La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Alberto Javier Luceño y Luis Ramón Medina Abascal [aristócrata, hijo de Naty Abascal] por las comisiones "elevadas" que percibieron en tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia para la adquisición de mascarillas, guantes y test para la covid. Les acusa concretamente de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

"Con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario (mascarillas, guantes, etc.) fabricado en China", consta en la querella en relación a Luceño. "Ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a
comisiones que los querellados iban a percibir".

El 20 de marzo de 2020, en una situación de rápida evolución de la pandemia y de "extrema carencia de materiales sanitarios", el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la Empresa Pública de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA, por el que esta se comprometía a garantizar el
suministro de material sanitario y de seguridad para el personal del
Ayuntamiento de Madrid, organismos autónomos y empresas dependientes. 

La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue
Luis Medina, aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid. Inmediatamente se le facilitó el nombre de la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos
Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de
Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones", consta en la querella.

Desde ese momento, las negociaciones ulteriores se llevaron a cabo entre la citada funcionaria y Alberto Luceño, según la Fiscalía. Este se presentó como
experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de una empresa
malaya, a través de la cual se iba a realizar la importación.

Consta también en la querella que Luceño indicó que actuaba movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. "En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista", dice la Fiscalía.

Como resultado de las gestiones llevadas a cabo por Alberto Luceño, se
firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios
de Madrid y la compañía malaya para adquirir el siguiente material fabricado en China: 1.000.000 de mascarillas KN95 Graphene Sterilization Antiviral 3D Mask, por un precio total de 6.689.300 de dólares; 2.500.000 guantes de nitrilo, por un precio total de 5.000.000 de dólares; y 250.000 test rápidos para la covid, por un precio total de 4.250.000 dólares.

Estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de
Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. "Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los test) correspondía a
comisiones que los querellados iban a percibir. 

Material caro e inservible

Las operaciones comerciales para el Ayuntamiento de Madrid supusieron 11.914.330 dólares. Destaca la Fiscalía que de los 250.000 test covid-19 suministrados, casi una cuarta parte (60.000) son "inservibles" por su reducido nivel de sensibilidad (66,7 %), y otra parte importante (115.000) son, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80%). 

Según el Ministerio Público, el millón de mascarillas suministradas, a pesar de ser de buena calidad, habría podido adquirirse hasta un 40% más barato. Luceño percibió tres millones de dólares en comisiones por las mascarillas y Medina, un millón. Respecto a los dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo fueron de una calidad muy inferior a la que se le había ofrecido al Ayuntamiento. 

Luceño recibió de la empresa de Malasia un total de 5 millones de dólares, que invirtió en relojes de lujo y siete vehículos de alta gama y una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid), incluido un Aston Martin, facturando los importes a una empresa. 

Por su parte, Luis Medina, que recibió un millón de dólares como comisión, adquirió un yate que puso a nombre de su sociedad gibraltareña.