El juez considera "grave" la presunta estafa de las mascarillas en el peor momento de la pandemia, con "miles de fallecimientos"

El juez Adolfo Carretero ha incidido en un auto dictado este martes en la "gravedad" de los hechos investigados en la causa abierta contra Luis Medina y a Alberto Luceño por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario. Considera que ésta se produjo "en el momento más álgido de la pandemia" cuando había "miles de fallecimientos diarios", una operación en la que los comisionistas se habrían embolsado hasta seis millones de euros.

Así lo expresa en un auto, en el que el juez de Instrucción número 47 de Madrid acuerda procedente tener por personado como acusación particular al Ayuntamiento de Madrid por ser perjudicado de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El juez valora la investigación de un "asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia"

Del mismo modo, acuerda aceptar la personación como acción popular del PSOE y del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y de Podemos, ya que "los delitos investigados, no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública, al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de covid-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos".

En este caso, el juez exonera al PSOE y Unidas Podemos de la fianza que se exige para personarse en la causa y lo hace basándose en la jurisprudencia que exime de la necesidad de fianza cuando el procedimiento ya se ha iniciado por otra parte con la presentación de una querella, "siempre que haya interés legítimo por la acción popular, como sucede en este caso".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, ha celebrado la admisión de la petición de su grupo, pues constituye "un paso importante" e "imprescindible" para llegar a saber "dónde está el dinero" de los madrileños. "Los socialistas nos negamos a normalizar el saqueo de lo público, vamos a seguir peleando por depurar las responsabilidades políticas y llegar hasta el final", ha dicho Espinar en una grabación remitida a los medios.

Por el contrario, no acepta por el momento como acción popular a la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre y al Grupo Más Madrid, por no aportar el poder general para pleitos preceptivo, sin perjuicio de que puedan subsanar este defecto aportando el mismo, o personándose 'apud acta' ante este tribunal.

Medina y Luceño, citados el 25 de abril

El próximo 25 de abril, el juez ha citado a declarar a Luis Medina y a Alberto Luceño en calidad de investigados. El juez Carretero investiga la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra estos dos empresarios, a quienes se les atribuye la comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.

Según la querella, Alberto Luceño y Luis Medina "actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China".

Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y "su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", un extremo niega la Alcaldía capitalina.

Al parecer, se le habría facilitado el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.

Alberto Luceño se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición"

Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación".

"En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista", subraya el escrito de la Fiscalía.

Comisión de un dólar por mascarilla

Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid --como compradora-- y la compañía malaya EEE --como vendedora para adquirir material sanitario--.

Según detalla la querella, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa EEE y él, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total --915.000 euros--).

La querella señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros

La querella señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo "un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas".

También recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad "muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas".

Además, recibió 250.000 test covid-19, de los que casi una cuarta parte (60.000) eran inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7%), y otra parte importante (115.000) eran, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%).

"Como contrapartida, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares --4,6 millones de euros--, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal", recoge.

Adquisiciones de lujo

Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros y tres relojes Rolex con costes de 6.550 euros, 26.000 euros y 9.900 euros.

De igual modo, el dinero se destinó a la compra de un Aston Martin DB11 (160.000,00 euros); un Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), un Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros); otro Mercedes SCL 300 (54.500 euros); un Range Rover Sport (102.000 euros); un KTM X BOW (91.800 euros); y un BMW I8 Roadster (121.000 euros).

Con excepción del Aston Martin, "estos vehículos fueron facturados a la sociedad de la que Alberto Luceño es administrador y accionista único, y a la que imputó el cobro de las comisiones percibidas por las operaciones de compraventa de material sanitario.

También pagó una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje y un trastero por más de un millón de euros. Y se gastó otro millón de euros en la compra de más vehículos de alta gama como un Lamborghini Huracan Evo Spider y un Porsche Panamera.