El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo ha solicitado que todos los datos de Soluciones de Gestión, empresa vinculada a la trama, sean proporcionados a la inspectora de Hacienda para que realice un informe con las cantidades que Víctor de Aldama, el conseguidor, pudo haber defraudado a la Hacienda Pública en el ejercicio de 2020.

El magistrado Ismael Moreno ha respondido al fiscal del caso, Luis Pastor, que interesaba ese auxilio técnico para conocer si hubo defraudaciones al fisco en ese año en el que se celebraron los contratos objeto de investigación.

Pastor, además, solicitaba que se citara ante el juzgado a esa funcionaria de Hacienda para que tomara posesión y fuera habilitada para poder acceder al Cloud –acceso en la nube al sumario– y de esta manera pudiera disponer "de los documentos necesarios para el desarrollo del auxilio".

Moreno, sin embargo, no ve necesario que sea citada y acuerda sin más que se le faciliten documentos y se le aporte, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "cuanta información de interés" consideren de lo que vayan investigando.

En esta causa se indagan en las presuntas irregularidades que pudieron darse en la adjudicación de varios contratos públicos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

Precisamente este mismo mes, el Tribunal Supremo acordó abrir una causa contra el diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, después de que Moreno instara a investigarlo por su "papel principal" en la presunta trama.

El inspector tardó más de tres años en destaparlo

Raúl Burillo, el inspector de Hacienda de la delegación de Aragón que destapó el caso Koldo, ha explicado este lunes en el Senado que ese expediente le llevó "tres años y medio de investigación", pero apenas ha ofrecido información sobre su contenido, por el secreto de sumario impuesto por la Audiencia Nacional

Incluso en una ocasión se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Esto ha ocurrido cuando Gerardo Camps, senador del PP, le ha preguntado si ha realizado algún informe más después de remitir su expediente al juzgado el pasado febrero. Camps le ha expuesto que aunque no atañe ni al sigilo como inspector ni al secreto de sumario, no podía contestar dada "la complejidad de la respuesta" que necesitaría.

Antes de que los senadores comenzaran sus preguntas, Burillo ha hecho un relato en el que ha expuesto cómo una rutinaria actuación inspectora que empezó en abril de 2020 a una sociedad concreta "se convirtió en una larga inspección" que implicó con el tiempo a más personas jurídicas y físicas.

Ha indicado que no le sonaba ningún nombre de las personas inspeccionadas, ni siquiera el de la persona que ha dado nombre al caso, en referencia a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Era "una inspección normal y corriente", de la que no sospechó la implicación política que iría adquiriendo.

También ha asegurado que nunca tuvo "ninguna limitación ni sugerencia" de sus superiores jerárquicos en su labor inspectora. "Si estoy aquí es porque alguien ha incumplido su deber de sigilo", ha apuntado Burillo al describir el "especial daño" de que trascendiera su nombre en este caso.

La carrera de Burillo, desde directivo de Hacienda a político

Burillo es profesor de derecho constitucional y fue directivo de Hacienda antes de regresar a la labor inspectora en Aragón, y entre 2004 y 2010, como delegado de la Agencia Tributaria en Balears, tuvo un papel relevante en el caso Nóos, el que llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarín.

En su faceta como político, fue candidato a eurodiputado por el Partido X, fundó el partido de izquierdas Demos+, fue portavoz de Zaragoza en Común, y el año pasado candidato a alcalde en Zaragoza por Aragón Existe, sin obtener el acta de concejal.

Burillo ha explicado a los senadores que el 1 de febrero de 2024 puso fin a la investigación sin motivación concreta: "Casi cuando me dio la gana". Por ello, a su juicio, los ceses dentro de la Agencia Tributaria con los que haya podido coincidir en esas fechas no tienen ninguna relación con su expediente.

"No me consta que sean esas personas, pero si me constaran tampoco podría decírselo", ha sido una de sus respuestas, un ejemplo de cómo ha tratado de completar la comparecencia pese a estar "en el filo de la navaja" para no contravenir el deber de sigilo.

Ha subrayado que quería ofrecer "toda la transparencia posible dentro de las limitaciones", al lamentarse repetidamente de no dar más datos, durante su hora y media de comparecencia. "Cuando la Fiscalía Anticorrupción inicia sus investigaciones, yo ya tenía mis conclusiones", ha apuntado respecto a un posible solapamiento de las indagaciones.

Y en su última respuesta, cuando Camps le ha indicado que entre los cuatro delitos que se investigan judicialmente no hay un delito fiscal, aunque aparezcan en el sumario, Burillo ha añadido: "Pero se investigará".