El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto en el que responde a las autoridades de Suiza que "los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial con base en motivos políticos en la causa de Tsunami Democrátic en la que se investigan delitos de terrorismo". 

Visiblemente contrariado, a tenor del tono empleado en el auto, el juez responde a la Oficina Federal de Justicia helvética, que ha suspendido la comisión rogatoria cursada por García Castellón en la que pedía, entre otras cosas, que se facilitara la localización de Marta Rovira, secretaria general de ERC. 

Los suizos también se niegan a facilitar información sobre una supuesta cuenta bancaria que, según el juez de la Audiencia Nacional,  se habría utilizado para financiar las movilizaciones de protesta de Tsunami Democràtic en 2019 tras la sentencia del procés. Las reservas de la Justicia suiza vienen de lejos, porque considera que los delitos en la investigación de Tsunami no son de terrorismo y sí, de carácter político.

En su auto, el juez considera que es "llamativa" la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democratic y con la investigada Marta Rovira. 

García Castellón recuerda que, en España, así como en las democracias de la UE, la función de los jueces "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" y añade que el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por tanto, no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar.

El auto del juez explica que, desde el mes de noviembre, fecha en la que se cursó la primera comisión rogatoria al país helvético se solicitó también una reunión de coordinación en el marco de Eurojust con carácter urgente con la voluntad de aclarar las cuestiones relativas de auxilio judicial de la Audiencia Nacional, sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades suizas. 

Esta situación, para el juez, resulta particularmente extraña, atendiendo la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos Estados. "Se desconoce la razón por la que no se ha efectuado hasta el momento la reunión solicitada por este instructor, pero debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes", apunta.

El magistrado reitera la necesidad de materializar esa reunión de coordinación y, mientras tanto, responde en su auto a las cuestiones planteadas por las autoridades de Suiza. 

El juez indica que "debe subrayarse en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacción de la petición, pues, de un lado el remitente refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y simultáneamente el remitente se interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminente política ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes". 

Para García Castellón, "semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación. Puesto que se plantea una cuestión que nada tiene que ver con la función de este instructor, la respuesta no puede ser otra que abstenerse de consideración alguna". 

Investigación sobre la filtración

Por otro lado, el juez Manuel García Castellón ha incoado una pieza separada que se tramitará con carácter reservado con el fin de esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria que cursó en el marco del caso Tsunami. 

El magistrado acuerda encargar la investigación a la Guardia Civil en funciones de policía judicial e insta a la unidad investigadora a "eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente de los avances de los de la investigación a este magistrado instructor".