10 millones de euros para solucionarles los problemas judiciales en España y al otro lado del Atlántico.

Junto a él, fue detenido Francisco Javier Soucheiron Marcet, que estaba asociado con los hermanos Pérez Maura, dueño de la empresa Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L. La organización habría pagado 30 millones de dólares (26,8 millones de euros) en comisiones ilegales entre  2012 y 2015 al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molin y a la vicepresidenta, Rozana Baldetti. El fin era obtener la adjudicación irregular de la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal a través de su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal S.A.

Con la ayuda del ex jefe de campaña de Trump 

La investigación de Tándem y sus 10 piezas separadas está dejando claro que la organización criminal tiene varios "departamentos" y "escalafones", aunque aparentemente el comisario Villarejo sea el eje central. Adrián de la Joya sería un suministrador de clientes y, precisamente en 2016 y 2017, junto al ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y el propio Villarejo realizó varios viajes y negocios con el ex jefe de campaña de Donal Trump, Paul Manafort, a quien también se recurrió y se pagó en el caso de Guatemala cuando se abrió el proceso contra Ángel Pérez Maura en abril 2016. 

En este caso, el pago presuntamente saldría de los 10 millones de euros cobrados por las sociedades de Villarejo. También se indaga si esta red recurrió a los servicios del ex juez Baltasar Garzón o del despacho del que es socio y administrador único, Illocad, "debido a que este tiene buenas relaciones tanto en Guatemala como en España y era lo que necesitaban", explican fuentes conocedoras de la causa. 

Sin embargo, aunque todos los citados cobrasen por la gestión, 10 millones de euros superan con mucho lo cobrado por Villarejo en otros servicios que incluyen sólo "gestión de crisis". Por ejemplo, se estima que fueron 2 millones lo facturado al ex consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, por ayudarle con las denuncias que le ponía la doctora Elisa Pinto; incluso, son 1, 4 lo que el yerno de Villar Mir le ingresó a Adrián de la Joya en su cuenta de Suiza por la comisión del tren de Navalcarnero (Madrid), según consta en la Operación Lezo donde también fue detenido y continúa imputado. 

Como el proceso se alargó hasta que en la Audiencia Nacional decidió que el nieto del fundador del Banco Santander, Ángel Pérez Maura, al ser español además de guatemalteco, no tenía por qué ser extraditado, la investigación ha podido acreditar una reunión en el hotel Villamagna en enero de 2017 entre Manafort, De la Joya, Villarejo, su socio Rafael Redondo, el empresario Pérez Maura y el abogado Maestre, donde se trató dicho asunto. Pero este no era el único negocio que trataban con el ex gerente el presidente de Estados Unidos, ahora en prisión por la denominada 'trama rusa' que investiga la Fiscalía de Virginia. 

Socios, clientes y "troncos" en la organización criminal

Un año antes, Paul Manafort, Adrián del Joya, Enrique Maestre, José Villarejo y el ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga,  junto al magnate ruso del aluminio, Oleg Deripaska, intentaron vender a Arabia Saudí sistemas de encriptación, como ya lo habían intentado en China e Irán. De la joya incluso cerró negocios con Manafort y el grupo CSC Group a través del experto en ciberseguridad, Héctor Hoyos. 

El primero por la izquierda es el catalán José María Clemente Marcet, condenado por narcotráfico y buscado por estafa; el cuarto, el comisario José Manuel Villarejo; le siguen los príncipes saudíes, Naef y Nawaf Bin Fawaz Al Chaalan; y a su lado, el asesor fiscal vinculado a los papeles de Panamá, Joaquín Arespacochaga.

Y aquí es donde los encargados de investigar la maraña de la causa Tándem y sus 10 piezas hacen una separación entre los "troncos", que serían los funcionarios detenidos porque se llaman así entre ellos; los socios, como Adrián de la Joya u otros "comisionistas", abogados, amigos habituales que aparecen en las diferentes piezas; y los clientes, como Pérez Maura, "que, en ocasiones, sufren chantajes y extorsión, delitos que llevan implícitos que la 'víctima' oculta algo y en este caso ocultan corrupción". 

Por ejemplo, en febrero de 2015 Público aseguró que la causa del pequeño Nicolás escondía una operación de Asuntos Internos y el Centro Nacional de Inteligencia que investigaba una trama de blanqueo de capitales relacionada con la familia Obiang. Hoy esa trama se llama causa Tándem, comenzó por un negocio de Guinea Ecuatorial y el secreto de las actuaciones impide saber su dimensión.